Por Marcela Zadoff.

«Hasta el último suspiro tengo mis derechos».
— Solange Musse

El centro de Córdoba volvió a convertirse en escenario de una disputa que excede la circulación por sus calles. Durante el 39.º Encuentro Plurinacional de Mujeres y Diversidades, realizado entre el 10 y el 12 de octubre, miles de personas participaron de talleres, manifestaciones y actividades culturales que transformaron durante tres días la vida cotidiana de la ciudad. La magnitud de la convocatoria, las interrupciones del tránsito y las intervenciones sobre el espacio urbano reabrieron una discusión que merece ser abordada: cómo conviven el derecho a manifestarse, la preservación del patrimonio común y los derechos de quienes habitan una ciudad.

Córdoba cuenta con grandes instalaciones destinadas a recibir acontecimientos multitudinarios, como el estadio Mario Alberto Kempes y el Centro de Convenciones. Su ubicación facilita el acceso sin necesidad de atravesar las áreas más congestionadas de la capital. Sin embargo, un encuentro político y social no es equivalente a un espectáculo deportivo. Su presencia en el centro también forma parte de su sentido público. Precisamente por eso, la organización de estas actividades exige planificación, responsabilidades claras y una convivencia que no puede darse por supuesta.

El derecho a la protesta constituye una expresión fundamental de la vida democrática. También lo son el cuidado de los espacios compartidos, la circulación de los ciudadanos y la preservación de los edificios históricos. Ninguno de esos derechos debería utilizarse para anular a los demás. Cuando aparecen denuncias de daños, pintadas ofensivas o deterioro del patrimonio, corresponde investigarlas, identificar responsabilidades y exigir las reparaciones necesarias. La legitimidad de una causa no concede inmunidad frente a los actos de quienes participan en ella.

Pero la controversia por el uso del centro histórico permite observar otra dimensión de la vida cordobesa. La ciudad arrastra una memoria reciente de episodios en los que las instituciones encargadas de proteger a las personas fallaron de manera dramática. Esa historia vuelve especialmente sensible cualquier discusión sobre la autoridad, sus decisiones y los límites de su responsabilidad.

Durante la pandemia, el caso de Solange Musse dejó una marca dolorosa. La joven, gravemente enferma, no pudo despedirse de su padre después de que las autoridades impidieran su ingreso a Córdoba. Las restricciones sanitarias, concebidas para proteger la vida, terminaron aplicándose de una manera que desconoció una necesidad humana elemental. Su reclamo quedó asociado a una frase que todavía interpela a las instituciones: «Hasta el último suspiro tengo mis derechos».

La historia de Solange expuso una contradicción que ninguna emergencia debería volver aceptable. El Estado tiene la obligación de proteger a la población, pero esa obligación no puede ejercerse mediante decisiones que desconozcan la dignidad de las personas. La legalidad de una medida no agota la discusión sobre su justicia ni sobre las consecuencias de su aplicación.

En agosto de 2020, el asesinato de Blas Correas profundizó esa desconfianza. El adolescente de diecisiete años murió después de recibir disparos efectuados por policías durante un control vehicular. La investigación y el proceso judicial revelaron además maniobras destinadas a encubrir lo ocurrido. El caso dejó expuesta una forma particularmente grave de vulneración institucional: quienes debían garantizar la seguridad se convirtieron en responsables de una muerte.

La muerte de Blas alteró la percepción de una seguridad que suele darse por descontada. Una salida con amigos podía terminar en una tragedia provocada por la propia fuerza policial. La gravedad del episodio residió también en la distancia entre el poder que el Estado entrega a sus agentes y los mecanismos efectivos para controlar su ejercicio.

Ese mismo año, el asesinato de Cecilia Basaldúa en Capilla del Monte abrió otra herida. Las denuncias de su familia sobre irregularidades y deficiencias en la investigación pusieron en discusión la capacidad de las instituciones para esclarecer un crimen y ofrecer respuestas a quienes reclamaban justicia. La incertidumbre prolongada se convirtió en una forma adicional de sufrimiento.

Estos episodios son diferentes y no admiten explicaciones idénticas. Sin embargo, permiten reconocer una preocupación común: la fragilidad de los derechos cuando su protección depende de instituciones que pueden actuar con arbitrariedad, negligencia o insuficiente control.

A esa preocupación se suman las denuncias sobre redes de poder territorial y posibles delitos de explotación sexual de adolescentes en el norte cordobés. La investigación desarrollada en Villa de María del Río Seco volvió a colocar bajo examen las relaciones entre dirigencia política, estructuras locales y mecanismos de protección de las personas más vulnerables. La gravedad de las denuncias exige una investigación rigurosa y el respeto por las responsabilidades individuales, sin convertir las sospechas en condenas anticipadas.

La concentración del poder político en determinados territorios merece, además, una discusión que excede cualquier expediente particular. Cuando el acceso a los recursos públicos, las oportunidades y la representación depende de relaciones personales con quienes gobiernan, la ciudadanía corre el riesgo de quedar subordinada a estructuras que dificultan el control democrático.

La confianza institucional se construye mediante prácticas sostenidas. Requiere autoridades que expliquen sus decisiones, organismos capaces de controlar al poder y mecanismos que permitan reparar los daños. Cuando esas condiciones faltan, cada nuevo conflicto se incorpora a una memoria de agravios que permanece abierta.

Por eso, el debate sobre lo ocurrido durante el Encuentro Plurinacional no debería agotarse en la confrontación entre quienes participaron de las manifestaciones y quienes cuestionaron sus consecuencias sobre la vida urbana. Las demandas por igualdad, reconocimiento y protección frente a las violencias tienen pleno derecho a expresarse. También corresponde exigir que la organización de acontecimientos multitudinarios respete las condiciones de convivencia y que cualquier daño al patrimonio público sea esclarecido.

La cuestión central es la responsabilidad institucional. Las autoridades deben garantizar el ejercicio de los derechos, administrar los recursos públicos con transparencia y evitar que los conflictos se transformen en nuevas formas de enfrentamiento entre ciudadanos.

Una ciudad no puede vivir indefinidamente de la resignación. Tampoco puede recuperar su confianza mediante la descalificación de quienes reclaman o de quienes expresan su desacuerdo. Necesita instituciones que respondan por sus decisiones y ciudadanos capaces de exigirles esas respuestas.

Córdoba conserva las huellas de aquello que sus instituciones no supieron impedir. La muerte de Solange, el asesinato de Blas y las preguntas todavía abiertas en torno a Cecilia forman parte de una memoria que ninguna controversia circunstancial debería desplazar.

Las heridas de una ciudad no se cierran cuando sus habitantes aprenden a convivir con ellas. Se cierran cuando el poder deja de producirlas y comienza a responder por sus consecuencias.