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¿Cuánta resistencia hay en el derecho?

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Por Thomas Lobinger y Marc-Philippe Weller.

El derecho civil organiza la convivencia y garantiza la libertad individual. Así contribuye a defender el Estado de derecho.

La capacidad de nuestro Estado de derecho para resistir los intentos extremistas de desfigurarlo se discute desde antes del éxito electoral de Alternativa para Alemania (AfD) en Sajonia-Anhalt. El debate suele girar en torno a cuestiones de derecho público, como el procedimiento de prohibición de partidos, su financiamiento, las reglas para elegir y nombrar jueces o el cumplimiento del deber de lealtad constitucional de los funcionarios. A primera vista, el derecho privado parece desempeñar un papel menor.

Esa impresión engaña. Como «constitución de la sociedad» establecida por la legislación ordinaria, el derecho privado determina cuánto espacio hay para la libertad en una comunidad y hasta dónde se protegen la dignidad y los derechos de la personalidad en el trato cotidiano. Eso basta para convertirlo en objeto de deseo de las fuerzas políticas decididamente iliberales que aspiran a transformar el Estado y la sociedad. Además, la libertad contractual abre posibilidades de acción que, combinadas con el poder económico, pueden servir tanto para impulsar proyectos extremistas como para combatirlos. Por eso vale la pena examinar el papel del derecho privado en la defensa de un orden fundado en la libertad y el Estado de derecho.

Hay dos maneras de abordar el problema desde el derecho privado sustantivo. La primera, en el plano general, se pregunta por la resiliencia del propio sistema. ¿Hasta qué punto resiste el derecho privado los intentos de deformarlo si su propósito es permitir, mediante la libertad contractual y el reconocimiento de derechos subjetivos, que las personas se relacionen con autonomía y preserven su integridad, sobre la base de la igual dignidad, libertad y capacidad jurídica de todas ellas? La segunda se pregunta por la resiliencia que el sistema hace posible en las relaciones concretas. Aquí importan tanto los riesgos de concentración de poder que nacen dentro del propio derecho privado como las herramientas que este ofrece a las personas para defender su vida privada, sus relaciones comerciales y la sociedad en su conjunto frente a influencias extremistas.

Al pensar en la resiliencia del sistema, lo primero que viene a la mente son las intervenciones legislativas. Pueden ser puntuales, como un retroceso en la Ley General de Igualdad de Trato (AGG), o llegar al extremo de reorientar todo el derecho privado mediante un nuevo código civil que sustituya al Código Civil alemán (BGB). El régimen nazi fracasó en su intento de crear un «Código del Pueblo» basado en su ideología, pese al trabajo que impulsó la Academia de Derecho Alemán bajo la dirección de Justus Wilhelm Hedemann.

La República Democrática Alemana llegó más lejos. El 1 de enero de 1976, su código civil de orientación socialista sustituyó al BGB, que hasta entonces seguía vigente. El ordenamiento privado tendría hoy escasos recursos propios frente a intervenciones legislativas de ese tipo que atenten contra la libertad o desconozcan la igualdad. Su defensa dependería de normas de jerarquía superior. Cuando se trate de legislación que incorpora el derecho de la Unión Europea, como la AGG, los límites vendrían sobre todo de las directivas de igualdad de trato en las que se apoya y de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, siempre que Alemania siguiera siendo miembro de la Unión.

En el ámbito del derecho privado estrictamente nacional, esa protección solo podría venir de la Ley Fundamental. Las reformas a la legislación ordinaria tendrían que ajustarse, entre otras, a las garantías constitucionales de la dignidad humana, del derecho general de la personalidad, de la igualdad jurídica, de la propiedad y del derecho de sucesiones. También deberían respetar la libertad de asociación, la libertad profesional y la libertad contractual como manifestación de la libertad general de actuar.

A las posibles deformaciones legislativas, que llegan «desde afuera», se suman otras igualmente amenazantes «desde adentro». El texto de las normas puede seguir intacto mientras su aplicación cambia radicalmente por razones político-ideológicas. Bernd Rüthers estudió lo ocurrido durante el nacionalsocialismo en una tesis de habilitación tan valiente en su momento como decisiva para la disciplina, La interpretación ilimitada, cuya primera edición apareció en 1968.

La advertencia más contundente quizá siga siendo la fórmula con la que Karl Larenz, en 1935, pervirtió la capacidad jurídica de toda persona que el Código Civil daba por sentada. «Solo es miembro de la comunidad jurídica quien pertenece a la comunidad del pueblo, y solo pertenece a ella quien es de sangre alemana». Incluso al margen de intervenciones tan radicales, el Código es vulnerable por la cantidad de conceptos que dejan margen a la valoración de quien interpreta, como la contrariedad a las buenas costumbres o el principio de buena fe.

Hoy, la principal defensa frente a la infiltración de criterios ideológicos o morales consiste en dar contenido concreto a esos conceptos a partir del orden de valores que expresan los derechos fundamentales. Esa vía no viene impuesta de manera inexorable y, cuando corresponde ponderar bienes contrapuestos protegidos por esos derechos, sigue habiendo un margen considerable de decisión. La resiliencia frente a las deformaciones internas exige, sobre todo, rigor en el método jurídico y una disposición particular de quienes tienen a su cargo la determinación del derecho aplicable.

Al aplicar el derecho deben quedar al margen tanto las preferencias políticas propias como las que en un momento dado gozan de aceptación o se pretenden imponer mediante presiones externas. En el plano teórico, la primera tarea consiste en reconstruir deliberadamente el sentido originario de la norma aplicable. Su desarrollo ulterior, por ejemplo mediante analogías o restricciones del ámbito de aplicación, debe partir del sentido que se haya identificado y guiarse por el principio de tratar igual lo que es igual. En la práctica, hace falta atenerse a los hechos y examinarlos con la mayor objetividad posible.

Sigue abierta la pregunta de si un derecho privado que aún conserva su integridad puede frenar los intentos extremistas de transformar la sociedad en un sentido iliberal. El reconocimiento de espacios de libertad individual y de la autonomía para configurar las propias relaciones jurídicas no garantiza por sí solo una libertad efectiva aproximadamente igual para todos. El sistema entraña sus propios riesgos de concentración de poder. Cuando una parte carece de alternativas y renunciar al contrato no es viable, la libertad contractual puede pasar de ser un medio de autodeterminación recíproca a convertirse en una imposición unilateral. También puede usarse la libertad contractual formal para constituir carteles, dominar mercados y excluir competidores.

El ordenamiento privado alemán ha aprendido a responder a algunos de esos riesgos. La jurisprudencia y la doctrina desarrollaron el control de las condiciones generales de contratación mucho antes de que se lo regulara por ley en 1976. En materia de carteles y abuso de posición dominante, en cambio, su desempeño fue muy distinto. El Tribunal del Reich consideraba que los carteles eran, en principio, lícitos. Hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, Alemania era conocida como el país de los carteles por excelencia. La situación solo cambió con las medidas de desmantelamiento adoptadas por los Aliados y, finalmente, con la ley alemana contra las restricciones a la competencia y las disposiciones sobre la materia del Tratado de la Comunidad Económica Europea, que entraron en vigor en 1958.

La tarea de prevenir la concentración de poder económico y su uso estratégico al servicio de intereses políticos extremistas recae, por lo tanto, principalmente en el derecho regulatorio. Frente a los riesgos específicos de los mercados digitales, la Unión Europea ha ampliado considerablemente ese marco con el Reglamento de Mercados Digitales y el Reglamento de Servicios Digitales. Como esas reglas se aplican con un criterio neutral basado en el tamaño de los operadores, también ponen límites al uso estratégico del poder económico para combatir el extremismo.

La continuidad de un orden democrático y libre depende, en última instancia, de quienes lo integran. Son los ciudadanos quienes deben defenderlo. En sus relaciones privadas pueden hacerlo ejerciendo la autonomía que el derecho les reconoce. Cuando ese ejercicio surte efecto, cabe hablar de resiliencia propiciada por el derecho privado. Cada persona es libre de decidir si quiere hacerlo y de qué modo. Karl Popper ofrece un criterio para esa decisión. «Si no estamos dispuestos a defender una sociedad tolerante frente a los ataques de la intolerancia, los tolerantes serán destruidos y la tolerancia con ellos».

La autonomía privada se apoya en varias libertades que ofrecen a las personas distintas herramientas de acción. Entre ellas están la libertad contractual, la libertad de disponer de la propiedad y la libertad de asociación.

La libertad contractual comprende también la de abstenerse de contratar con una persona. Es la dimensión negativa de esa libertad. Admite «decisiones arbitrarias», en palabras de Werner Flume, que no requieren justificación. En principio, los particulares pueden negarse a contratar con actores antidemocráticos. La AGG tampoco protege frente a la discriminación por opiniones políticas. Los mandatos constitucionales de igualdad de trato del artículo 3 de la Ley Fundamental carecen de efecto directo en el derecho privado. Pueden darse excepciones cuando un operador tiene un monopolio o cuasimonopolio sobre bienes de importancia vital.

Una forma de desvincularse de una contraparte extremista después de haber contratado consiste en ejercer facultades unilaterales, como impugnar el contrato, resolverlo o ponerle fin. La procedencia de cada vía depende, entre otras cosas, de los intereses en juego. En los contratos que se celebran para atender intereses ajenos, quien asume ese encargo tiene un deber de lealtad especialmente intenso, por lo que el cliente puede poner fin al vínculo con facilidad. Así, los contratos de servicios jurídicos y de tratamiento médico pueden darse por terminados en cualquier momento y sin expresión de causa. También se puede dar marcha atrás en una invitación a dar una conferencia, incluso si su anuncio desató una controversia mediática por la identidad del invitado. Las conferencias son obras intelectuales y quien cursó la invitación no está obligado a realizar el acto.

En los contratos de intercambio de la vida cotidiana, como los de compraventa, suministro o locación, solo excepcionalmente es posible desvincularse por motivos políticos. La posición política de la contraparte, por regla general, no es un criterio de idoneidad ni una cualidad esencial en el tráfico jurídico que permita impugnar el contrato. Desde los años setenta se debatió en el ámbito del empleo público si una «convicción política radical» revelaba falta de fiabilidad personal y ponía en riesgo el cumplimiento del contrato. La tesis ya entonces resultó poco convincente y no prosperó.

El deber de «lealtad política» que existe en el régimen de los funcionarios públicos es ajeno al derecho privado. En un contrato en curso, la actividad extremista solo puede constituir en casos excepcionales una infracción del deber de consideración hacia la otra parte, por ejemplo si pone seriamente en riesgo su reputación. Si resulta irrazonable exigir que el vínculo continúe, cabe ponerle fin unilateralmente. Así se entendió en el caso de un contrato de transporte en colectivo, porque llevar a un grupo de neonazis amenazaba con causar un daño considerable a la reputación pública de la empresa.

En principio, el propietario decide libremente a quién permite entrar en su inmueble. La jurisprudencia reconoce excepciones para los establecimientos abiertos al público que resultan esenciales para participar en la vida social. Fuera de esos supuestos, es posible negar el acceso a actores extremistas. El Estado tiene un deber de neutralidad política, por el que los municipios deben poner sus salones a disposición de todos los partidos. Los particulares, en cambio, pueden dispensar un trato diferente por razón de las opiniones políticas.

Si ya existe un contrato que confiere el derecho de entrada, como el de alojamiento en un hotel o el de afiliación a un gimnasio, se restringe la facultad posterior del titular de decidir sobre el acceso y la permanencia. Un hotelero no podría expulsar a un huésped a voluntad, aun si al llegar a la recepción resulta ser una figura destacada de la Nueva Derecha. Necesitaría una causa justificada para dar por terminado el contrato, que solo se configuraría si se altera el funcionamiento del establecimiento, por ejemplo mediante agresiones verbales o la difusión de consignas extremistas.

En el derecho de asociaciones y sociedades se pueden adoptar medidas jurídicas preventivas frente a miembros políticamente extremistas. La Confederación Olímpica Alemana de Deportes se ha pronunciado recientemente contra los «actores antidemocráticos» ante el riesgo de que integrantes de grupos extremistas se infiltren en los clubes. Por eso recomienda a las entidades afiliadas que desarrollen herramientas frente a actitudes y conductas antidemocráticas. Entre ellas figuran la mediación, las multas, la prohibición de ingresar a las instalaciones y la de entrenar con jóvenes.

La libertad de asociación permite incorporar a los estatutos cláusulas sobre extremismo que determinen en qué condiciones se puede admitir o excluir a un miembro. Una entidad también puede excluir unilateralmente a un miembro sin una cláusula de ese tipo, aunque en ese caso rige una exigencia más estricta: debe existir una causa justificada. La conducta cuestionada tiene que guardar una relación concreta con la asociación o la empresa. Ese vínculo falta, por ejemplo, cuando pequeños accionistas o miembros de una asociación expresan posturas extremistas en su vida privada sin consecuencias para la entidad.

Las normas vigentes del derecho privado, por sí solas, son insuficientes frente a los intentos extremistas de deformarlo o de hacer un uso abusivo de él. Se necesita la protección de normas de jerarquía superior y el complemento del derecho regulatorio. Sobre todo, hacen falta juristas firmes y rigurosos en su método. Si se preserva la integridad del derecho privado, corresponde a los miembros de la sociedad ejercer con responsabilidad las libertades que este les reconoce. De ese modo pueden defender su entorno, sus actividades económicas y los demás ámbitos de la vida colectiva que contribuyen a configurar frente a influencias extremistas que procuran restringir la libertad, excluir a otros y apropiarse de esos espacios.

Fuera de los casos extremos y más allá de las preferencias individuales, decidir cuándo «cerrar las compuertas» seguirá siendo difícil. Formar burbujas sociales con los instrumentos del derecho privado supone romper vínculos y arriesgarse, con ello, a perder también oportunidades de integración. Difícilmente eso contribuya a sostener un orden democrático, libre y fundado en el Estado de derecho.

Thomas Lobinger es catedrático de Derecho Civil, Laboral y Comercial en la Universidad de Heidelberg. Marc-Philippe Weller es director en el Instituto de Derecho Privado y Económico Extranjero e Internacional de la misma universidad.

Publicado originalmente como «Wie viel Widerstand steckt im Privatrecht?», en la sección Staat und Recht de Frankfurter Allgemeine Zeitung, n.º 228, 1 de octubre de 2026, p. 7. Traducción del alemán para Fuga.

 

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