Por Enrico Colombres.

El Congreso argentino volvió a exhibirse como escenario de una contradicción insoportable, una especie de teatro donde la política se mostró en carne viva, sin maquillaje ni discursos técnicos que la disimulen. Lo que ocurrió en la última sesión de Diputados no fue solo una votación más, fue un espejo brutal de la sociedad argentina y de la forma en que tratamos a quienes más necesitan del Estado. En nombre de la disciplina fiscal y la conveniencia partidaria se reconocieron algunos derechos, mientras se negaron otros con la misma facilidad con que se aprieta un botón en el recinto.

La Cámara Baja rechazó el veto presidencial a la ley que declaraba la emergencia en discapacidad. El resultado fue contundente y, por un instante, pareció que la política podía correrse de las planillas de cálculo para poner la mirada en las vidas concretas. Familias enteras que conviven con la incertidumbre diaria de si podrán acceder a terapias, medicamentos o asistencia sintieron que, al menos por ese momento, el Congreso los había escuchado. La emoción de esa victoria mínima no puede subestimarse, porque significó aire en medio de la asfixia inflacionaria.

Sin embargo, el mismo Congreso que celebraba esa decisión fue el que unas horas después ratificó el veto al aumento de las jubilaciones. Lo que para las personas con discapacidad fue justicia mínima, para los jubilados se transformó en la confirmación de que su destino seguirá siendo la resignación, la pobreza y el abandono. Allí quedó expuesta la contradicción más obscena, la política puede levantar la voz para defender a un sector y, sin ruborizarse, dar la espalda a otro igual de vulnerable. Esa doble moral quedó marcada como una cicatriz.

La justificación del gobierno fue la de siempre, la idea de que no hay recursos y que cualquier gasto social amenaza la estabilidad fiscal. Esa explicación, que tal vez convenza a los técnicos, se vuelve cínica cuando se la enfrenta a la realidad de un jubilado que cobra la mínima y debe elegir entre comprar comida o medicamentos. Nadie se atreve a discutir los privilegios de corporaciones, jueces o sectores con poder económico, pero al abuelo que trabajó cuarenta años se lo ajusta sin pudor. Esa no es una política de Estado, es crueldad institucional.

Los defensores del veto al aumento previsional lo presentan como un gesto de responsabilidad, pero la pregunta es inevitable, qué clase de responsabilidad exige que sean los más débiles los que paguen el costo de sostener las cuentas públicas. Qué sentido tiene un equilibrio fiscal que se construye a partir de la renuncia de millones de jubilados a vivir con dignidad. Hay una línea muy clara entre la prudencia y la indiferencia, y el Congreso la cruzó con absoluta frialdad.

Esto no es nuevo en la historia argentina. La Ley de Jubilaciones de 1968, reemplazada en 1993 por la actual Ley 24.241, ha sido reformada en múltiples ocasiones, casi siempre para ajustar números en lugar de mejorar derechos. La fórmula de movilidad jubilatoria, que debería proteger los haberes frente a la inflación, ha sido modificada al menos cinco veces en dos décadas, siempre obedeciendo a la urgencia del gobierno de turno, nunca a una verdadera política de Estado. El resultado es que los jubilados viven en permanente incertidumbre, sin saber si su ingreso alcanzará para lo básico o será otra vez pulverizado por la inflación.

Con la discapacidad ocurre algo similar. La Ley 22.431 de 1981 instauró un sistema de protección integral, más tarde reforzado por la incorporación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en 2008 y su jerarquía constitucional en 2014. Sobre el papel los derechos están reconocidos, pero en la vida real las pensiones no contributivas se vuelven simbólicas frente a la inflación y los trámites se transforman en un vía crucis burocrático. En la práctica, la inclusión se convierte en un discurso vacío.

El problema de fondo es que en Argentina los derechos no están garantizados como tales, se transformaron en favores que la política concede o niega según la coyuntura. La emergencia en discapacidad se aprobó esta vez porque hubo votos suficientes, pero mañana puede caer bajo otro veto. Los jubilados fueron descartados sin titubeos y en pocos días ese golpe quedará sepultado bajo la agenda mediática. La fragilidad es tal que los sectores más necesitados viven a merced del humor del poder de turno.

Y aquí aparece la verdad incómoda, no alcanza con señalar la responsabilidad de los diputados o del presidente, la sociedad también carga con parte de la culpa. Porque si los jubilados y las personas con discapacidad siguen siendo relegados sistemáticamente es porque como ciudadanos lo permitimos. Nos indignamos en redes sociales, maldecimos desde la mesa familiar, pero al final seguimos votando a quienes administran la crueldad como si fuera una política pública legítima. Esa pasividad es complicidad y tarde o temprano nos alcanza a todos.

La política del presidente no es un secreto, siempre dijo que su plan era el ajuste brutal, que para él el Estado debía achicarse a cualquier costo. Lo sorprendente no es que lo ejecute, sino que todavía encuentre apoyo en parte del electorado mientras las penurias se multiplican. Defender un dogma económico por encima de la vida de los jubilados y discapacitados no es firmeza, es fanatismo. Y el fanatismo, en política, termina siendo tan destructivo como la corrupción.

El Congreso falló, el gobierno falló, pero la sociedad también falla cuando vota sin memoria ni exigencia. No sirve quejarse de los políticos si cada dos años entregamos nuestro voto a los mismos que usan a los más débiles como variable de ajuste. Un pueblo que se resigna a esa lógica no puede esperar un destino distinto al de la decadencia moral.

Argentina no puede seguir construyendo su futuro sobre la humillación de los frágiles. Ningún superávit vale la pena si el precio es empujar al hambre a quienes ya no tienen fuerza para pelear. Ningún relato de libertad se sostiene cuando significa libertad solo para los más fuertes. Si queremos una sociedad decente, debemos reclamar un mecanismo automático y estable que blinde los ingresos de jubilados y discapacitados frente a la inflación. De lo contrario, su dignidad seguirá dependiendo de la buena voluntad de un presidente o de una negociación de lobby en el Congreso.

Lo que ocurrió en Diputados no es solo un capítulo más en la historia política, es un mensaje claro sobre lo que estamos dispuestos a tolerar como comunidad. Y la pregunta final no admite evasivas, queremos un país que cuide a quienes más lo necesitan o vamos a seguir aceptando que su dignidad se use como moneda de cambio. Si elegimos lo segundo, entonces no nos sorprendamos de que el futuro nos devuelva una sociedad cada vez más rota, más injusta y más cínica.

El resultado de la votación quedará anotado en las crónicas legislativas, pero el verdadero juicio no está en los diarios, está en cada ciudadano que sigue eligiendo a quienes los condenan. Porque al final todo se resume en una verdad incómoda, si votás ajuste, votás hambre.