Por Enrico Colombres.

“El simulacro no es lo que oculta la verdad. Es la verdad la que oculta que no hay ninguna.”

— Jean Baudrillard.

La política ya no se organiza en el territorio, sino en el algoritmo. No se construye en la calle, sino en la interfaz. No se disputa en términos de acción, sino de percepción.

Lo que antes era conflicto social hoy es circulación de contenido. Lo que implicaba cuerpos, tiempo y riesgo, hoy se traduce en métricas, tendencias y operaciones digitales. La política no ha desaparecido: ha mutado. Y en esa mutación, ha perdido algo esencial: su vínculo con lo real.

En este nuevo escenario, el debate público deja de ser una instancia de confrontación de ideas para convertirse en una disputa por la visibilidad. No importa tanto lo que sucede, sino cómo se presenta. No importa tanto la acción como su impacto en la percepción. La verdad cede frente a la viralización. La representación, frente a la performance.

En este momento de la historia, en un país como el nuestro, el diagnóstico deja de ser técnico para volverse casi intuitivo. Se percibe en las calles, en el tono de las conversaciones, en la angustia silenciosa del que trabaja sin saber si mañana seguirá haciéndolo, y en la resignación de quien ya quedó afuera del sistema. Argentina vuelve a transitar uno de esos escenarios donde la memoria colectiva se activa casi como un reflejo: no es el 2001, pero se le parece demasiado como para ignorarlo. Pero hay una diferencia sustancial: hoy, ese malestar no encuentra el mismo canal de expresión.

Para entender la dimensión del cambio, basta con mirar hacia atrás. Durante la presidencia de Raúl Alfonsín, el primer gobierno democrático luego de la dictadura militar, la CGT llevó adelante trece paros generales. Trece. En un contexto donde el sistema institucional era frágil, la economía estaba devastada y la estabilidad política pendía de un hilo, existía sin embargo una oposición activa, presente en la calle, con capacidad de presión real y tangible.

Hoy, frente a un gobierno que impulsa reformas estructurales profundas, ajustes que impactan de lleno en el tejido social y una redefinición del Estado que afecta derechos adquiridos, la reacción ha sido notablemente menor en términos de conflictividad concreta. Y la pregunta se vuelve inevitable: ¿qué cambió? ¿La gravedad de las medidas o la naturaleza de quienes deben enfrentarlas?

Porque conviene decirlo sin vueltas: un paro general no es una consigna romántica ni un gesto testimonial. Es una herramienta de altísimo impacto económico. Cada jornada de paralización nacional implica pérdidas millonarias en el PBI, interrupción de la cadena productiva, caída en la recaudación y un golpe directo a la dinámica económica del país. Es una medida extrema que solo se justifica en contextos de extrema necesidad.

Sin embargo, hoy esa herramienta parece haber sido reemplazada por otra lógica, más cómoda, más controlada, pero también más estéril: la disputa virtual.

La llamada “oposición dialoguista” encarna con claridad esta dinámica. Sectores que, en el plano discursivo, advierten sobre los efectos de ciertas políticas, pero que en el plano institucional terminan habilitando su avance. La contradicción es evidente. ¿Cómo se explica que leyes de enorme sensibilidad social —reformas laborales, modificaciones jubilatorias, legislación sobre discapacidad, incluso cuestiones ambientales— no solo sean tratadas, sino que logren avanzar con tan poca resistencia proporcional en las calles?

El solo hecho de proponerlas debería haber encendido alarmas en una sociedad con memoria histórica. Pero no ocurrió. Y ese silencio no es casual: es político.

En paralelo, el rol de la CGT aparece envuelto en una pasividad difícil de justificar. Históricamente protagonista en la defensa de los derechos laborales, hoy su accionar parece más cercano a la especulación que a la representación. ¿Se trata de una estrategia de negociación en las sombras? ¿De una adaptación a los nuevos tiempos? ¿O de una desconexión real con la clase trabajadora?

Mientras tanto, el ciudadano común —empleado, precarizado o desempleado— atraviesa una realidad cada vez más hostil: pérdida de poder adquisitivo, incertidumbre constante, temor al despido y una sensación de inestabilidad que se vuelve estructural.

En este contexto, resurge con fuerza una vieja teoría que la historia se ha encargado de desmentir una y otra vez: la teoría del derrame económico. Bajo distintas formas, se insiste en la idea de que el crecimiento de los sectores más ricos terminará beneficiando al conjunto de la sociedad. Pero lo que se presenta como una promesa es, en realidad, una falacia. No hay concentración sin exclusión. No hay riqueza extrema sin pobreza estructural.

Si se amplía el análisis al plano internacional, el contraste es aún más evidente. En los grandes conflictos del siglo XX, Argentina supo posicionarse como el granero del mundo. Hoy, en un contexto global nuevamente tensionado, ya no ocupa ese lugar. La ausencia de una marina mercante propia, la desindustrialización y una dependencia creciente de factores externos han reducido su margen de acción. Y eso se traduce en menos empleo, menor producción y una fragilidad estructural persistente.

Pero quizás el cambio más profundo no sea económico ni geopolítico, sino cultural. La política ha dejado de habitar la calle para refugiarse en el algoritmo. El conflicto existe, pero ya no se organiza en torno a la acción colectiva, sino a la circulación de narrativas.

La comparación con el 2001 vuelve a imponerse, pero con una diferencia sustancial. En aquel entonces, el conflicto se expresó en la calle. Hubo movilización, hubo protesta, hubo una reacción tangible. Hoy, el conflicto se diluye en una nube de información constante, fragmentada y muchas veces contradictoria. Es un ruido permanente que no termina de convertirse en acción.

Mientras tanto, la dirigencia política parece atrapada en una lógica que prioriza lo fiscal y lo económico por sobre cualquier otra dimensión. Todo se mide en términos de números: déficit, superávit, inflación, reservas. Pero detrás de esos indicadores hay personas. Hay historias, hay proyectos de vida que no pueden reducirse a una planilla de cálculo.

Argentina no enfrenta únicamente una crisis económica. Enfrenta una crisis de representación, de sentido y de identidad política. Una oposición que juega más con el algoritmo que con la movilización real, una dirigencia que prioriza los números por sobre las personas y una sociedad que oscila entre la resignación y la incertidumbre configuran un escenario donde la tormenta no solo es posible, sino probable.

La historia, sin embargo, no está escrita de antemano. Pero sí deja lecciones. Y una de las más claras es que ninguna crisis se resuelve en el terreno de lo virtual. Se resuelve en la realidad, con decisiones, con participación y con una política que vuelva a mirar a los ojos de la gente.

Porque cuando la política se aleja de lo humano, lo que queda no es orden ni progreso, sino vacío. Y en ese vacío, tarde o temprano, lo que aparece no es estabilidad, sino ruptura y muerte.