por Pablo Neme.
¿Democracia o simulacro? En Tucumán, el sistema de acoples distorsiona la representación y fortalece redes clientelares. Una mirada crítica al funcionamiento real del poder político.
En su último trabajo, Democracia y Estado en América Latina (2023), el politólogo Gerardo Munck plantea una inquietante paradoja: en nuestra región, las instituciones democráticas muchas veces conviven con Estados débiles o capturados por intereses particulares. Tucumán, con su peculiar sistema electoral de acoples, parece ser una radiografía nítida de esa contradicción.
En teoría, el sistema de acoples —una variante local de la ley de lemas— busca ampliar la representación política, permitiendo que múltiples listas apoyen a un mismo candidato principal. En la práctica, ha degenerado en un mecanismo de distorsión democrática. En las elecciones provinciales de 2023, por ejemplo, más de 100 acoples respaldaron a un mismo postulante a gobernador. El resultado: boletas infinitas, confusión en el electorado y una estructura que premia la capacidad de sumar punteros más que ideas.
Este mecanismo, implementado formalmente en Tucumán en 2006, fue presentado como una herramienta para garantizar mayor pluralismo. Sin embargo, su desarrollo posterior mostró que operaba como una forma de sostener liderazgos provinciales concentrando apoyos territoriales sin necesidad de competencia interna. La falta de PASO provinciales reforzó este diseño, que lejos de democratizar, permitió la proliferación de acoples funcionales al poder central.
Esta lógica de fragmentación controlada alimenta redes clientelares que se reparten cargos, recursos y favores. Como advierte Munck, una democracia sin un Estado que funcione para todos tiende a vaciarse de contenido. En Tucumán, el aparato estatal se convierte, así, en un botín. Legisladores elegidos por acoples terminan respondiendo más a compromisos previos con sus jefes territoriales que a las demandas de la ciudadanía.
Un ejemplo paradigmático de esta lógica fue la elección de 2019, donde un legislador accedió a su banca con menos del 1% de los votos gracias a un acople que respondía a un intendente del interior. Ese legislador jamás debatió en campaña ni fue parte de una plataforma pública: su lealtad estaba garantizada por otro circuito de poder.
El resultado es un sistema que premia la lealtad vertical y la intermediación política, y que excluye a los sectores no alineados. Muchos tucumanos acceden al Estado —a un empleo, un plan, un trámite— sólo si están dentro de la red. Afuera, queda el ciudadano sin padrino, sin “puntero”, sin voz.
Más preocupante aún: esta arquitectura electoral erosiona la rendición de cuentas. ¿A quién responsabiliza el votante si un legislador que llegó por un acople responde a un líder que no figuraba en su boleta? ¿Cómo exigir transparencia en un sistema diseñado para diluirla?
Munck afirma que fortalecer la democracia en América Latina requiere más que votar. Se necesita reconstruir un Estado que funcione con reglas claras, que garantice derechos, que no sea un simple escenario para disputas de poder. Tucumán, con su modelo de acoples, se convierte en un laboratorio de lo contrario: una democracia atrapada en sus propias trampas.
Frente a este escenario, los debates sobre reforma política en la provincia siguen siendo marginales o captados por los propios beneficiarios del sistema. Limitar la cantidad de acoples, implementar internas abiertas o introducir mecanismos de representación directa son medidas que han sido esbozadas, pero sistemáticamente postergadas.
La discusión no es meramente técnica. Es profundamente política. Reformar el sistema electoral, limitar los acoples, transparentar el funcionamiento del Estado: todo esto es parte de una agenda urgente si queremos que la democracia en Tucumán deje de ser una promesa vacía y empiece a ser una práctica real.