Por Enrico Colombres.

La indiferencia es el peso muerto de la historia.

Antonio Gramsci.

Argentina se acerca a un nuevo proceso electoral a fines de este octubre. Una vez más, los ciudadanos se encontrarán frente a la urna con la responsabilidad de decidir el rumbo del país. Pero esta vez el clima es diferente: las encuestas marcan apatía, bronca contenida y un ausentismo creciente. El voto, que debería ser el símbolo máximo de soberanía, aparece debilitado frente a un electorado cansado y descreído. Cada vez más argentinos se ausentan de las urnas, convencidos de que “nada cambia”, sin advertir que ese vacío fortalece aún más a quienes viven de la política sin rendir cuentas. El voto no puede ser abandono, porque cuando el pueblo se retira, la política se entrega por completo a los intereses de unos pocos.

“Sobre esta base resultaría que la dominación de la clase dominante encuentra expresión en el campo intelectual, pues todo lo que se dice bajo formas teóricas —esto es, como si una verdad estuviera siendo intencionada— referente al derecho, a la política, a la moral, a la religión, al arte, a la educación, a la historia y a la filosofía, no sería en rigor teoría de nada, sino sólo el enmascaramiento de aquella relación de dominación clasista, en la medida en que a la relación de dominación se la hace aparecer concordando con la presunta teoría y como si a ésta una verdad la confirmase en ello. […] Tal sería la ideología por su origen y por su función. La ideología se disfraza con la verdad porque se presenta con su lenguaje y con su actitud intencional, aunque de hecho sólo es la defensa enmascarada de los intereses de la clase dominante en el plano intelectual.”

Carlos Cossio, Ideologías, colaboraciones, gnoseología del error, 1966, p. 76.

Carlos Cossio advertía ya en 1966 que la ideología no es teoría ni verdad, sino un enmascaramiento de los intereses de la clase dominante, disfrazados bajo el lenguaje de las ciencias y de la política. Su diagnóstico sigue teniendo plena vigencia en la Argentina actual: los discursos de campaña, las promesas de cambio y hasta las reformas que se presentan como “técnicas” o “inevitables” no son otra cosa que el ocultamiento de intereses sectoriales, económicos o partidarios que se legitiman como si fueran verdades objetivas. Así, se nos vende el ajuste como necesidad técnica, la privatización como solución mágica o el endeudamiento como única salida, cuando en realidad son decisiones cargadas de ideología, que favorecen a minorías privilegiadas y perjudican al conjunto.

Frente a este disfraz constante, el ciudadano común tiene la obligación cívica de no conformarse con la retórica y de exigir mecanismos concretos: blindaje presupuestario en educación, salud, jubilaciones y discapacidad; referéndums vinculantes para proteger el patrimonio estatal; eliminación de fueros e impunidad política; y organismos de control ciudadano reales. Solo así será posible edificar una base de justicia e igualdad en los aspectos más esenciales de la vida digna en sociedad, y romper con esa falsa conciencia que denunciaba Cossio, donde la ideología pretende hacerse pasar por verdad.

El sufragio debe ser entendido no como un trámite, sino como el inicio de un compromiso civil que trasciende la elección misma. Votar es rebelarse contra la resignación; es ejercer la memoria de las luchas históricas y abrir la posibilidad de un futuro distinto. Recordemos que el voto secreto, universal y obligatorio en Argentina no fue una dádiva, sino una conquista plasmada en la Ley Sáenz Peña de 1912, tras décadas de fraudes y exclusiones. Desde entonces, el sufragio ha sido el instrumento por el cual el pueblo intentó torcer el rumbo del poder. A lo largo del siglo XX, en dictaduras y en democracias restringidas, la ciudadanía luchó por sostener ese derecho. Hoy, paradójicamente, lo descuidamos al transformarlo en un mero acto administrativo, vaciado de sentido por la apatía y la inconcurrencia.

Es necesario recuperar la conciencia de que el voto es apenas el primer paso, pero un paso indispensable. El ciudadano entrega legitimidad a quienes lo representan, pero al mismo tiempo asume la obligación de exigirles responsabilidad, transparencia y capacidad. Durante décadas, la política argentina se nutrió de ese cheque en blanco que se firmaba en cada elección y que luego se convertía en impunidad y privilegios. La indiferencia ciudadana alimentó ese círculo vicioso. Romperlo exige que el sufragio vuelva a ser entendido como compromiso civil, no como una rutina.

La Argentina necesita construir una nueva política ciudadana activa, basada no en promesas efímeras, sino en políticas de Estado claras y blindadas frente a los vaivenes coyunturales. No se trata de slogans de campaña, sino de convenios soberanos estables que fijen objetivos inalterables: educación de calidad, un sistema de salud sólido, jubilaciones dignas, inclusión plena de las personas con discapacidad y blindaje presupuestario en áreas sensibles. El presupuesto para estos derechos debe estar protegido por ley, de modo que ningún gobierno pueda utilizarlo como variable de ajuste. Así como la Constitución de 1853 consagró la propiedad, la seguridad y la igualdad ante la ley como principios básicos, es hora de garantizar con la misma fuerza legal los derechos sociales esenciales.

El blindaje debe ir más allá del presupuesto, pero blindar ese presupuesto es indispensable. Por otro lado, el patrimonio del Estado —que pertenece al conjunto de los argentinos— debe ser protegido de los caprichos de turno. Las experiencias de privatizaciones en la década de 1990 dejaron heridas profundas: empresas públicas vendidas a precio vil, pérdida de soberanía en áreas estratégicas, despidos masivos y deterioro de los servicios básicos. No se trata de negar toda forma de reforma, pero sí de imponer un principio inquebrantable: cualquier venta o privatización de bienes estatales solo podrá realizarse mediante un referéndum vinculante en el marco de elecciones generales. El patrimonio nacional no puede depender de la firma de un ministro ni de la negociación secreta de un presidente con corporaciones extranjeras. Debe ser el pueblo, con su voto, quien decida. Esa es mi propuesta lógica.

Para lograr estos cambios no bastan leyes ordinarias: se necesita una reforma constitucional profunda. La Constitución vigente, nacida en 1853 y reformada en 1994, ha quedado corta frente a las demandas actuales. La reforma del 94 incorporó derechos de tercera generación y reforzó organismos de control, pero también habilitó la reelección presidencial y consagró pactos de poder que hoy muestran su desgaste. Es momento de discutir una nueva arquitectura institucional que blinde presupuestos sociales, que establezca la obligatoriedad de referendos para decisiones estratégicas, que elimine fueros parlamentarios —hoy escudos de impunidad— y que exija formación certificada para quienes aspiren a cargos públicos.

La historia argentina demuestra que cada reforma constitucional estuvo vinculada a grandes transformaciones: en 1860 se adaptó el texto para incorporar a Buenos Aires; en 1949 se introdujeron derechos sociales; en 1957 se restauró parcialmente el texto original, y en 1994 se aggiornó al contexto de globalización y derechos humanos. Hoy el desafío es otro: diseñar un sistema que no dependa del capricho de los dirigentes, sino de un verdadero convenio soberano entre Estado y ciudadanía.

Dentro de ese marco también resulta ineludible una reforma electoral. La apertura a nuevos partidos, la afiliación digital, la conformación virtual de agrupaciones y la transparencia en el financiamiento son medidas que pueden oxigenar la democracia. No podemos seguir en un esquema donde los partidos tradicionales monopolizan el poder y los ciudadanos sienten que su voto es apenas un trámite que no incide en nada. La política debe abrirse, permitir nuevas voces e incorporar a las generaciones más jóvenes mediante herramientas tecnológicas que ya forman parte de su vida cotidiana.

La nueva política ciudadana también exige terminar con la impunidad. Los fueros parlamentarios, concebidos originalmente para proteger la libertad de expresión, se convirtieron en refugio de corruptos. Es necesario limitar esos privilegios únicamente a los presidentes de las cámaras legislativas, al presidente y vicepresidente de la Nación y a los embajadores en funciones. El resto de los representantes debe responder como cualquier ciudadano ante la Justicia. Asimismo, quienes tengan condenas penales firmes por corrupción, delitos contra la administración pública o violencia —en general o de género— deben ser inhabilitados de por vida para ejercer cargos públicos.

Pero ninguna reforma institucional será suficiente si no se acompaña de un cambio cultural profundo. La viveza criolla, el cinismo frente a la corrupción y el fanatismo ciego que convierte a líderes políticos en ídolos intocables son males que degradan la vida democrática. La política no puede seguir reducida a un espectáculo televisivo o a una pelea de tribunas, como si se tratara de un partido de fútbol. Se necesita una reeducación social. La política es el espacio donde se definen los destinos colectivos, y el compromiso civil exige asumir esa responsabilidad.

El ausentismo electoral es un síntoma alarmante. Cada elección reciente muestra un crecimiento en la cantidad de votantes que deciden no presentarse. Este octubre, cada argentino tendrá en sus manos una boleta única; y esa boleta, por más insignificante que parezca, es la herramienta más poderosa que nos queda. No será perfecta, no resolverá de inmediato los problemas estructurales, no detendrá la inflación ni borrará la pobreza de un día para otro. Pero sí puede ser el primer paso hacia la construcción de un nuevo pacto político basado en soberanía, responsabilidad y justicia.

El voto, lejos de ser un trámite, es un acto de memoria y de futuro. Es la afirmación de que no aceptamos la política como está y de que exigimos un país distinto, una política diferente. La cuestión es clara: ¿vamos a seguir entregando el destino nacional a quienes saquean, venden y privatizan sin consultar, o vamos a recuperar el poder soberano para decidir, mediante una Constitución renovada, qué rumbo queremos como pueblo?

Y si no vamos a votar, si elegimos la comodidad del sofá y el cinismo de la queja en redes sociales, entonces que nos quede claro: estamos renunciando a decidir y entregándonos mansamente a los mismos de siempre. No nos quejemos después cuando el país se venda al mejor postor, cuando la política siga siendo un negocio privado y cuando nuestros derechos se vuelvan letra muerta. Porque, en democracia, quien se abstiene no protesta: abdica.

La respuesta está en nuestras manos, en nuestro compromiso civil, en nuestro voto, en nuestra potestad de organizarnos y decir no. Y esta vez, más que nunca, no podemos permitirnos desperdiciarla.

Por Fernando M Crivelli Posse.

La gloria pertenece a los que luchan por la patria, no a los que la abandonan.

Antonio José de Sucre.

La historia demuestra que ninguna ideología basada en el terror, la manipulación o la desinformación se derrota únicamente con procedimientos legales. Las leyes y constituciones son indispensables, pero no sustituyen la conciencia y el compromiso moral de los ciudadanos. Las urnas, sin educación cívica y reflexión, se convierten en ritual vacío; la libertad, sin responsabilidad ni orden, degenera en libertinaje. Frente a doctrinas que hacen del engaño su dogma y de la violencia su motor, la defensa de la nación requiere más que formalismos: exige sacrificio, constancia y una concepción ética capaz de orientar la acción de quienes buscan la justicia y el bien común.

Como advertía Gramsci, el poder no se conquista solo con armas o votos: se construye con hegemonía cultural, penetrando la vida cotidiana, la familia, la escuela y la conciencia colectiva. Ortega y Gasset señalaba que un pueblo resignado a vivir de consignas pierde su capacidad de sostener su propio destino. Esa es la batalla que enfrentamos hoy: recuperar claridad de pensamiento, orden y confianza en nuestra propia fuerza. La defensa de la Patria no es abstracta; requiere comprender la totalidad de los elementos que sostienen su existencia, desde la moral y la educación hasta la economía y los recursos estratégicos que hacen posible la vida y la producción.

El obrero argentino ha sido, a lo largo de la historia, utilizado como bandera por quienes nunca compartieron su realidad. Desde los conflictos sindicales de principios del siglo XX hasta la instrumentalización del sindicalismo bajo el peronismo filomarxista y el falso progresismo de las últimas décadas, muchos trabajadores fueron simbolizados, pero no defendidos. Sin embargo, el trabajador no es patrimonio de nadie: es el corazón de la Nación. Cada jornada, cada esfuerzo silencioso y cada sacrificio construyen más a la Patria que cualquier discurso o promesa incumplida. La grandeza de un país se mide por la dignidad y el compromiso de quienes producen y sostienen la economía, y por la capacidad de los sindicatos de actuar como verdaderos representantes de sus intereses, autónomos, formados y éticamente responsables, evitando que sean cooptados por intereses políticos o corporativos que desvirtúan su función y debilitan la soberanía nacional.

La capacidad del trabajador de generar riqueza está indisolublemente ligada a la organización de la nación. El respeto a su labor no es un eslogan, es justicia y reconocimiento de su papel fundamental. La cultura del trabajo sostiene la economía y garantiza la continuidad del proyecto nacional. Sin embargo, la historia muestra que sectores políticos e ideológicos han intentado instrumentalizar al obrero y al sindicalismo para fines propios, muchas veces en detrimento de su bienestar, del empresario responsable y de la nación misma. La politización extrema de la fuerza laboral ha debilitado la productividad y fragmentado la sociedad, evidenciando que los verdaderos defensores de la Patria no son quienes manipulan al trabajador, sino quienes garantizan su respeto y desarrollo integral.

Así como el esfuerzo del trabajador sostiene la economía cotidiana, la correcta administración de los recursos estratégicos asegura que ese trabajo tenga un futuro seguro. Agua, energía, minerales, bosques, tierras fértiles y petróleo no son simples elementos de explotación: constituyen la base de la soberanía nacional. La debilidad en la gestión de estos recursos genera dependencia extranjera, pérdida de control sobre sectores clave y limita la capacidad del país para garantizar el bienestar de la población. La crisis hídrica en varias provincias argentinas, la falta de inversión en energías eficientes y la explotación minera sin planificación adecuada muestran cómo la negligencia en la administración de estos recursos puede afectar tanto la producción como la vida cotidiana de los ciudadanos.

Si observamos a las sociedades más avanzadas del mundo, veremos un patrón claro: preparación constante, educación de alto nivel, planificación estratégica y control efectivo de sus recursos. Desde Alemania hasta Japón, Estados Unidos y Corea del Sur, el éxito no se mide únicamente por capital acumulado, sino por la formación de sus ciudadanos y mandos, por la disciplina institucional y la visión a largo plazo. Estas naciones invierten décadas en educación, ciencia, innovación, tecnología y gestión de recursos estratégicos, garantizando que cada decisión tenga impacto en la soberanía y el desarrollo sostenible. Argentina ya está funcionando, en términos prácticos, como una colonia económica. Gran parte de su infraestructura productiva, sus recursos naturales estratégicos y sectores clave de la economía dependen de capitales, préstamos y decisiones de actores extranjeros. La falta de planificación, la dependencia tecnológica y la fuga constante de talento y divisas consolidan una situación en la que las políticas nacionales están subordinadas a intereses foráneos, y el país no ejerce plenamente su soberanía sobre su propio desarrollo.

La administración de estos recursos exige también mandos conscientes y responsables. No basta con que existan leyes o decretos: quienes ocupan posiciones estratégicas dentro del Estado, la industria o la gestión pública deben actuar como garantes de la Nación, no como gestores de intereses privados. La eficacia de una política de recursos depende del carácter, la preparación y la ética de quienes la conducen. Mandos indiferentes, improvisados o corruptos pueden convertir la abundancia en ruina, desperdiciando oportunidades históricas e hipotecando el futuro de generaciones enteras. La disciplina, la formación y la visión estratégica de los líderes son tan importantes como la riqueza de los recursos mismos.

El control responsable de los recursos no se limita al ámbito económico; tiene implicaciones políticas, sociales y culturales. La soberanía de un país se mide por su capacidad de decidir sobre lo que es suyo sin depender de concesiones externas o intereses particulares. Esto exige que los mandos de la nación comprendan que su rol no es temporal ni personal, sino un servicio a la comunidad, a la Patria y a las futuras generaciones. Cada decisión, cada política de explotación, conservación o inversión debe evaluarse bajo el prisma del bien común, no de la conveniencia momentánea.

No se trata de elegir entre marxismo o liberalismo salvaje. Ambos caminos han mostrado sus límites: el primero convierte al Estado en un instrumento de control que, bajo la retórica de igualdad, puede socavar la productividad y la autonomía; el segundo expone a la nación a la dependencia externa y la fragmentación económica. El verdadero camino argentino consiste en un pacto patriótico que integre Estado, empresarios nacionales y trabajadores. El Estado debe actuar como árbitro justo, garantizando reglas claras y seguridad jurídica. El empresariado debe invertir con visión, innovación y compromiso con la producción nacional. Los trabajadores, a su vez, deben recibir respeto, salario digno y oportunidades de educación para sus hijos, cimentando la continuidad del país.

Amartya Sen señala que el desarrollo verdadero consiste en ampliar las libertades reales de las personas. Ningún joven argentino debería verse obligado a emigrar porque su país le negó oportunidades. La prosperidad genuina es la que transforma recursos en empleo, tecnología y bienestar, permitiendo que los ciudadanos participen de manera activa en la construcción de la Nación. Esta visión requiere líderes preparados con autoridad moral y ética, y una población consciente de sus deberes y derechos.

El futuro de la Patria depende también de la gestión estratégica de los recursos naturales frente a desafíos globales crecientes. El agua, como ejemplo, se ha convertido en uno de los elementos más codiciados del planeta. Quien controle el agua controla la producción de alimentos, la generación de energía y la salud de la población. No es un recurso pacífico: es un eje estratégico de soberanía. La administración responsable del agua y otros recursos requiere reglas claras, planificación a largo plazo y mandos capaces de tomar decisiones difíciles pero necesarias. El manejo de embalses, ríos compartidos con países vecinos y acuíferos subterráneos exige previsión, inversión tecnológica y liderazgo comprometido. Cada error o concesión irresponsable pone en riesgo tanto la economía como la vida de millones de ciudadanos.

La disciplina, la preparación y el compromiso no son opcionales; son la base de toda política sostenible. La obediencia ciega a intereses privados o extranjeros es traición. La autoridad legítima se sustenta en la fidelidad al pueblo, la Patria y los recursos que sostienen la vida colectiva. Cada decisión sobre concesiones, inversiones o regulaciones debe orientarse a fortalecer la Nación, no a beneficiar a unos pocos. Las autoridades deben ser guardianes del destino de la Patria, con visión estratégica y compromiso ético, asegurando que la riqueza común se traduzca en bienestar y seguridad para todos.

Hoy abundan quienes se presentan como defensores del pueblo mientras hipotecan el futuro con contratos indignos o concesiones irresponsables. El capital extranjero no es en sí un enemigo; lo peligroso son los intermediarios que, sin patriotismo ni ética, entregan nuestros recursos a cambio de beneficios personales. Transformar recursos con capital extranjero, en producción, tecnología, innovación y empleo, dignifica a la población; entregarlos sin control a un modelo extractivista, degrada a la Nación.

El tiempo de los discursos vacíos y las promesas incumplidas ha terminado. Recuperar las fábricas, los campos y los recursos estratégicos no es una opción, sino un deber histórico. La Patria requiere que ciudadanos, empresarios y funcionarios actúen con coraje, orden y visión, consolidando un proyecto nacional que trascienda generaciones.

Nuestro deber es levantar la nación con certeza y decisión, asegurando que las próximas generaciones puedan vivir con dignidad en su propia tierra. La historia nos observa con ojos implacables: no importa si la amenaza proviene de ideologías internas o de actores externos; cualquier nación que encuentre nuestro suelo débil tendrá la oportunidad de imponerse. La ley, la ética y la sabiduría no son meros ideales, sino armas para defender la existencia y dignidad nacionales.

“El futuro no será de quienes se arrodillan ante intereses ajenos o privilegios individuales. Será de quienes, como nuestros héroes, se levantan con disciplina, sacrificio y amor a la Patria, reconstruyendo el país que aún debemos proteger. Ese es el deber de nuestra generación: salvar la Nación a cualquier costo, para que nuestros hijos jamás tengan que marcharse de su tierra.”

Continuará…