Por Fernando Pérez.
Existe una diferencia sustancial entre la disciplina fiscal y la ceguera social. La contabilidad pública, por definición, requiere frialdad técnica, abstracción numérica y equilibrio de balances. Sin embargo, cuando la planilla de cálculo se convierte en el único lente para observar la realidad, la gestión pierde su razón de ser y pasa a confundir la eficiencia con la indolencia.
El tratamiento que la administración nacional le está dando al sector de la discapacidad constituye un ejemplo paradigmático de esta desviación. Lo que comenzó como un proceso de auditoría y reordenamiento de recursos derivó en un congelamiento sistemático de partidas, demoras administrativas en las transferencias a prestadores y una erosión constante en el valor real de las prestaciones frente al avance inflacionario.
La presentación del proyecto de Presupuesto para el ejercicio 2027 confirmó que no se trata de un desajuste coyuntural, sino de una orientación de fondo. Las proyecciones oficiales consolidan el recorte sobre los fondos de la Agencia Nacional de Discapacidad y contemplan modificaciones en el esquema del nomenclador único, el mecanismo que hasta hoy garantiza una tarifa homogénea en todo el territorio para servicios terapéuticos, educativos y de transporte. Desarticular este criterio unificado no equivale a descentralizar; equivale a trasladar la responsabilidad financiera a provincias y prestadores privados que carecen del margen para absorberla, fragmentando el acceso al sistema según el código postal del beneficiario.
Frente a este escenario, la respuesta del Gobierno ante los reclamos de familias, profesionales y organizaciones del sector se caracterizó por la distancia. La postura oficial osciló entre el desdén burocrático y el argumento de la restricción fiscal como un absoluto inamovible. Hubo marchas, movilizaciones a la Plaza de Mayo, presentaciones ante la Justicia y pedidos de audiencia formulados por instituciones de trayectoria intachable. Ninguna de estas iniciativas logró modificar la postura de un Ministerio de Economía que interpreta la protesta social no como una advertencia sobre el límite del tejido social, sino como una resistencia corporativa al cambio.
Inevitablemente, surge una pregunta de orden conceptual: ¿cuál es el verdadero sentido del superávit si su costo es el desamparo de los eslabones más vulnerables de la comunidad?
El valor del equilibrio financiero resulta innegable para estabilizar una macroeconomía golpeada por décadas de distorsiones. La sustentabilidad de las cuentas públicas representa un bien colectivo necesario. Pero convertir la austeridad en un valor ético superior, ajeno a sus consecuencias materiales sobre seres humanos concretos, transforma una herramienta técnica en un dogma insensible.
El ajuste sobre las personas con discapacidad no mueve la aguja del producto bruto ni define la estabilidad de la moneda. Se trata de un porcentaje menor dentro del gasto consolidado del Estado, pero su valor cualitativo es inmenso: define el umbral de solidaridad de una sociedad. Cuando el Estado suspende pensiones, dilata los pagos a los centros de día o desactualiza los aranceles de los transportistas, no ahorra capital financiero; dilapida capital humano y erosiona el contrato moral sobre el que se asienta la convivencia.
Un gobierno demuestra su verdadera talla no por la contundencia de sus discursos ni por la velocidad con la que alcanza el déficit cero, sino por el cuidado que otorga a quienes no pueden competir en pie de igualdad dentro del mercado. La insistencia en ignorar el reclamo de las familias e incorporar nuevos recortes en la planificación de 2027 revela una seria miopía política. Pretender equilibrar las cuentas del Estado a costa del bienestar de quienes requieren asistencia continua es una victoria contable que presagia una profunda derrota social.