Por Rodrigo Fernando Soriano.

La mentira no se define por la ausencia de verdad. Ni mucho menos por lo contrario a la verdad. Es un fenómeno más enrevesado de lo que parece. Platón en “La República” nos enseñaba que la mentira adquiere una dimensión compleja y multifacética: Por un lado la “mentira verdadera” o falsedad genuina por ignorancia; y por otro la “mentira verbal” que podía llegar hasta ser justificada. A esta última también la llamó la “mentira noble” (gennaion pseudos), que la usaban los gobernantes para mantener el orden social. Tal es así que supimos tener un presidente que admitió que usó la mentira para ser elegido cuando sostuvo que si revelaba la verdad de su gestión nunca podría haber tenido éxito en las urnas.

Lo cierto es que la mentira destruye la base misma de la confianza que hace posible la convivencia humana según Kant. Por su parte, Hannah Arendt en sus obras imprimía una frase célebre por cuanto indicaba que el poder es la esencia de todo gobierno, pero la violencia lo corrompe y lo destruye, y para lograr ese cometido, convenía transformar la realidad para reemplazarla a gusto. Lograr para beneficio del poderoso una realidad alternativa sostenida sistemáticamente. 

De aquí la famosa frase “miente que algo quedará”, que se conecta con el principio de propaganda nazi, Joseph Goebbels que decía “Una mentira repetida mil veces se convierte en verdad”. Este no era sólo un método, sino una estrategia para colonizar la memoria colectiva, aprovechando una debilidad psicológica conocida: la mente humana tiende a creer aquello que ha escuchado muchas veces, aunque no tenga evidencia para respaldarlo.

La verdad es aburrida, y hace que la mentira se vuelva más potente porque moldea las emociones de quien la recibe y logra sastisfacer prejuicios, deseos, o lo que los neurocientíficos llamaron: el sesgo de confirmación. Paul Ricoeur lo planteaba como una “imaginación al servicio de la manipulación”, en la que el relato falso se incrusta en la identidad de quien lo cree. 

En la política, y en la era digital, la mentira encontró su lugar de manera rápida e imbatible. Ni siquiera desmentir casi instantáneamente sirve para frenar sus efectos, sino que con sólo generar la duda es suficiente. Porque no sólo se debe imponer una mentira, sino debilitar el suelo común de certezas que nos permite dialogar. 

Nos encontramos próximos a una época electoral. Pero esta será una distinta: No se debatirá si es moralmente admisible que un candidato preste movilidad para que su electorado lo apoye en las urnas. No habrá fraude físico adulterando urnas, ni sustraer boletas para encadenar votos. Ahora cabe solamente con una imagen o un video para lograr el triunfo. Mentir se convirtió en una tarea aún más fácil ya que sólo basta romper la confianza. 

En la última elección en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, circularon videos que imitaban a Mauricio Macri y Silvia Lospennato llamando a votar por un candidato específico de otro partido. El resultado: ese candidato ganó. También, Rodrigo De Loredo (diputado cordobés) difundió un video manipulado con IA en el que el gobernador Martín Llaryora pronunciaba un discurso inexistente. La pregunta es una sóla: cuánto influyó en la sociedad estos videos. 

Este nuevo escenario erosiona el núcleo de un derecho que la Constitución argentina -art. 37- y los tratados internacionales -artículo 23.b de la CADH y 25.b del PIDCP- colocan en el centro de la democracia: el sufragio libre e informado. El elector tiene derecho a formarse una convicción política sin ser manipulado. Si en el pasado adulterar boletas o coaccionar físicamente al votante era fraude, hoy lo es alterar digitalmente la realidad para inducirlo al error. 

Y aquí aparece el “dividendo del mentiroso”, esa perversidad de nuestra época: la sola existencia de deepfakes siembra la duda universal. La ciudadanía empieza a desconfiar no sólo de lo falso, sino de lo verdadero. La prueba audiovisual pierde fuerza probatoria y, con ella, la capacidad de exigir responsabilidad política. Un candidato atrapado en un acto comprometedor puede refugiarse en un simple “es un montaje digital” y escapar indemne. 

En este contexto, la inacción estatal no es neutralidad: es abdicación. La Cámara Nacional Electoral ya lo advirtió en fallos recientes: la manipulación informativa en campaña puede violar el derecho de participación política y afectar la integridad del proceso electoral. Las obligaciones internacionales de la Argentina -art. 1.1 de la CADH y art. 2 del PIDCP- no dejan margen para la pasividad: prevenir, investigar, sancionar y reparar son verbos de cumplimiento inmediato. 

Otros países se esforzaron para evitar los efectos perjudiciales de las deepfakes electorales. Francia, desde 2018, cuenta con un procedimiento exprés durante la campaña para retirar información falsa susceptible de alterar el voto, limitado a afirmaciones incorrectas y excluyendo sátira o opinión. La idea: frenar la mentira sin matar el debate. En paralelo, la cooperación con plataformas digitales es clave: canales de contacto directo con la autoridad electoral, plazos de remoción casi inmediatos, etiquetado obligatorio de contenido generado por IA, y, en casos de injerencia extranjera, bloqueos geográficos proporcionados.

Pero ninguna regulación sustituye la educación cívica. Un votante que reconoce un deepfake antes de compartirlo es un muro que la mentira no puede atravesar. La alfabetización mediática -desde la escuela hasta la campaña pública- es la única vacuna que funciona antes del contagio. Razonar ante la información es primordial. Medir los efectos de cada acción digital resulta crucial. Como señala la UNESCO, una comunidad informada es una comunidad resistente.

La neurociencia advierte que, incluso cuando el cerebro sabe que algo es falso, la exposición repetida deja huellas emocionales y altera la percepción. El psicoanálisis habla de un “extrañamiento de sí” cuando la voz o el rostro de uno son manipulados sin consentimiento. El derecho, entonces, no sólo debe proteger el voto: debe reconocer que estas prácticas hieren la identidad misma de las personas involucradas. 

Si la inteligencia artificial puede multiplicar la falsedad, las instituciones deben multiplicar las garantías. Porque cuando un pueblo ya no sabe a quién creerle, ya no sólo le han robado el voto: le han robado la voz, la confianza y, con ellas, la esencia misma de su soberanía. 

En la era de las deepfakes, el fraude electoral ya no se comete en la urna, sino en la mente. El voto sigue siendo secreto, pero la voluntad que lo impulsa puede ser moldeada sin que lo notemos. Si la inteligencia artificial puede multiplicar la mentira, nuestras instituciones tienen la obligación de multiplicar las garantías. Porque cuando un pueblo ya no sabe a quién creerle, ya no sólo le han robado el voto: le han robado la voz.