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Audit.ar

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Por Marcela Zadoff.

“Un gobierno popular sin información popular, o sin los medios para adquirirla, es sólo el prólogo de una farsa o de una tragedia; o quizás de ambas.”

James Madison
Carta a W. T. Barry, 4 de agosto de 1822

Una imagen se repite demasiado en la Argentina: Un chofer, un jardinero, un secretario privado, un intermediario desconocido o un funcionario de segunda línea aparecen de pronto exhibiendo un patrimonio imposible de justificar acorde a los ingresos declarados. Mansiones, vehículos de alta gama, mega emprendimientos que brotan de la nada o un nivel de vida incompatible con cualquier salario conocido… una ostentación obscena que la sociedad contempla indignada, como agregando vagones al tren fantasma.

En esta pesadilla, donde un intendente que inició su gestión de mochila y zapatillas se pasea en yate por el Mediterráneo, otro es filmado comentando que en las ambulancias se transporta droga, los ciudadanos descubren el perjuicio al Estado cuando el daño ya está consumado. 

Entonces llegan las denuncias penales, las investigaciones periodísticas y los expedientes judiciales. En una justicia lenta, que demora los allanamientos necesarios, permite la mudanza de evidencias y la limpieza del lugar del hecho, como el departamento del hijo de un conocido gremialista; o en Córdoba, el baño de la vivienda del imputado de asesinato de la adolescente Agostina, impecables como quirófanos de alta complejidad.

En esos largos períodos de tiempo, los imputados se amparan en la presunción de inocencia y los encarcelados, como el estanciero del sur, siguen trabajando y lavando el botín. Si necesitan fueros, la lentitud del Poder Judicial les permite blindarse.

Después, los políticos piden fingir demencia y renovar la confianza social, que ya está demasiado deteriorada.

Por ello es factible decir que toda denuncia por corrupción revela, en alguna medida, una auditoría que no se hizo a tiempo.

La necesidad concreta, hoy, no es únicamente cómo castigar después, sino cómo controlar antes.

En las democracias contemporáneas hemos naturalizado una situación que debería alarmarnos: la ciudadanía suele conocer los resultados de una mala gestión únicamente cuando aparece el escándalo. Sin embargo, rara vez dispone de herramientas sencillas para evaluar de manera permanente a quienes administran recursos públicos. Ver de manera transparente la idoneidad de cada persona que ejerce una función pública. No se trata de los leales o los punteros, los panqueques que chapean territorio, los gerentes de la pobreza que intentan volver.

Quizás haya llegado el momento de recuperar una vieja tradición republicana y adaptarla a la era digital.

Si la transparencia consiste en publicar información y la participación ciudadana consiste en intervenir en los asuntos públicos, todavía falta un tercer escalón: la auditoría ciudadana.

De esa idea surge Audit.ar.

No como una simple aplicación informática sino como una plataforma republicana capaz de establecer estándares de nivel y, en cumplimiento de estos requisitos, incorporar y controlar los portales de transparencia de la Nación, las provincias y los municipios. Un espacio donde cualquier ciudadano pueda acceder a presupuestos, contrataciones, indicadores de gestión, declaraciones patrimoniales, informes de organismos de control y solicitudes de acceso a la información. Que nadie diga que la autonomía consiste en escapar al control. Por el contrario, la correcta gestión de los recursos públicos se honra de esta manera, porque el precio de la libertad es su eterna vigilancia.

Audit.ar será una herramienta para auditar de manera directa, garantizando el derecho a solicitar informes sobre el estado del Estado. Democratizar el sistema permitiendo que el ciudadano común acceda y supervise la gestión. 

Porque la memoria institucional es uno de los bienes más escasos de la democracia argentina. En una era de la imagen y el instante, la memoria está desvalorizada, pero sigue siendo el garante de los valores que elegimos al votar. Lo planteamos un año antes de las elecciones, para salir del círculo vicioso de populismo alternado con ajuste. Porque los ciudadanos no podemos seguir viendo cómo, cada cuatro años, derribamos los cimientos y caemos de nuevo al abismo. 

Audit.ar retomará el “juicio de residencia”. Al finalizar su mandato, los funcionarios deben someterse a una evaluación pública de su desempeño. Su gestión es examinada bajo parámetros de honestidad, eficiencia y eficacia de la función ejercida. También puede transparentar la idoneidad de una persona para ejercer un cargo, antes de que lo asuma. No se trata únicamente de la capacitación académica sino de la idoneidad moral, la capacidad de representación ciudadana de un político (ya que algunos legisladores juran por otro país, por ejemplo de un hecho que debería escandalizarnos).

La idea que sustenta el procedimiento es simple y poderosa: el poder no pertenece a quien lo ejerce sino a quien lo delega. Y el poder delegado debe ser auditado, porque no es un all inclusive de privilegios a costa del que produce, trabaja, paga impuestos escondidos en facturas y tickets. No es un vale todo ni un vamos por todo.

Las democracias modernas crearon un laberinto de complejos organismos de control, tribunales de cuentas y sistemas administrativos especializados. Pero “hecha la ley, hecha la trampa”, como sucede en Córdoba con las Agencias provinciales que escapan al control del Tribunal de Cuentas. En estos casos, el gobierno no audita o se audita a sí mismo, mientras la ciudadanía perpleja se pregunta quién audita al auditor… o queda relegada al papel de espectadora. El laberinto es casi perfecto.

La democracia indirecta necesita representación, pero también necesita control.

Necesita ciudadanos, no súbditos ni espectadores.

Existe además un error conceptual muy extendido: asociar auditoría con persecución.

Una auditoría bien realizada nos previene, como un chequeo de salud institucional. Detecta errores, advierte desviaciones, alerta dónde es necesario plantear una manera diferente de gestionar para evitar pérdidas millonarias y corregir procedimientos antes de que produzcan daños.

Por eso, toda auditoría eficiente representa también una forma de ahorro público. Cada peso recuperado mediante un control oportuno evita miles de pesos gastados en litigios y procesos judiciales.

La transparencia no es un gasto. Es una inversión.

Auditar cuesta menos que investigar.

Investigar cuesta menos que juzgar.

Y juzgar cuesta menos que convivir con la impunidad.

Audit.ar será una forma de juicio de residencia permanente adaptado a la sociedad digital, no para estigmatizar sino para garantizar la memoria de quien es quien en el Poder. Por lo cual, Audit.ar ayudará a combatir la circulación masiva de información falsa.

De esta manera se finaliza con la lógica del escándalo permanente que perjudica a personas que ejercen la función pública tanto como a dichas funciones. Los ciudadanos necesitan saber cuándo existe corrupción, pero también necesitan herramientas para distinguir entre una irregularidad comprobada y una acusación infundada.

Audit.ar será una plataforma de verificación pública basada en documentos oficiales, informes de auditoría, declaraciones patrimoniales, ejecuciones presupuestarias y respuestas institucionales verificables.

Su objetivo no sería producir relatos ni interpretaciones, sino ofrecer evidencia.

Porque la transparencia protege a la sociedad frente a los corruptos, pero también protege a los funcionarios honestos frente a la difamación.

La mejor respuesta frente a fake news es la información verificable. Cuando los datos son accesibles, trazables y públicos, las operaciones encuentran menos espacio para prosperar y la ciudadanía puede formar opinión sobre hechos y no sobre rumores.

Lo esperanzador es que las herramientas ya existen.

Audit.ar no conjetura una sociedad gobernada por la sospecha: Diseña una sociedad sostenida por la evidencia.

Una democracia donde la transparencia sea una práctica cotidiana. Donde la memoria tenga más valor que la propaganda. Donde el ciudadano no aparezca solamente el día de la elección, sino que participe de manera permanente en el seguimiento de los asuntos públicos.

Porque el poder no se fortalece cuando deja de ser controlado sino cuando rinde cuentas. Entonces, la participación reduce el fanatismo para reconstruir la confianza entre ciudadanos e instituciones.

 

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