Por Fernando Crivelli Posse.

“No busco glorias sino la unión de los americanos y la prosperidad de la patria. El bien público está en todos los instantes ante mi vida.”
— Manuel Belgrano.

Hay citas que se repiten por tradición. Y hay otras que, en determinados momentos, incomodan porque obligan a medir la realidad contra un ideal. Hoy, las palabras de Manuel Belgrano no funcionan como homenaje: funcionan como un estándar. Y, al contrastarlas con el presente, la distancia es evidente.

La sociedad argentina está haciendo un esfuerzo enorme. No es una consigna: es un hecho tangible. Se ve en el bolsillo, en el humor social, en la resignación que convive con una expectativa todavía viva. Se está aguantando más de lo que cualquier diagnóstico frío hubiera proyectado. Y se lo hace por una razón concreta: la esperanza de que, esta vez, el cambio sea real y no una ilusión más.

Pero hay algo que no puede perderse de vista: el esfuerzo social no es gratuito ni eterno. Es una inversión. Y toda inversión exige resultados.

La historia reciente del país es, en buena medida, una historia de sacrificios que no rindieron. Ajustes que no ordenaron, promesas que no se cumplieron, discursos que se evaporaron en la práctica. Por eso, el desgaste no es solo económico: es moral. Es el cansancio de haber creído demasiadas veces.

En ese contexto, exigir más esfuerzo a la ciudadanía es una decisión delicada. Puede ser necesaria, incluso inevitable. Pero tiene una condición básica: quienes conducen deben estar varios escalones por encima en términos de conducta, coherencia y ejemplo. No alcanza con pedir. Hay que demostrar.

Y ahí aparece el núcleo del problema.

Decir no es hacer. Nunca lo fue. Las palabras, en política, tienen valor solo cuando consolidan hechos: cuando explican, cuando ordenan, cuando acompañan decisiones reales. Pero, cuando las palabras reemplazan a la acción, lo que queda es una incoherencia evidente. Y esa incoherencia no es neutra: erosiona la credibilidad, desmotiva a la sociedad y confirma la sospecha de que, detrás del relato, las prácticas siguen siendo las mismas.

Cada gesto contradictorio, cada privilegio injustificado, cada señal de que el poder se utiliza para beneficio propio tiene un efecto multiplicador. No es un hecho aislado: es un mensaje. Y el mensaje que se instala es devastador: que nada cambió en lo esencial.

En ese punto, resuena con fuerza la máxima atribuida a Josefa Ortiz de Domínguez: “No se debe premiar a quien sirve a la Patria, sino castigar a quien se sirve de ella”.

La frase es brutal en su claridad. No deja espacio para interpretaciones cómodas. Servir a la patria no es un mérito extraordinario: es la base del rol público. Es una obligación moral, no un acto heroico que deba ser recompensado. En cambio, utilizar el Estado como herramienta de enriquecimiento o de beneficio personal no es un exceso tolerable: es una falta que debe ser sancionada.

El problema es que, durante demasiado tiempo, esa lógica se invirtió.

Se naturalizaron privilegios, se toleraron abusos, se relativizaron conductas que, en cualquier sistema sano, serían inadmisibles. Y esa normalización es, en sí misma, una forma de degradación. Porque, cuando la corrupción deja de escandalizar, deja de ser excepción y pasa a ser sistema. Una sociedad jamás podrá prosperar sobre esa base.

Quien tiene el privilegio de ocupar un cargo público debe entender algo elemental: no está ahí para enriquecerse. No está ahí para asegurarse un futuro personal. Está ahí para tomar decisiones que afectan a millones de personas. Está ahí para definir el rumbo de un país. Está ahí para servir a su nación, a su ciudadanía. Y ese es el mayor privilegio al que puede aspirar.

Si alguien busca riqueza, reconocimiento económico o acumulación personal, el sector público no es el lugar. Para eso existe el sector privado, donde la competencia, la innovación y la capacidad son —o deberían ser— las variables que determinan el éxito. Confundir esos planos es uno de los errores más dañinos que se pueden cometer en la vida institucional.

El servicio público, en cambio, exige otra lógica. Exige convicción. Exige un sentido profundo de responsabilidad. Exige, incluso, una cuota de renuncia. No en términos románticos, sino prácticos: aceptar que el interés general está por encima del interés individual.

Y eso no es una idea abstracta. Tiene consecuencias concretas. Porque, mientras se discuten discursos y se construyen relatos, la realidad sigue golpeando.

No se puede hablar de progreso en un país con pobreza crónica. No se puede hablar de futuro con un sistema educativo deteriorado, que no garantiza igualdad de oportunidades ni formación de calidad. No se puede hablar de bienestar con un sistema de salud que funciona al límite, donde la atención depende más de la suerte que de la planificación.

Y tampoco se puede ignorar la situación de quienes tienen la responsabilidad de sostener el orden: fuerzas de seguridad mal remuneradas, expuestas, muchas veces desprotegidas. Es una contradicción estructural pedirles que cuiden a la sociedad mientras el propio sistema no los cuida a ellos.

Todo esto no es un conjunto de problemas aislados. Es un cuadro de degradación.

Se ve en la calle, en la convivencia cotidiana, en la pérdida de normas básicas de respeto, en la naturalización del conflicto permanente, en la sensación de que todo vale. Cuando una sociedad llega a ese punto, no está simplemente en crisis: está en riesgo de descomposición.

Y ese es el límite. No se puede aceptar más. No por una cuestión ideológica, sino por una cuestión de supervivencia social. Una comunidad que tolera indefinidamente la corrupción, la ineficiencia y la falta de rumbo termina condenándose a sí misma.

Por eso, este momento es distinto. Porque el esfuerzo que está haciendo la sociedad necesita valer. No puede ser uno más en la lista de sacrificios estériles. No puede diluirse en internas, en privilegios o en prácticas que ya demostraron su fracaso. Esta vez, el resultado tiene que ser diferente.

Y, para que lo sea, el punto de partida es claro: el ejemplo.

Cuando más se le exige a la ciudadanía, más alto debe ser el estándar de quienes gobiernan. No hay margen para dobles discursos. No hay margen para incoherencias. No hay margen para beneficios injustificados.

La legitimidad no se construye con palabras. Se construye con hechos sostenidos en el tiempo, con decisiones que —incluso cuando son difíciles— son consistentes con lo que se predica y con conductas que no dejan lugar a dudas.

Porque, en definitiva, la política no se mide por lo que dice, sino por lo que hace. Y la sociedad, después de tanto desgaste, ya aprendió a distinguir la diferencia.

Argentina no necesita promesas mejor formuladas. Necesita resultados. Necesita instituciones que funcionen. Necesita reglas claras. Necesita dirigentes que entiendan que el poder no es un derecho adquirido, sino una responsabilidad enorme.

No se trata de pedir perfección. Se trata de exigir coherencia. Porque, sin coherencia, no hay confianza. Y, sin confianza, no hay país que pueda sostenerse en el tiempo.

Continuará…