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El bienestar del pueblo

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Por Fernando Crivelli Posse.

“El bienestar del pueblo, en particular, ha sido siempre la coartada de los tiranos.”
 Albert Camus.

Pocas expresiones tienen tanta fuerza como el bienestar del pueblo. Casi todo proyecto político afirma perseguirlo, y difícilmente podría ser de otro modo: gobernar carecería de sentido si no buscara mejorar la vida de la sociedad. El problema comienza cuando una finalidad legítima se transforma en una autorización para ampliar el poder. Camus lo advirtió con crudeza: el bienestar del pueblo puede convertirse en la coartada de los tiranos. No porque procurar el bien común sea incorrecto, sino porque quien pretende decidir por todos qué significa vivir bien puede terminar reclamando también el derecho de decidir cuánto debe sacrificar cada persona para alcanzarlo.

Nuestra Constitución ofrece una respuesta especialmente valiosa a esa tensión. El Preámbulo ordena “promover el bienestar general”, pero en la misma frase dispone “asegurar los beneficios de la libertad”. No enfrenta ambos principios: los une. Después reconoce derechos a trabajar, comerciar, peticionar, circular, expresar ideas, asociarse, enseñar, aprender y disponer de la propiedad, al mismo tiempo que incorpora derechos laborales, seguridad social y protección de la familia. La Constitución no imagina al individuo abandonado frente a sus necesidades, pero tampoco autoriza al Estado a reemplazar su voluntad.

El artículo 19 profundiza esa idea al reservar una esfera de la vida privada fuera de la autoridad de los magistrados mientras no se perjudique a terceros. Allí aparece una concepción profundamente liberal: el ciudadano no existe porque el poder le conceda permiso para hacerlo. Posee una autonomía que debe ser respetada. El Estado puede reglamentar derechos, pero no desnaturalizarlos; puede perseguir delitos, pero debe respetar garantías; puede intervenir por razones de interés público, pero dentro de reglas. La finalidad puede ser colectiva; la persona nunca deja de ser sujeto de derechos.

Sin embargo, una parte importante de la historia política consiste precisamente en olvidar esa diferencia. El poder rara vez reclama mayores facultades diciendo que simplemente desea gobernar sin obstáculos. Lo hace en nombre de algo superior: justicia, seguridad, igualdad, orden, libertad, crecimiento o emergencia. Muchas de esas razones pueden ser legítimas y algunas circunstancias requieren decisiones difíciles. El problema comienza cuando la excepción deja de ser transitoria y empieza a convertirse en costumbre.

Entonces aparece una inversión silenciosa. El bienestar deja de ser la finalidad que debe orientar al poder y comienza a utilizarse como argumento para justificarlo. Se pide aceptar hoy una restricción porque mañana habrá más libertad; tolerar una arbitrariedad porque después llegará la justicia; resignar una garantía porque la urgencia no permite detenerse demasiado en los límites. El peligro comienza cuando el poder nos pide vulnerar hoy los principios que promete realizar mañana.

Existe además otra deformación más difícil de advertir: convertir al “pueblo” en una voluntad única. Una sociedad real está formada por millones de personas distintas, con proyectos, intereses, creencias y necesidades que no siempre coinciden. La democracia organiza esas diferencias; no debería borrarlas. Cuando un dirigente o movimiento comienza a presentarse como intérprete exclusivo del verdadero pueblo, quienes discrepan dejan de ser ciudadanos con otra opinión y pueden terminar tratados como obstáculos frente a una voluntad colectiva que alguien asegura representar.

Allí aparece una conocida tentación política. No consiste en atender las necesidades de quienes menos tienen ni en desarrollar políticas sociales, porque una República puede y debe hacerlo. La deformación aparece cuando la relación entre el liderazgo y una idea abstracta de pueblo pretende colocarse por encima de las instituciones, los derechos y los controles, y aquello que jurídicamente pertenece al ciudadano empieza a presentarse como un beneficio concedido desde el poder. En política: los principios son buenos mientras no estorban. (Pérez Reverte, “El mundo”, Octubre 2026).

Los derechos pueden convertirse entonces en favores, y los favores generan dependencia.

Una mirada liberal-republicana debería rechazar esa lógica sin caer en el extremo contrario. El Estado no necesita desaparecer para respetar la libertad. El artículo 14 bis demuestra que nuestra tradición constitucional reconoce obligaciones concretas en materia laboral y social. La cuestión fundamental es otra: una política pública debería ampliar la autonomía de las personas, no administrar indefinidamente su dependencia.

Tal vez allí esté la diferencia entre servir a un ciudadano y administrar a un súbdito. Un gobierno republicano debería aspirar a que las personas puedan ejercer sus derechos, progresar mediante su trabajo, estudiar, emprender, asociarse y construir sus proyectos de vida sin depender permanentemente de una voluntad política. No porque todos partan del mismo lugar ni porque las desigualdades desaparezcan espontáneamente, sino porque el objetivo último de una sociedad libre debería ser formar personas cada vez más capaces de decidir por sí mismas.

Por eso tampoco corresponde oponer bienestar y libertad. Una sociedad en la que millones carecen de condiciones mínimas para desarrollar su autonomía tiene un problema serio; pero también lo tiene aquella que ofrece protección a cambio de dependencia. Nuestra Constitución intenta escapar de ambos extremos: reconoce derechos individuales y sociales, igualdad, propiedad, garantías y límites al poder dentro de una misma arquitectura.

Camus agregaba que, si realmente se desea la felicidad del pueblo, habría que permitirle expresar qué felicidad quiere y cuál rechaza. Allí se encuentra quizá el corazón de la cuestión. El bienestar no puede consistir en que el poder elija por nosotros la vida que deberíamos considerar buena. Gobernar debería significar crear las condiciones para que personas libres puedan construirla por sí mismas.

Ese principio puede servir para cualquier gobierno, cualquiera sea su orientación: menos tentación de interpretar al pueblo y mayor disposición a escucharlo; menos necesidad de presentarse como imprescindible y más capacidad para construir instituciones que sigan funcionando cuando cambien sus autoridades; menos beneficios dependientes de decisiones políticas y más derechos que puedan ejercerse sin pedir permiso.

Quizá por eso el Preámbulo habla de promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad. Quitar cualquiera de las dos partes rompe el equilibrio. El bienestar sin libertad puede convertirse en tutela; la libertad sin condiciones mínimas de dignidad puede terminar siendo apenas una promesa.

Pero queda una cuestión todavía más incómoda.

Hasta aquí hemos observado al poder hablando en nombre del pueblo. ¿Qué ocurre cuando es el propio pueblo el que empieza a exigir respuestas simples, certezas inmediatas y dirigentes que decidan por él? ¿Qué sucede cuando el ciudadano deja de deliberar, de dudar y de pensar por sí mismo, y comienza a encontrar más seguridad formando parte de una voluntad colectiva que le señala rápidamente quién tiene razón y quién debe ser culpado?

Entonces el problema ya no está solamente arriba.

La democracia puede comenzar a degradarse también desde abajo, cuando la mayoría deja de entenderse como una suma de ciudadanos libres y empieza a sentirse dueña de una verdad superior simplemente porque es mayoría.

Y llega un momento en que el poder ya no necesita imponer desde arriba aquello que una multitud está dispuesta a exigir desde abajo.

Ese fenómeno tiene un nombre antiguo.

Y quizá nunca haya sido tan actual.

Continuará… 

 

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