Por Fernando Pérez.
En la tradición del pensamiento político moderno, la mentira no solía ser un fin en sí mismo, sino un recurso táctico, instrumental y acotado. Sin embargo, en el ecosistema discursivo que propone la actual administración, asistimos a una mutación cualitativa: la posverdad ya no opera como un velo para ocultar un yerro puntual, sino como un dispositivo permanente de gestión política destinado, deliberada y sistemáticamente, a embarrar la cancha del debate público.
La estrategia resulta tan repetitiva como eficaz en la lógica del impacto inmediato. El Poder Ejecutivo instala diagnósticos espectaculares sustentados en supuestos hallazgos escandalosos; la tropa digital y los comunicadores afines amplifican el enunciado hasta volverlo verdad revelada; y cuando el paso del tiempo o la verificación empírica imponen la evidencia de la falsedad, la conversación pública ya ha sido desplazada hacia un nuevo foco de conmoción artificial.
El método se despliega con nitidez quirúrgica en tres frentes paradigmáticos:
1. Comedores sociales y el espectro de la trampa
En el terreno de la asistencia alimentaria, el Ministerio de Capital Humano construyó una narrativa épica fundada en la eliminación de «comedores fantasmas» e intermediarios corruptos. Las portadas de los diarios y las pantallas del prime time se poblaron de cifras alarmantes que sugerían un desvío masivo e ininterrumpido de recursos públicos. Sin embargo, a medida que los requerimientos judiciales exigieron precisiones técnico-administrativas, los informes definitivos y auditorías integrales brillaron por su ausencia. Se exhibieron casos aislados o descontextualizados como prueba fehaciente de un sistema supuestamente corrompido en su totalidad, justificando en el camino la parálisis en la entrega de alimentos esenciales. El relato del «curro» sirvió a la épica fiscal; la comprobación fáctica quedó eclipsada en el tacho de basura del ruido mediático.
2. Discapacidad y la espectacularización del encuadre
Un mecanismo análogo operó en la revisión de las pensiones por invalidez laboral. Desde la vocería presencial hasta las redes de funcionarios y periodistas militantes, se agitó la existencia de maniobras fraudulentas generalizadas. Para sintetizar el bochorno de forma imborrable en el imaginario colectivo, el vocero Manuel Adorni llegó a exhibir la imagen de la radiografía de un perro supuestamente adjuntada en un expediente para cobrar un beneficio. La anécdota, ridícula y grotesca, cumplió su objetivo de estigmatización masiva. No obstante, las auditorías globales del área nunca demostraron que dicho episodio fuera representativo de la totalidad del padrón (es más, se reveló que el expediente jamás fue aprobado), ni revelaron resultados porcentuales consolidados que justificaran la quita indiscriminada de derechos a miles de personas con discapacidad. Se utilizó la grosería de un caso puntual para validar la sospecha sobre todo el universo de beneficiarios.
3. Educación superior: el silogismo de la trampa
El tercer acto del tríptico discursivo tuvo como blanco al sistema universitario nacional. Bajo el mantra presuntamente fiscalista de «el que no se deja auditar, esconde algo», tanto el presidente Javier Milei como su elenco de divulgadores repitieron de forma incansable que las universidades públicas eran cajas negras opacas al control estatal. En este caso, la falacia no residió únicamente en el dato falso, sino en la omisión deliberada. Se ocultó sistemáticamente que las universidades cuentan con Unidades de Auditoría Interna (UAI) y que están sujetas al control externo de la Auditoría General de la Nación (AGN), marco establecido por la Ley de Administración Financiera. Hacer pasar la disputa por las incumbencias relativas de la SIGEN como una negativa rotunda al control constituyó una manipulación semántica dirigida a deslegitimar la institución de la educación pública.
La erosión del pacto democrático
El problema de gobernar mediante el barro discursivo no es meramente estético ni moral; es eminentemente institucional. Cuando el Estado renuncia a la objetividad de sus propios datos para articular campañas de difamación, fractura la confianza básica que sostiene al contrato social.
Gobernar a fuerza de titulares efímeros, placas sensacionalistas e inventiva retórica podrá garantizar ventajas en el corto plazo dentro del algoritmo de la polarización. Sin embargo, en el largo plazo, la acumulación de datos falsos no construye una nueva realidad; solo deja tras de sí una conversación pública devastada y una ciudadanía sumergida en el escepticismo.