Por María José Mazzocato.

Incluso en los tiempos más oscuros tenemos el derecho a esperar una cierta iluminación.

Hannah Arendt.

Desde el 7 de octubre de 2025, fecha que coincide con los dos años del ataque de Hamás a territorio israelí, el mundo asiste a un nuevo intento de tregua entre enemigos irreconciliables. Israel y Hamás, con mediación de Estados Unidos, Qatar, Egipto y Turquía, firmaron la primera fase de un acuerdo de paz que promete el fin de las hostilidades, el intercambio de prisioneros y una hoja de ruta hacia la reconstrucción de Gaza. Sobre el papel, es un avance histórico. En la práctica, un tablero de poder tan frágil como explosivo.

El acuerdo —anunciado el 8 de octubre y ratificado por el gabinete israelí al día siguiente— prevé un alto el fuego inmediato, la liberación de unos 1.700 prisioneros palestinos a cambio de los rehenes israelíes aún en manos de Hamás y la retirada gradual de las tropas de Israel hacia una línea fronteriza acordada. Washington se posiciona como garante simbólico, mientras los mediadores árabes se comprometen a supervisar la entrega de ayuda humanitaria y el inicio de la reconstrucción. Pero nadie ignora que los acuerdos en Oriente Medio siempre se escriben entre falsedades y con tinta de pólvora.

Porque la paz, en esta región, nunca es solo el final de una guerra; siempre suele ser el inicio de otra disputa. Cada tregua reconfigura el mapa de poder entre facciones palestinas, entre partidos israelíes y entre las potencias que compiten por influencia. Por eso, más allá del cese del fuego, lo que se juega es quién controlará el futuro de Gaza, qué papel tendrá la Autoridad Palestina y hasta qué punto Estados Unidos y sus aliados usarán este proceso como plataforma geopolítica en medio de un mundo multipolar en ebullición.

Donald Trump —de vuelta en la Casa Blanca— presentó este plan como el “camino definitivo” hacia una solución duradera. Su gobierno actúa como arquitecto y árbitro, pero también como actor interesado, en busca de recuperar protagonismo global, contener la influencia iraní y proyectar liderazgo en un escenario donde China y Rusia ganan terreno diplomático. Para Washington, el acuerdo no es solo humanitario: es estratégico. Garantizar estabilidad en Gaza significa también asegurar rutas energéticas, controlar el flujo migratorio hacia Europa y reconstruir su poder de mediación en la región.

Del lado israelí, el primer ministro Benjamín Netanyahu se mueve sobre un campo minado político. Su coalición de extrema derecha amenaza con fracturarse si la liberación de presos se percibe como una concesión. Ministros como Itamar Ben-Gvir y Bezalel Smotrich rechazan cualquier trato que deje viva la estructura de Hamás. Netanyahu, sin embargo, necesita resultados urgentes: su imagen se erosiona por las protestas internas, los juicios por corrupción y la presión internacional que exige un cese definitivo de los bombardeos. La tregua es, para él, tanto una necesidad política como un riesgo mortal.

En el campo palestino, la fragmentación persiste. La Autoridad Palestina, con base en Cisjordania, mira con recelo el protagonismo de Hamás en las negociaciones. Si el acuerdo consolida el control de la organización sobre Gaza, se profundizará la división que hace años impide un frente unificado. Sin unidad política, hablar de un Estado palestino sigue siendo una aspiración abstracta. Los mediadores lo saben muy bien: el Estado palestino solo será posible si surge una administración legítima, capaz de integrar a Fatah, Hamás y los sectores civiles que hoy sobreviven entre ruinas.

Pero Gaza no necesita solo legitimidad: necesita reconstrucción. Las estimaciones hablan de más de 50.000 viviendas destruidas y un sistema sanitario colapsado; se necesitarían más de 30 años para la reconstrucción de una ciudad entera, y ni hablar del costo económico. La comunidad internacional promete millones en ayuda, pero esos fondos llegarán con condiciones que, en algunos casos, se consideran extremas, ya que exigen supervisión externa, transparencia financiera y reformas institucionales. En otras palabras, quien financie la reconstrucción controlará buena parte del destino político del territorio. Así, la paz se transforma también en un negocio de contratos, influencia, concesiones energéticas y presencia militar bajo el disfraz de cooperación.

¿Y Palestina? ¿Podrá finalmente tener un Estado soberano?

Las señales son ambiguas. El texto del acuerdo no menciona explícitamente la creación de un Estado palestino, aunque deja abierta la puerta a un “mecanismo de gobernanza transicional” que podría evolucionar hacia una entidad autónoma reconocida internacionalmente. Para muchos analistas, se trata de una fórmula ambigua que busca ganar tiempo y calmar presiones sin resolver lo esencial: la autodeterminación del pueblo palestino.

El dilema es histórico. Israel no confía en que un Estado palestino garantice su seguridad; Hamás no acepta coexistir con Israel en condiciones de subordinación. Y la comunidad internacional, entre el pragmatismo y la fatiga, prefiere un armisticio imperfecto antes que una guerra sin fin. Por eso, este acuerdo es tanto un paso hacia la paz como una pausa en la guerra. Su éxito dependerá de que las partes cumplan no solo las cláusulas militares, sino las políticas: desarme real, elecciones transparentes, reconstrucción efectiva y control civil del territorio.

Aun así, la pregunta persiste —al menos para mí—: ¿será esta vez diferente?

Los antecedentes no invitan al optimismo. La historia reciente de Gaza está plagada de acuerdos rotos y promesas deshechas. Pero incluso en esa larga noche de conflictos, esta tregua contiene una posibilidad. Una paz incierta, sí, pero posible. Y a veces, en el laberinto del poder, lo posible —aunque precario— es el único punto de partida para imaginar un futuro mejor.