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El proceso heredado

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Por Adalberto del Valle Ponce.

«El hombre es lo que hace con lo que hicieron de él».
—Jean-Paul Sartre

Como ciudadano de Tucumán, me parece necesario mirar de cerca a la Policía de mi provincia. Me interesa lo que hace en la calle, pero también lo que aprende como institución y como comunidad. Para eso quiero detenerme en la Ley Provincial 5140 de Contravenciones Policiales. ¿De dónde viene esa ley? ¿Qué idea de la seguridad la sostiene? ¿Cómo se aplica en la vida cotidiana?

La ley fue sancionada en enero de 1980, durante la última dictadura. La Legislatura tucumana todavía la registra como vigente, con modificaciones. Entre las muchas consecuencias que nos dejó el Proceso de Reorganización Nacional, y en nuestra provincia también el Operativo Independencia, me interesa discernir hasta qué punto sus huellas siguen arraigadas en una institución que debería velar por nuestra seguridad.

Me impresiona el desconcierto que puede causar, dentro de la propia fuerza, señalar que alguna de sus maneras de actuar viene de ese pasado. ¿Cómo llega alguien a repetir una práctica sin reconocer de dónde viene? Quizá porque, con el tiempo, lo que empezó como una forma de actuar en determinadas circunstancias termina por ser, para quienes la aprenden, la manera habitual de relacionarse con la gente.

Pienso en el «trencito», como se le dice en la jerga al patrullero que recorre los barrios más desfavorecidos «levantando» contraventores. Al poner esa imagen junto a las prácticas represivas de los setenta, me pregunto si una forma de seleccionar a quién se detiene pudo sobrevivir cambiando de criterio. Entonces pesaba la identificación política. Hoy, ¿cuánto pesa el barrio en el que a uno lo encuentran?

Cuando digo «comunidad policial», me refiero a algo a lo que cada miembro de la fuerza pertenece por el solo hecho de ser policía. Hay una forma de comunicarse, unas costumbres y una manera propia de entender lo que ocurre en la calle. Tomo prestada de Carl Jung la idea del inconsciente colectivo para pensar cómo se transmite todo eso. Hay prácticas que nadie necesita enseñar de manera explícita. Quien entra en la fuerza ve cómo actúan los demás y aprende qué se considera normal mucho antes de preguntarse por qué.

El caso Núñez muestra qué puede pasar cuando esa manera de actuar se cruza con las facultades que otorga la ley. En 2004, la Policía tucumana detuvo a un joven de diecinueve años por una presunta alteración de la tranquilidad en la vía pública. La misma fuerza instruyó el expediente y, por medio de su jefe, le impuso seis días de arresto o una multa. En 2010, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó sin efecto la sentencia apelada al considerar que el procedimiento había vulnerado, en ese caso, el derecho de defensa y la libertad del joven.

Cuando hablo de un «poder judicial paralelo», pienso en esa acumulación de facultades. Si la misma institución que detiene a una persona reúne las pruebas y decide la sanción, ¿ante quién puede defenderse esa persona?

Por eso me parece imperioso revisar cómo se aplican las contravenciones en Tucumán. La revisión empieza con preguntas concretas. ¿Por qué se detiene a una persona? ¿Quién controla esa decisión? ¿En qué momento puede defenderse? Lo que ocurra entre la calle y la comisaría nos dirá cuánto queda, en nuestra forma de entender la seguridad, del proceso que heredamos.

 

Adaptado de un trabajo presentado en las Interescuelas de Filosofía del Derecho, en el eje Derecho y Política.

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