Por Enrico Colombres.

“La mayor felicidad del mayor número es el fundamento de la moral y de la legislación.”   Jeremy Bentham

Hay algo profundamente extraño —y por eso mismo valioso— en lo que acaba de ocurrir en Italia. Mientras buena parte del mundo occidental discute reformas estructurales entre tecnicismos, acuerdos parlamentarios y negociaciones de élite, los italianos hicieron algo más simple y, a la vez, más radical: decidieron directamente.

El llamado “referéndum italiano 2026” no fue un mero trámite institucional. Fue un referéndum constitucional confirmatorio, una herramienta prevista en el sistema jurídico italiano que permite que una reforma aprobada por el Parlamento sea sometida al veredicto del pueblo. Es, en esencia, un mecanismo donde la democracia representativa se somete a la democracia directa. Donde la política, por un momento, deja de hablar en nombre del pueblo y lo obliga a hablar por sí mismo.

La reforma impulsada por el gobierno de Giorgia Meloni buscaba modificar el corazón del sistema judicial: separar las carreras de jueces y fiscales, dividir el órgano de gobierno de la magistratura y reconfigurar los mecanismos de control interno. Para el oficialismo, se trataba de modernizar y despolitizar la justicia. Para sus detractores, era una puerta peligrosa hacia la subordinación del poder judicial.

Pero lo verdaderamente relevante no es el contenido —complejo, técnico, discutible— sino el procedimiento: se consultó al pueblo.

Y el pueblo respondió.

Con una participación significativa, la mayoría votó en contra. No a la reforma. No al impulso del gobierno. No a una modificación estructural del equilibrio de poderes. Fue, en los hechos, un límite. Un freno. Un recordatorio de que incluso los gobiernos fuertes tienen un techo cuando la ciudadanía decide intervenir.

Ahí aparece la primera enseñanza inusual para países como Argentina: ¿cuándo fue la última vez que una decisión estructural fue puesta realmente en manos de la gente?

Porque en la Argentina hablamos de democracia con una liviandad que roza la ficción. Elegimos representantes cada cuatro años, sí. Pero entre elección y elección, el poder se ejerce con una discrecionalidad que muchas veces desborda cualquier control real. Reformas previsionales, endeudamiento masivo, privatizaciones, reconfiguraciones del Estado… todo pasa por el tamiz de mayorías circunstanciales en el Congreso o, peor aún, por decretos.

El referéndum, en cambio, introduce algo disruptivo: la obligación de validar las decisiones trascendentales.

No es un mecanismo perfecto. Ninguno lo es. Pero funciona como un contrapeso real. Obliga a explicar, a persuadir, a exponer. Y, sobre todo, le devuelve al ciudadano una cuota de poder que en los sistemas representativos tiende a diluirse.

Italia lo entendió. Y lo aplicó.

Pero hay otro dato que revela una dimensión aún más compleja —y, si se quiere, más sugerente— del fenómeno: el comportamiento del voto fuera de Europa.

Mientras en Italia y en gran parte del continente europeo predominó el rechazo a la reforma, en América Latina ocurrió lo contrario. Los italianos residentes en países como Argentina, Brasil o Uruguay votaron mayoritariamente a favor del “Sí”. Es decir, apoyaron una reforma que sus compatriotas en el territorio nacional decidieron frenar.

¿Qué explica esa diferencia?

No alcanza con decir que hay contextos distintos. Hay algo más profundo: una permeabilización ideológica que atraviesa fronteras y que tiene una dirección bastante clara.

En los últimos años, los discursos de derecha —orden, autoridad, eficiencia, mano dura institucional— han encontrado terreno fértil en países del llamado “tercer mundo”. No necesariamente porque sus postulados sean más eficaces, sino porque logran capitalizar el hartazgo social.

El problema es que ese hartazgo muchas veces se traduce en una paradoja brutal: los sectores más vulnerables terminan apoyando proyectos políticos que, en términos estructurales, tienden a perjudicarlos.

No es un fenómeno nuevo. Pero sí cada vez más visible.

El votante que sufre la precarización laboral, la pérdida de poder adquisitivo y la fragilidad del Estado social, muchas veces canaliza su frustración hacia opciones que prometen orden y disciplina, aun cuando esas mismas opciones impliquen recortes, ajustes o debilitamiento de derechos. Es una lógica emocional antes que racional. Una reacción antes que una estrategia.

Y ahí es donde el caso italiano ofrece otra lectura: el pueblo no siempre vota lo que el poder espera.

Ni siquiera cuando ese poder tiene legitimidad electoral previa.

El referéndum fue, en ese sentido, un golpe político para el gobierno de Meloni. No porque implique necesariamente una crisis terminal, sino porque expone un límite. Demuestra que el respaldo electoral no es un cheque en blanco. Que la representación tiene condiciones. Que el poder, incluso en sistemas consolidados, puede ser interpelado.

Ahora bien, trasladar esto a la Argentina abre un debate que la dirigencia evita sistemáticamente: ¿deberían ciertas decisiones ser obligatoriamente sometidas a referéndum?

Pensemos en algo concreto: privatizaciones. Venta de recursos estratégicos. Concesiones de largo plazo sobre infraestructura crítica. Endeudamiento externo que condiciona generaciones.

Hoy, todo eso puede ser decidido por un gobierno con mayoría circunstancial o con habilidad para negociar apoyos legislativos. A veces con debates profundos, muchas veces sin ellos. Y casi siempre sin participación directa de la ciudadanía.

Un sistema que incorpore el referéndum obligatorio para este tipo de decisiones introduciría un cambio radical. No solo institucional, sino cultural. Obliga a transparentar. A discutir de cara a la sociedad. A asumir costos políticos reales.

Pero también implica un riesgo que la política teme: perder el control del resultado.

Porque cuando el pueblo vota, el resultado no siempre es previsible. Ni manipulable. Ni funcional.

Y ahí está el verdadero problema.

No es que la Argentina no tenga herramientas jurídicas o legislativas para avanzar hacia formas de democracia más directa. Es que no hay voluntad política de ceder poder. Porque el referéndum no es solo un mecanismo. Es una amenaza para la lógica tradicional del poder.

Volviendo a Italia, lo que ocurrió no fue solo un rechazo a una reforma judicial. Fue una afirmación de soberanía popular. Un recordatorio de que, en última instancia, el poder reside en la ciudadanía.

Y, al mismo tiempo, dejó expuesta una tensión global: mientras en Europa ciertos sectores desconfían de las reformas que concentran poder, en otras regiones esas mismas reformas pueden ser vistas como soluciones.

La pregunta incómoda es por qué.

¿Por qué el ciudadano que vive en contextos más frágiles tiende a apostar por modelos más duros?
¿Por qué quien tiene menos, arriesga más?
¿Por qué el que está peor vota, muchas veces, contra sí mismo?

Tal vez la respuesta no esté solo en la ideología, sino en la desesperación. En la necesidad de certezas en contextos donde todo es inestable. En la ilusión de que alguien —o algo— ponga orden donde el Estado ha fallado.

Pero esa ilusión tiene un costo.

Y ese costo, históricamente, lo pagan los mismos de siempre.

Por eso, el debate sobre el referéndum no es técnico. Es profundamente político. Y, sobre todo, controversial. Porque obliga a plantear una disyuntiva que la Argentina viene esquivando desde hace décadas:

¿Queremos una democracia donde el pueblo decide… o una donde el pueblo delega y espera?

La experiencia italiana muestra que otra cosa es posible. Que el ciudadano puede ser protagonista más allá del voto periódico. Que el poder puede ser controlado no solo por instituciones, sino por la voluntad directa de la gente.

Pero también muestra algo más perturbador: que cuando esa voluntad se expresa, no siempre confirma lo que creemos saber sobre la sociedad.

Y ahí es donde aparece la reflexión final, la que molesta de verdad:

Si mañana en la Argentina se sometiera a referéndum la venta de recursos naturales, la privatización de empresas estratégicas o un ajuste estructural del Estado…
¿estamos seguros de que el resultado sería el que creemos?
¿O, en el fondo, lo que tememos no es el poder del gobierno… sino el poder del propio pueblo?