por Manuel Romani.
Ayer, el silencio cotidiano de Juan Bautista Alberdi —el departamento tucumano que lleva el nombre del prócer— se fracturó por el estruendo mediático y judicial que estalló tras conocerse la figura de Roque “Chipi” Giménez. Su nombre, hasta entonces ligado a obras públicas —la sala velatoria, la refacción del mercado municipal o del centro cultural local—, se transformó en sinónimo de un escándalo que sacude los cimientos del municipio.
La filtración de un audio el 5 de junio reveló una conversación inquietante entre Giménez y el intendente Luis “Pato” Campos. En ella, Giménez sugiere que ambos se atribuyan el control de la policía, el poder drogadicto y la violencia local, con amenazas explícitas y referencias al narcotráfico. El revuelo fue inmediato: el gobierno provincial intervino el municipio el 9 de junio, y el jueves, Giménez quedó imputado por intimidación pública y atentado al orden, con prisión preventiva por seis meses.
La Fiscalía, representada por Bernardo Sassi, argumentó riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación, subrayando la gravedad del entramado que surgía del diálogo. Por su parte, el gobernador Osvaldo Jaldo advirtió que ni Alberdi ni ningún otro municipio tolerará vínculos con el narcotráfico, y prometió ir “hasta las últimas consecuencias”.
Este fenómeno no es del todo nuevo para la comunidad de Alberdi. Giménez, de 39 años, se había ganado el apodo de “el Lázaro Báez del sur tucumano” por su estrecha relación con el poder local y su empresa Giménez Group. Las obras a las que accedió —valoradas en decenas de millones de pesos— despertaron recelo: una sala velatoria para sectores vulnerables y el mercado municipal, cuya obra quedó interrumpida por falta de fondos provinciales. Su ascenso económico, sin raíces claras en una trayectoria empresarial, generó suspicacias: “¿De dónde sacó 16 millones para herramientas?”, se preguntaba una vecina. La comunidad, sorprendida, trata ahora de procesar un escenario previo de calma institucional que, según voces locales, escondía relaciones turbias y una red de intereses cruzados.
El intendente Campos, en tanto, queda en el ojo del huracán político y mediático. La filtración lo muestra dispuesto a compartir el control del aparato policial y la gestión local en términos que rozan lo mafioso. Incluso publicó un segundo audio, con el mismo tono intimidatorio: un intento de reafirmar poder, aseguran desde su entorno.
Mientras tanto, Alberdi está intervenido. El accionar del gobierno provincial se combina con operativos policiales ligados a decomisos de droga, como el hallazgo reciente de un “pan de cocaína”, en el que Jaldo advirtió que quienes se sientan “molestos” por la intervención son parte del problema.
¿Por qué este caso importa más allá de una pelea política local? Porque retrata la fragilidad institucional que persiste en municipios provinciales: la connivencia entre funcionarios y operadores, algo que pasa desapercibido hasta que una filtración lo pone en evidencia. Es el mismo mecanismo de poder informal, teñido de violencia simbólica, control e impunidad, que se replica en distintos puntos del país.
También porque expone un patrón que ya empieza a alertar a la Justicia federal: el vínculo entre el control territorial y el negocio ilícito. El uso de la grabación como prueba y su difusión pública indican que no solo hay sospecha: hay conflicto, resistencia política y una judicialización creciente.
Alberdi, por ahora, resuena con un ruido que pocos esperaban. El municipio, que alberga unos 28.000 habitantes en 730 km², ha pasado de ser un punto provincial más a centro de un proceso de investigación y presión institucional con consecuencias concretas: intendente cuestionado, operador preso y el primer filtro de una justicia invocada casi a contrarreloj.
En los próximos días, la audiencia de formulación de cargos será una vidriera clave. Se evaluará si Giménez mejora las condiciones de su arresto —¿domiciliaria o preventiva?— y hasta qué punto el hilo entre política y narcotráfico es apenas una sospecha o una trama estructural.
La pregunta que queda en el aire es si, tras la intervención y la imputación, habrá voluntad de reconstruir la institucionalidad local. ¿Podrá Alberdi encontrar un camino fuera de los escándalos, o estas internas indican que la metamorfosis no es solo personal, sino estructural? ¿Se viene un cambio real o simplemente el paso de una generación a otra?
Este sábado, al amanecer, Alberdi se despierta distinto. Ya no es solo un pueblo más del sur tucumano. Ahora es un lugar marcado por una crisis que sacude su historia y condiciona su futuro. Mientras lo observa el resto de la provincia, hay quienes se preguntan si este caso será un punto de inflexión o apenas otra anécdota en un sistema político que, en muchas ciudades —pequeñas o grandes—, sigue alimentando sus brazos más oscuros.