Por Fernando Crivelli Posse. 

“Una institución demuestra su fortaleza no cuando sus reglas favorecen al poder, sino cuando el poder acepta obedecerlas aun cuando lo perjudican.”

Las repúblicas no fueron diseñadas solamente para impedir que gobiernen personas malintencionadas. Fueron creadas para contener algo bastante más frecuente y, en ocasiones, más peligroso: a quienes están sinceramente convencidos de perseguir un fin correcto y, precisamente por esa convicción, comienzan a considerar que las reglas son un obstáculo innecesario para alcanzarlo.

Ese mecanismo rara vez se presenta como una ruptura abierta del orden institucional. Suele aparecer de una manera mucho más razonable: existe una crisis, una urgencia, una amenaza o una transformación que parece no admitir demoras; el Congreso tarda, la Justicia revisa, los controles exigen fundamentos y los procedimientos empiezan a parecer demasiado lentos para la velocidad de los problemas. Es entonces cuando surge una idea particularmente seductora: el objetivo parece tan importante que algunas reglas podrían esperar.

El verdadero problema no se encuentra únicamente en la primera excepción, sino en aquello que una sociedad aprende después de haberla aceptado. Toda medida extraordinaria nace acompañada de alguna justificación y, en ocasiones, puede incluso resultar necesaria; el riesgo aparece cuando aquello que ayer necesitaba circunstancias excepcionales para ser tolerado termina incorporándose al repertorio ordinario del poder. Cambia la causa —la economía, la seguridad, la administración, la deuda, una pandemia—, pero permanece una lógica conocida: esta vez la situación sería suficientemente grave como para gobernar prescindiendo, al menos temporalmente, de algunas de las incomodidades propias de una República.

La Argentina conoce bien ese fenómeno y sería un error adjudicarlo exclusivamente a un gobierno o a una tradición política. Cada etapa encuentra su emergencia y cada fuerza descubre, cuando llega al poder, que determinados instrumentos que antes parecían peligrosos resultan bastante menos inquietantes cuando quedan en manos propias. Las excepciones suelen molestarnos menos cuando producen el resultado que deseamos, y allí comienza a funcionar una doble vara que termina erosionando aquello que decimos defender.

El decreto parece autoritario cuando lo firma el adversario y eficiente cuando lo utiliza quien apoyamos; la protesta constituye un derecho cuando expresa nuestras demandas y una extorsión cuando altera nuestros planes; la Justicia es independiente cuando resuelve como esperábamos y politizada cuando obliga a aceptar una decisión incómoda; el periodismo investiga cuando examina al otro y “opera” cuando dirige la mirada hacia los propios. Los principios continúan escritos, naturalmente, pero empieza a cambiar algo mucho más importante: nuestra disposición a respetarlos cuando dejan de favorecernos.

Ese comportamiento transforma lentamente las instituciones en instrumentos circunstanciales. Dejamos de valorarlas por las garantías que ofrecen y comenzamos a juzgarlas según los resultados que producen, como si una buena institución fuera aquella que confirma nuestras expectativas y una mala institución aquella que limita nuestras posibilidades.

Pero las instituciones no fueron creadas para garantizar que siempre ganemos. Su verdadera importancia aparece, precisamente, cuando debemos determinar qué ocurre después de perder.

La división de poderes no demuestra demasiado cuando Ejecutivo, Congreso y Justicia coinciden; adquiere verdadero sentido cuando uno de ellos puede decirle que no al otro. La libertad de expresión tampoco necesita especial protección cuando escuchamos aquello que nos agrada, sino cuando ampara palabras que nos irritan, cuestionan o incomodan. Del mismo modo, el debido proceso no revela todo su valor cuando el acusado despierta simpatía, sino cuando garantiza derechos a alguien a quien una mayoría preferiría condenar de antemano. Incluso el derecho de protesta pierde su naturaleza de derecho si sólo estamos dispuestos a reconocerlo cuando compartimos la causa que lleva a alguien a la calle.

Los límites republicanos fueron construidos, precisamente, para aquellos momentos en los que preferiríamos que no existieran.

Esto permite comprender por qué el control institucional suele ser confundido con obstrucción. Desde la perspectiva de quien gobierna, una revisión judicial, una comisión parlamentaria, una auditoría o una oposición activa pueden parecer obstáculos; desde una lógica republicana cumplen otra función, menos confortable pero indispensable: obligar al poder a explicar, fundamentar y eventualmente revisar aquello que pretende hacer.

Controlar no significa impedir gobernar, del mismo modo que gobernar no supone disponer del Estado sin límites. Una democracia necesita eficacia, porque un gobierno incapaz de decidir, ejecutar políticas o resolver problemas también erosiona su legitimidad; pero precisamente porque el poder necesita capacidad de acción, necesita al mismo tiempo fronteras que definan cómo puede ejercerla. Allí aparece una tensión que ninguna República puede eliminar por completo: el poder debe ser suficientemente fuerte para gobernar y suficientemente limitado para no convertirse en propietario del Estado.

La dificultad comienza cuando aceptamos que determinados fines poseen una importancia tan extraordinaria que permiten relativizar los procedimientos utilizados para alcanzarlos. Una vez admitido ese principio aparece una pregunta bastante más difícil de responder: quién decide qué objetivo merece semejante excepción. Todos tendemos a considerar especial nuestra propia causa, y quienes se encuentran frente a nosotros suelen experimentar exactamente la misma certeza.

Quien pretende transformar una economía puede considerar intolerable cualquier demora; quien cree estar defendiendo derechos fundamentales puede convencerse de que cualquier instrumento resulta legítimo para impedir esa transformación. Uno invocará la urgencia y el otro la resistencia, pero ambos pueden terminar recorriendo el mismo camino: aceptar, en nombre de la nobleza del fin, aquello que jamás admitirían si fuera utilizado contra ellos.

Por eso las reglas generales no existen solamente para contener a quienes consideramos peligrosos, sino también para protegernos de quienes están profundamente persuadidos de estar haciendo el bien. Ésa es una de las intuiciones más importantes del constitucionalismo republicano: las buenas intenciones no eliminan la posibilidad del abuso.

Los seres humanos somos falibles, también cuando gobernamos, legislamos, juzgamos, protestamos o nos oponemos convencidos de haber comprendido correctamente los acontecimientos. Ninguna mayoría, ninguna ideología y ningún dirigente posee una garantía de infalibilidad capaz de volver innecesarios los controles. Las instituciones adquieren sentido precisamente a partir de ese reconocimiento: cualquiera puede equivocarse, excederse o terminar confundiendo el interés general con su propia interpretación de aquello que el interés general requiere.

Una República madura, por lo tanto, no necesita gobernantes incapaces de decidir, sino gobernantes capaces de hacerlo sabiendo que existen fronteras que no les pertenecen y controles cuya legitimidad no depende de que sus decisiones resulten agradables. Y necesita también ciudadanos capaces de sostener el mismo criterio, porque la doble vara no nace únicamente en quienes ejercen el poder: aparece cada vez que defendemos una regla hasta el instante preciso en que comienza a perjudicar aquello que deseamos.

Quizás exista una forma sencilla, aunque incómoda, de poner a prueba nuestra verdadera cultura institucional: preguntarnos si seguiríamos defendiendo el mismo procedimiento si mañana fuera utilizado por quien más rechazamos. Si la respuesta cambia con el nombre del gobernante, probablemente nunca estuvimos defendiendo realmente una institución, sino una conveniencia.

Porque las reglas republicanas no fueron pensadas para los momentos en que estamos de acuerdo, cuando cumplirlas resulta cómodo o cuando producen exactamente la decisión que esperábamos. Su importancia aparece justamente cuando sucede lo contrario.

Fueron creadas para el momento en que molestan, y una sociedad demuestra que verdaderamente cree en ellas cuando, aun entonces, decide respetarlas.

Continuará…