Por Juan Schmitt.

“La cuestión no es quién gobierna, sino qué sistema decide.”
— Norbert Wiener

Durante siglos, el problema fue el poder: quién lo tiene, cómo se distribuye, bajo qué reglas se legitima. Desde Thomas Hobbes hasta Jean-Jacques Rousseau, la política fue el intento —siempre inestable— de domesticar la violencia mediante un pacto: cedemos algo de nuestra libertad a cambio de orden. Ese fue el contrato social.

Hoy, ese contrato ya no alcanza. Pero lo más inquietante es que no se está rompiendo: se está volviendo irrelevante.

Porque el problema ya no es el poder, sino la inteligencia.

Por primera vez en la historia, la inteligencia —esa fuerza que organizaba el mundo, que justificaba jerarquías, que sostenía la idea misma de mérito— deja de ser un atributo exclusivamente humano. Se externaliza, se automatiza, se escala. Y cuando la inteligencia se vuelve infraestructura, todo lo demás empieza a tambalear.

El trabajo, por ejemplo. Durante siglos, trabajar fue la forma de participar en la sociedad: no solo una necesidad económica, sino una forma de pertenecer. Hoy, esa relación empieza a resquebrajarse. No porque el trabajo desaparezca de un día para otro, sino porque deja de ser el eje organizador del sistema.

Entonces aparece la pregunta que nadie quiere formular del todo: ¿qué pasa cuando ya no somos necesarios?

No en términos existenciales —eso siempre fue un problema filosófico—, sino en términos económicos, estructurales, sistémicos.

La respuesta empieza a tomar forma en discursos como el de Sam Altman, que propone un nuevo “contrato social” para la era de la inteligencia artificial. La idea es simple, casi brutal: si las máquinas producen valor, ese valor debería redistribuirse. Si el trabajo pierde centralidad, el ingreso no puede depender exclusivamente de él. Si la inteligencia se automatiza, el sistema debe rediseñarse.

Pero hay algo más profundo —y más incómodo— en esa propuesta. No se trata solo de repartir riqueza. Se trata de redefinir el lugar del humano.

Porque el viejo contrato social no solo organizaba la economía. Organizaba el sentido. Nos decía quiénes éramos: sujetos productivos, agentes racionales, individuos capaces de intervenir en el mundo. Ese relato empieza a desarmarse.

Y en su lugar aparece otro, todavía difuso pero cada vez más presente: el humano como usuario, como nodo, como dato, como parte de un sistema que lo excede.

No es casual que la discusión sobre el futuro del trabajo conviva con la naturalización de sistemas que toman decisiones por nosotros: recomendaciones, predicciones, automatizaciones. No es una sustitución violenta. Es algo más sutil: una delegación progresiva.

No nos quitan el control. Lo entregamos.

Como en todo contrato social.

Pero esta vez, el soberano no tiene rostro. No es el Estado. No es el mercado en su forma clásica. Es una arquitectura híbrida, donde algoritmos, infraestructuras y corporaciones operan como un nuevo Leviatán distribuido. Un Leviatán que no necesita imponerse, porque se vuelve imprescindible.

Ahí está el punto ciego del nuevo contrato.

Porque mientras discutimos cómo redistribuir los beneficios de la inteligencia artificial, la pregunta más incómoda queda en segundo plano: ¿quién define las reglas del sistema que produce esa inteligencia?

No alcanza con participar del reparto si no participamos del diseño. No alcanza con recibir si no podemos intervenir. No alcanza con adaptarse si no hay posibilidad de disputar el sentido.

El riesgo no es solo económico. Es político. Y, en última instancia, es existencial.

Porque un mundo donde la inteligencia ya no es humana es, también, un mundo donde lo humano deja de ser la medida.

Y entonces, el contrato cambia de naturaleza. Ya no se trata de ceder libertad a cambio de seguridad. Se trata de ceder agencia a cambio de funcionamiento.

Que todo siga operando.
Que todo siga fluyendo.
Que todo siga “andando”.

Aunque ya no sepamos del todo para quién.