Por Pilar Gómez Iriondo.

Desde la reconstrucción democrática en 1983, la sociedad argentina fundó sus cimientos sobre un nuevo contrato social marcado por la utopía de los derechos humanos: la idea de una comunidad de hombres y mujeres libres e iguales.

Así, la identidad misma de la “argentinidad” se constituyó —hacia adentro, para su propia ciudadanía, y hacia afuera, como experiencia paradigmática en la región— en torno a la lucha por los derechos humanos, la memoria colectiva y la justicia social.

Sobre ese horizonte se consolidó un pacto político y cultural entre la dirigencia y la sociedad que orientó las decisiones de las décadas posteriores. Ese acuerdo no solo se expresó en normas —como la incorporación de tratados internacionales al plexo constitucional o la sanción de leyes destinadas a garantizar derechos— sino también en una política de Estado sostenida en ese mismo sentido.

El neoliberalismo contemporáneo, tal como lo encarna La Libertad Avanza, no solo transforma las condiciones materiales de existencia, sino también las afectivas y simbólicas. Esta mutación implica un desplazamiento del lazo social: de la comunidad hacia la individualidad, del bien común hacia la indiferencia.

En ese marco, este texto propone reflexionar sobre ese desplazamiento discursivo y político que hoy pone en disputa los cimientos del contrato social argentino, instalando una nueva matriz ético-política basada en la insensibilidad social y erosionando los pilares sobre los que se edificó la democracia postdictatorial: la justicia social, los derechos humanos y la memoria.

El vaciamiento político de los derechos humanos

El presente implica un corrimiento permanente de los límites del pacto social. Pero ese corrimiento no es neutro. Tiene una densidad histórica que no puede pasarse por alto: dialoga, de manera inquietante, con formas de autoritarismo y violencia que marcaron el pasado argentino.

Se trata de un modo de hacer política que erosiona las mediaciones que antes funcionaban como distancia frente a la violencia. No es que la violencia desaparezca: cambia de forma. Se vuelve más directa, más explícita, más integrada al lenguaje político.

Sin embargo, la violencia actual no es idéntica a la de la dictadura.

En aquel pasado, los procesos de aniquilamiento y crueldad no eran públicos. Se desarrollaban en la clandestinidad, sostenidos en gran medida por la indiferencia, la frialdad social y la incapacidad —o la negativa— de ver lo que estaba ocurriendo.

Hoy, en cambio, la violencia se ejerce de otra manera.

Se vuelve visible. Se enuncia. Se muestra. Se repite.

Se instala como una política de la crueldad que no solo produce daño, sino que produce algo más profundo: insensibilización.

No se trata únicamente de lo que se hace, sino de lo que se genera. Una nueva sensibilidad social marcada por la desafección, por la indiferencia frente al dolor ajeno y por la progresiva devaluación de la memoria colectiva.

Esa lógica se corporiza con especial crudeza en los sectores más vulnerables de la sociedad: jubilados, personas en situación de pobreza, mujeres, identidades disidentes. Es ahí donde la crueldad deja de ser una abstracción y se vuelve experiencia concreta.

En este escenario, los derechos humanos quedan en una posición de fragilidad.

Porque los derechos humanos no son solo normas. Son la expresión de un ethos político, de una forma de entender la comunidad. Implican una superación de la individualidad del sujeto hacia un proyecto colectivo.

Cuando ese horizonte se debilita, los derechos humanos dejan de ser una construcción común vinculada a la memoria —al “Nunca Más”— y pierden su densidad histórica.

Dejan de ser una conquista compartida para convertirse en una referencia vacía, cuando no en un objeto de disputa.

El modelo que se impone contradice ese principio de colectividad. Desancla la idea de lo común e instala al individuo como única referencia de verdad, al mismo tiempo que despliega un ataque sistemático hacia toda forma de acción colectiva.

Este enfoque, profundamente individualista, se traduce en una despolitización de los derechos humanos.

El Estado deja de ser garante de una humanidad compartida y se transforma en administrador de intereses individuales. Ya no organiza lo común: gestiona diferencias.

El resultado es una erosión del contrato ético-político sobre el que se construyó la ciudadanía argentina. El ethos democrático cede lugar a una lógica meritocrática de mercado, que fragmenta los lazos sociales y reconfigura el modo en que nos vinculamos.

Lo que se pierde en ese proceso no es solo una política.

Es una forma de entender la vida en común.

La desensibilización como condición necesaria del Estado neoliberal

La crueldad como política de Estado no solo tiene efectos materiales. Tiene, sobre todo, una consecuencia ética y social profunda: la desensibilización frente al sufrimiento de otros.

Cuando el poder político legitima la crueldad —ya sea a través de discursos que ridiculizan el dolor ajeno, como ocurre con personas con discapacidad o jubiladas, o mediante políticas públicas que naturalizan el abandono, como el vaciamiento de las políticas de cuidado o alimentarias— se instala una pedagogía afectiva.

Se enseña a no sentir.

La repetición de la violencia produce un efecto preciso: normaliza la crueldad. Y al hacerlo, reduce los umbrales de empatía indispensables para sostener la vida en común. La crueldad deja de ser un acontecimiento excepcional para convertirse en paisaje.

En ese contexto, las personas dejan de reflexionar sobre sí mismas y sobre su relación con los otros. Y entonces la violencia ya no necesita justificación ideológica.

Se vuelve posible dañar sin pensar.

La crueldad, en este sentido, deja de ser un desvío moral para convertirse en una condición normalizada del orden social, donde la vulnerabilidad del otro se transforma en espectáculo y, muchas veces, en mérito.

La Libertad Avanza encarna esta lógica al transformar la insensibilidad en virtud. La fortaleza individual, la frialdad frente al dolor y la negación de la empatía aparecen como signos de libertad.

Así, la crueldad se convierte en un principio organizador del vínculo social.

La desigualdad deja de generar indignación. Se naturaliza, se espectaculariza. El sufrimiento ajeno se percibe como castigo legítimo al fracaso personal.

Este proceso modifica profundamente los umbrales de lo aceptable y lo inaceptable, de lo tolerable y lo intolerable. Lo que antes interpelaba, hoy deja de hacerlo.

Se produce, de este modo, una reconfiguración del pacto de sensibilidad social construido desde la vuelta de la democracia, basado en los derechos humanos y la justicia social.

Pero esta transformación no es casual.

Responde a una relación estructural entre un Estado neoliberal y la necesidad de una sociedad desmemoriada, desinteresada. Entre capital y sacrificio.

La pedagogía de la crueldad no es una disfunción. Es una condición necesaria.

Un orden basado en la competencia extrema y la autorresponsabilidad requiere modos de subjetivación específicos: sujetos que se conciban como responsables absolutos de sí mismos, orientados a maximizar su propio valor, incapaces de reconocer al otro como parte de un mismo tejido social.

Y esas formas de construcción del sujeto no hubieran sido posibles sin un proceso previo: el vaciamiento político de los derechos humanos, que permitió instalar la idea de que son privilegios y no conquistas colectivas.

El éxito del orden neoliberal depende de que esa insensibilidad sea interiorizada.

Porque solo debilitando el lazo social y erosionando el sistema democrático pueden sostenerse las dinámicas de acumulación y garantizar la reproducción del orden económico.

Pensar futuros posibles

Frente a este escenario, la defensa de la sensibilidad, la justicia social y la memoria no aparece como un gesto nostálgico, sino como una forma urgente de resistencia frente a un orden que convierte la crueldad en política de Estado.

En ese marco, la masiva convocatoria por la conmemoración de los 50 años del golpe militar del ’76 nos demuestra que los derechos humanos siguen emergiendo como un ideal de lo posible. No como una herencia asegurada, sino como la realidad que todavía puede construirse sobre un pasado-presente que se manifiesta en el aquí y en el ahora. 

El alcance social de la memoria siempre es discutible. Pero frente al vaciamiento actual de su sentido —y del sentido mismo de los derechos humanos— la tarea no es abandonarla, sino reconstruirla.

Y reconstruirla exige algo incómodo: volver a exponerse al otro.

Abrirse a esa incomodidad que implica reconocer el rostro ajeno, dejarse afectar, salir de la distancia.

En ese punto, la experiencia histórica de las mujeres y el ejemplo de las Madres y Abuelas aparece como una referencia fundamental. No como identidad cerrada, sino como práctica: una forma de pensar y actuar colectivamente que propone otra sensibilidad posible.

Desde ahí, la empatía, el cuidado y la ternura dejan de ser gestos privados para convertirse en actos políticos. En formas de desobediencia frente a una lógica que necesita la crueldad para sostenerse.

Defender la memoria y los derechos humanos —también a través de la educación política— se vuelve entonces una disputa por el tiempo.

No se trata solo de recordar el pasado, sino de disputar su sentido en el presente.

La coyuntura actual lo vuelve evidente: la memoria no puede quedar encerrada, ni convertirse en repetición vacía. No alcanza con aprenderla.

Tiene que ser práctica viva.

Eso implica revisarla, interrogarla, incomodarla. Incorporar una reflexividad constante, una vigilancia sobre nuestras propias formas de pensar, para evitar que se vuelva un discurso sin efecto.

En este sentido, la memoria y los derechos humanos no deben pensarse como herencias inmutables, sino como construcciones que necesitan ser recreadas una y otra vez.

La tarea política del presente consiste en mantener abierta la pregunta por el pasado, pero también por el futuro.

Exige recuperar la sensibilidad frente al otro y frente a lo común. Resistir la tentación de la indiferencia.

Porque en esa indiferencia no solo se debilitan los vínculos.

Se erosiona el pacto democrático mismo.

Solo desde la politización de la historia, de los derechos conquistados y de la memoria construida en el Nunca Más es posible enfrentar la pedagogía de la crueldad e imaginar horizontes colectivos donde la dignidad continúe ocupando un lugar central en el orden político y social.