por Lucas Gabriel Nagle.

En una decisión esperada por el sector agroexportador, el Gobierno nacional oficializó este jueves la prórroga de la reducción de retenciones para el trigo, la cebada y algunos de sus derivados. La medida, que vencía el 30 de junio, seguirá vigente hasta el 31 de marzo de 2026, aunque con una lista de productos más limitada que la anterior. 

El anuncio se hizo mediante el Decreto 439, publicado en el Boletín Oficial. Esta prórroga es una continuación del beneficio que se había implementado originalmente en enero de este año a través del Decreto 38, pero ahora se acota únicamente a algunas posiciones arancelarias (NCM) relacionadas con esos dos cultivos.

Cambios en la liquidación de divisas

Además de la extensión del plazo, el nuevo esquema incorpora modificaciones importantes en la forma en que los exportadores deben ingresar las divisas al país. A partir del 1 de julio de 2025, quienes exporten estos productos tendrán que liquidar al menos el 90% de las divisas dentro de los 30 días hábiles posteriores a la presentación de la Declaración Jurada de Venta al Exterior (DJVE). 

Esto representa una flexibilización respecto al esquema anterior, que exigía liquidar el 95% en solo 15 días para acceder al beneficio. Si bien para algunos actores del sector sigue siendo insuficiente, otros ven esta medida como un paso en la dirección correcta.

Qué pasa si no se cumple con el ingreso de divisas

El decreto establece que quienes no cumplan con los nuevos plazos perderán automáticamente el beneficio de retenciones reducidas. En ese caso, deberán pagar la alícuota plena correspondiente a su producto, como si la rebaja nunca hubiera existido. Además, no podrán volver a utilizar este esquema preferencial hasta regularizar la situación. 

El beneficio solo se aplicará a las exportaciones que tengan DJVE o permisos de embarque oficializados entre el 1 de julio de 2025 y el 31 de marzo de 2026.

¿Por qué se toma esta decisión?

El objetivo del Gobierno es mantener incentivos para la exportación de productos agrícolas estratégicos, al tiempo que se busca dar más plazo para el ingreso de divisas en un contexto económico donde sostener las reservas es prioritario.

Junio récord de liquidaciones

El anuncio de que el beneficio vencía a fines de junio provocó un fuerte anticipo de operaciones en el sector agropecuario. Según estimaciones privadas y datos oficiales, el campo liquidó más de 2.000 millones de dólares durante el mes, un monto significativamente superior al promedio habitual. 

En la última semana de junio, el promedio diario de liquidación subió de 169 a 262 millones de dólares, con jornadas en las que se superaron los 700 millones. Fue, sin duda, uno de los meses con mayor ingreso de divisas del año. 

Solo en los últimos días del mes, se declararon ventas al exterior por más de 7,9 millones de toneladas de soja y maíz, el doble del promedio para esta época del año. Todo indica que los exportadores buscaron asegurarse los beneficios antes de que cambien las reglas.

Reacciones del sector

La confirmación de que el nuevo esquema será más acotado generó críticas en distintos sectores del agro. Desde la Bolsa de Cereales de Buenos Aires advirtieron que esto “afecta la previsibilidad comercial y desalienta inversiones en un contexto de alta incertidumbre”. 

La Sociedad Rural Argentina fue aún más directa: “Eliminar incentivos a la liquidación perjudica la competitividad del productor y debilita el ingreso de dólares genuinos que tanto necesita el país”. 

En la misma línea, la Federación de Acopiadores advirtió que la medida golpeará especialmente a los productores pequeños y medianos, ya presionados por altos costos y carga impositiva. 

Por su parte, desde la cámara de exportadores y aceiteras (CIARA-CEC), se alertó que esta decisión puede generar una baja en las ventas externas en lo que queda del año y un posible aumento de precios internos. 

Finalmente, el Consejo Agroindustrial Argentino emitió un comunicado conjunto donde volvió a reclamar “reglas claras y previsibles a largo plazo”, advirtiendo que los constantes cambios de rumbo perjudican la confianza del mercado y restan competitividad al agro argentino frente a sus pares regionales.