Por Clara Rosenfeld.

«Nadie tiene derecho a obedecer».
— Hannah Arendt, conversación con Joachim Fest, 1964.

En Francia, miles de estudiantes salen a las calles para reclamar docentes, mejores condiciones educativas y edificios escolares que no se derrumben sobre sus expectativas. En Argentina, estudiantes, profesores y trabajadores universitarios se movilizan para exigir el cumplimiento de una ley de financiamiento aprobada por el Congreso. Las demandas tienen historias distintas, pero comparten una escena: jóvenes frente a fuerzas de seguridad, manifestaciones atravesadas por dispositivos policiales y conflictos educativos que terminan desplazándose hacia el terreno del orden público.

En Francia, las protestas comenzaron en los establecimientos secundarios y se extendieron a universidades. Los estudiantes organizaron bloqueos, marchas y concentraciones, recuperando una tradición de movilización juvenil profundamente arraigada en la vida política francesa. La respuesta policial provocó cuestionamientos, investigaciones y denuncias por lesiones graves sufridas por adolescentes. Miles de menores fueron detenidos durante las últimas semanas. Las autoridades, por su parte, sostienen que los operativos también debieron responder a incendios, ataques y agresiones contra agentes.

El Gobierno francés anunció la incorporación de miles de docentes como respuesta parcial a los reclamos. La movilización consiguió instalar sus demandas en la agenda pública, aunque el conflicto continúa y las denuncias sobre la actuación policial permanecen abiertas.

En Argentina, el problema tiene una particularidad institucional. La Ley de Financiamiento Universitario fue sancionada por el Congreso y ratificada después del rechazo al veto presidencial. Su implementación continúa siendo objeto de controversias entre el Poder Ejecutivo, las universidades y la Justicia. La protesta universitaria reclama recursos, recomposición salarial y el cumplimiento efectivo de una decisión legislativa.

La quinta Marcha Federal Universitaria, realizada el 15 de octubre, reunió a estudiantes, docentes, trabajadores y autoridades académicas. La jornada terminó con incidentes, detenciones y el empleo de gases lacrimógenos y camiones hidrantes. La manifestación había sido convocada para defender las condiciones materiales de funcionamiento de las universidades públicas.

Los reclamos franceses y argentinos no son idénticos. En Francia, los bloqueos escolares y la movilización de estudiantes secundarios constituyen un rasgo central. En Argentina, las marchas federales articulan organizaciones estudiantiles, sindicatos y autoridades universitarias alrededor de una ley cuya aplicación permanece en disputa. Las respuestas estatales tampoco pueden equipararse sin examinar cada operativo y sus circunstancias.

Sin embargo, ambos conflictos permiten reconocer un problema común: el momento en que una demanda educativa comienza a ser tratada fundamentalmente como una cuestión de seguridad.

El Estado moderno reclama para sí el monopolio del uso legítimo de la fuerza. Max Weber describió en esa fórmula una característica decisiva de la organización política contemporánea. Pero el monopolio de la fuerza no equivale a una autorización ilimitada para ejercerla. Su legitimidad depende de condiciones jurídicas, controles institucionales y criterios de necesidad y proporcionalidad.

La protesta democrática puede producir interrupciones, incomodidades y conflictos. Precisamente por eso constituye una forma de expresión política. El Estado debe garantizar el derecho a manifestarse y proteger la seguridad de las personas, incluso cuando deba intervenir frente a conductas violentas. La dificultad aparece cuando los medios utilizados para preservar el orden terminan restringiendo de manera desproporcionada la libertad que deberían proteger.

Existe, además, una dimensión más perturbadora: la responsabilidad de quienes ejecutan las órdenes.

Hannah Arendt desarrolló la noción de banalidad del mal al examinar la participación de Adolf Eichmann en la maquinaria criminal del nazismo. Su reflexión pertenece a un contexto histórico específico que no puede confundirse con los conflictos policiales contemporáneos. Su alcance filosófico, sin embargo, permite pensar un problema que atraviesa a las instituciones modernas: la posibilidad de sustituir el juicio personal por el cumplimiento automático de una función.

«Es mi trabajo» puede explicar una obligación profesional. No alcanza para justificar cualquier conducta realizada en su nombre.

Un agente policial tiene deberes legales, responsabilidades jerárquicas y obligaciones de intervención. También conserva la responsabilidad de actuar dentro de la ley, distinguir situaciones, evaluar riesgos y evitar daños innecesarios. La disciplina institucional no elimina el juicio personal. Ninguna cadena de mandos convierte por sí sola una orden ilegítima en una acción aceptable.

La necesidad de conservar un empleo, sostener una familia o responder ante un superior permite comprender las presiones que enfrenta una persona. No resuelve la responsabilidad por sus decisiones. Allí aparece una de las contradicciones más profundas de la vida institucional: la facilidad con que los individuos pueden justificar sus actos apelando a obligaciones que parecen situarse fuera de su voluntad.

Las organizaciones modernas distribuyen tareas, fragmentan decisiones y establecen procedimientos. Quien imparte una orden puede no presenciar sus consecuencias. Quien la ejecuta puede considerar que la decisión pertenece a otro. Quien observa los resultados puede atribuirlos al funcionamiento impersonal de la institución.

La responsabilidad circula hasta volverse difícil de localizar.

La banalidad que preocupaba a Arendt no consistía simplemente en la obediencia, sino en la renuncia a pensar críticamente sobre los propios actos. Esa distinción importa porque permite examinar la responsabilidad individual sin atribuir intenciones idénticas a todos los integrantes de una institución ni desconocer las situaciones de riesgo que pueden enfrentar.

El ejercicio de la autoridad exige una responsabilidad proporcional al poder que se posee.

En Francia, las lesiones sufridas por adolescentes y las investigaciones sobre posibles abusos policiales colocan esa responsabilidad bajo examen. En Argentina, la intervención de las fuerzas de seguridad durante las movilizaciones universitarias vuelve a plantear la necesidad de distinguir entre garantizar el orden y restringir indebidamente el derecho a manifestarse.

El problema alcanza también a quienes diseñan los operativos, imparten instrucciones, establecen prioridades y deben investigar las denuncias. La responsabilidad institucional no termina en el agente que aparece en una fotografía.

Una democracia necesita fuerzas de seguridad sometidas a la ley y mecanismos efectivos de control. Necesita también ciudadanos capaces de expresar desacuerdos sin que la protesta se convierta, por ese solo hecho, en motivo de sospecha.

Las universidades enseñan a pensar, discutir y revisar aquello que se presenta como evidente. Cuando sus comunidades salen a las calles para defender las condiciones de la educación, la respuesta institucional merece ser examinada desde esos mismos principios.

Los conflictos presupuestarios pueden tramitarse mediante leyes, decisiones judiciales y acuerdos políticos. La discusión sobre los límites de la fuerza exige algo adicional: una sociedad capaz de preguntarse qué entiende por obediencia y qué responsabilidades atribuye a quienes actúan en nombre del Estado.

El monopolio de la violencia no puede confundirse con el monopolio de la razón.

Porque cuando el Estado responde a una demanda social mediante la fuerza, queda abierta una pregunta que ninguna democracia debería considerar secundaria: cuánto espacio conserva la ciudadanía para hacerse escuchar antes de que su reclamo sea tratado como una amenaza.