Por Carlos Segura & Manuel M. Novillo.

La preocupación por quiénes ejercen el poder y en nombre de quién lo hacen ha ocupado siempre un lugar central en el pensamiento político. Desde Aristóteles y Santo Tomás de Aquino hasta Madison y Sieyès, pasando por Maquiavelo, Hobbes y Rousseau, muchos pensadores reflexionaron una y otra vez sobre el poder, su legitimidad y los mecanismos para ejercerlo.

La democracia ateniense, la monarquía absoluta, la monarquía parlamentaria y otros sistemas tuvieron como eje justificar la legitimidad de los gobernantes y precisar en nombre de quién gobernaban. En la antigüedad, los ciudadanos gobernaban para sus pares; en la monarquía, los reyes absolutos lo hacían en nombre de Dios para sus súbditos; y con el surgimiento de los parlamentos, la autoridad se ejercía en nombre del pueblo y del monarca.

Hoy, las democracias liberales fundan la legitimidad de su sistema representativo en la creencia de que el pueblo participa de los actos de gobierno, aunque sea de manera indirecta, a través de los representantes elegidos para cumplir con esas responsabilidades. La vigencia de nuestro sistema político descansa, en definitiva, en una ficción compartida —consciente o no—: que los representantes elegidos democráticamente gobernarán en nuestro nombre, considerando nuestros intereses y los de la comunidad en general.

Existe consenso en ciencia política en que, en el ideal, un buen representante orienta sus decisiones al beneficio de la ciudadanía, combina sensibilidad social con juicio autónomo, rinde cuentas de sus actos, escucha a los sectores diversos y, en especial, a los más desfavorecidos. Su legitimidad se refuerza con empatía y responsabilidad, consolidando la confianza de la sociedad en las instituciones democráticas.

Pero en los hechos, los representantes gozan de un margen amplio para interpretar cómo representar los intereses del pueblo. Dicho de otro modo: lo que debería ser una regla de conducta es, en la práctica, una opción que los políticos eligen asumir o no mientras ejercen el cargo. Algunos hablan de crisis de representación; pero ya Joseph Schumpeter, desde los años 40, advertía que lo esencial en la democracia era autorizar a un gobernante a ejercer liderazgo. Lo que luego hiciera con ese poder dependía de él. Eso sí: Schumpeter también señalaba que, en la medida en que los gobernantes tomaran en cuenta lo que los representados querían —o al menos simularan hacerlo—, podrían conservar sus cargos. De lo contrario, corrían el riesgo de ser desplazados.

Un representante que, por convicción o conveniencia, intente cumplir con esas expectativas contribuye a fortalecer un sistema democrático que rinde cuentas y que mantiene cierta cercanía con la ciudadanía. Esa es la base que sostiene la ficción útil de que los gobernantes actúan en beneficio nuestro, y por la cual la democracia sigue siendo preferible a la dictadura, donde nadie necesita nuestro consentimiento para ejercer el poder.

Tucumán y las candidaturas testimoniales

A pesar de lo que muchos politólogos sostienen, la democracia argentina no está en tan mal estado. A nivel nacional hay disputa, alternancia y rendición de cuentas: en las últimas tres elecciones presidenciales, oficialismos que defraudaron a los electores fueron desplazados por la oposición.

Tucumán, sin embargo, es un caso más problemático. Este año, en elecciones nacionales sin el insostenible sistema de acoples, el oficialismo provincial manchó el sistema representativo. El candidato a diputado nacional por el peronismo tucumano unido es nada menos que Osvaldo Jaldo, actual gobernador. Su candidatura es abiertamente testimonial: encabeza la lista más fuerte, lo que garantiza que obtendrá una banca, pero es evidente que no asumirá y dejará su lugar al siguiente.

No es un fenómeno nuevo ni exclusivo. Germán Alfaro, entonces intendente de San Miguel de Tucumán, fue candidato a senador en 2021, ganó la banca pero no asumió: la ocupa desde entonces su esposa, Beatriz Ávila.

La lógica de estas candidaturas es sencilla: los ejecutivos —gobernadores e intendentes— suelen ser figuras populares, con recursos y exposición. Usan esa popularidad para presentarse a cargos legislativos, no para ejercerlos, sino para mostrar fortaleza política y preparar futuras contiendas ejecutivas. Este es, sin dudas, el caso de Jaldo.

La estafa de la testimonial

La candidatura testimonial de Jaldo no solo incumple con las buenas prácticas que esperamos de un representante: también erosiona la ficción central que sostiene la democracia moderna y, en Tucumán, socava aún más una credibilidad institucional ya debilitada.

El gobernador ni siquiera se esfuerza en simular compromiso con la representación. Se postula a un cargo que no piensa ejercer. Es, en esencia, una estafa: se apropia de un acto representativo para no representar a nadie, sino para reforzar un esquema corporativo que, desde hace décadas, ahoga la vida democrática provincial.

Además, utiliza abiertamente el aparato del Estado y recursos públicos para condicionar el voto de los sectores más vulnerables, subestimando su ciudadanía política. Aunque los tucumanos ya no esperamos demasiado de nuestras instituciones, corresponde señalarlo con claridad.

Lo que Jaldo pone en juego no es la representación del ciudadano común, sino su propia permanencia y la defensa de intereses corporativos. Su candidatura no es un servicio al electorado, sino un acto de autopreservación política.

Una pequeña buena noticia

Paradójicamente, que el propio gobernador sea el candidato podría ser síntoma de que al oficialismo le cuesta cada vez más sostener su popularidad. Todos recordamos que la elección de 2023, en la que Jaldo fue electo, fue la más mercantilizada y cara de la historia tucumana, superando incluso la de 2015.

Que el peronismo unido no tenga otro candidato más que un político veterano, hábil y conectado con los tiempos pero con un futuro acotado, puede indicar que algo comienza a agotarse en el electorado.

La democracia funciona sobre consensos frágiles: hacemos como si nos autogobernáramos y como si decidiéramos las políticas públicas, cuando en realidad lo que hacemos es autorizar a personas a gobernar. Pero cuando esos dirigentes ya no tienen ideas ni candidatos viables, y ni siquiera quieren asumir los cargos para los que se postulan, lo que se quiebra no es solo nuestra ficción democrática: quizás también su propio poder.