Por Enrico Colombres.

La corrupción de cada gobierno comienza casi siempre por la corrupción de sus principios.

Montesquieu, El espíritu de las leyes.

Lo de Spagnuolo indigna, sí; escandaliza, también. Pero sorprender, ya no. Este caso se suma a la larga lista de episodios donde la política argentina vuelve a mancharse con la misma mugrosa mancha, la coima como lubricante del poder que veja a toda la sociedad. Una práctica clandestina pero pública, aceptada con resignación, como si fuera parte del ADN nacional. Lo grave no es solo el hecho en sí, sino lo que revela, un sistema que parece no poder funcionar sin el soborno como moneda corriente.

La situación judicial de Spagnuolo sigue un libreto que todos conocemos, causas que se abren con fuerza, promesas de llegar al fondo, expedientes que se convierten en laberintos y resoluciones que se diluyen en el aire. La justicia argentina carga con un descrédito enorme porque demasiadas veces su accionar estuvo atado a intereses políticos o corporativos. Así, más allá de cómo termine este caso, el daño ya está hecho: la percepción social es que nada cambia y todo seguirá igual.

La corrupción en Argentina tiene una línea histórica dolorosa. En los noventa, el caso IBM–Banco Nación (1994) estalló con 37 millones de dólares en sobornos para adjudicar contratos informáticos. Fue un escándalo internacional con repercusión mediática, pero consecuencias judiciales mínimas. Apenas un año después, en 1995, apareció el episodio de las coimas en el Senado durante el gobierno de De la Rúa; sobornos a legisladores para aprobar la reforma laboral. Tras casi dos décadas de idas y vueltas judiciales, en 2013 todos los acusados fueron absueltos.

En 2003, la causa Skanska inauguró los escándalos de la era kirchnerista, la empresa sueca reconoció haber pagado coimas por contratos de gasoductos, pero el expediente se cerró en 2011 sin condenas de peso. En 2018, los cuadernos del chofer Centeno revelaron un entramado de empresarios y funcionarios que movieron millones en sobornos durante años. Imágenes de bolsos y arrepentidos prometieron una catarsis nacional, pero todo terminó empantanado en disputas procesales.

Cada década ofrece su propio escándalo, desde las privatizaciones de los noventa hasta los sobreprecios en la obra pública de los 2000 y 2010, pasando por negociados recientes en contrataciones y concesiones. La película siempre es la misma; estalla el escándalo, se promete llegar hasta el final y lentamente todo se diluye en la nada. La repetición de este ciclo desgasta no solo a la política y a la justicia, sino a la propia sociedad, que se acostumbra a la indignación efímera, casi como si formara parte del calendario nacional.

Pero lo verdaderamente grave es que la coima no se reduce a un problema de funcionarios. Es una práctica cultural que atraviesa todos los estratos sociales. El empresario que paga para asegurarse un contrato, el comerciante que arregla con el inspector, el automovilista que desliza un billete en un control policial, el contribuyente que busca un gestor para acelerar un trámite: todos alimentan la gran corrupción política. La política es el espejo de la sociedad. Si justificamos el pequeño arreglo, no podemos sorprendernos cuando los funcionarios reproducen esa lógica a gran escala. La indignación ante la coima millonaria pierde fuerza cuando convivimos en silencio con la coima diaria.

El caso Spagnuolo obliga a mirar de frente esa hipocresía, nos indignamos cuándo un funcionario cobra millones, pero justificamos la coima pequeña porque nos facilita la vida. La corrupción grande y la chica forman parte de un mismo ecosistema. Es cómodo pensar que el problema es exclusivo de la política, porque así nos mantenemos cómo víctimas indignadas. Lo difícil es asumir que todos, en mayor o menor medida, hemos colaborado en sostener un sistema que privilegia el atajo sobre la norma, la trampa sobre la honestidad, la viveza sobre la justicia.

La justicia, por su parte, ha demostrado una y otra vez su ineficacia. El caso IBM–Banco Nación tardó más de 15 años en llegar a juicio con resultados casi nulos; las coimas en el Senado terminaron sin culpables; Skanska se diluyó en tecnicismos legales; los cuadernos de las coimas quedaron atrapados en discusiones procesales. Una justicia lenta equivale a impunidad; una justicia sometida equivale a complicidad. Y una justicia percibida como ineficaz erosiona la confianza ciudadana en el sistema democrático. La única salida posible es una justicia independiente, ágil y con sanciones claras que no permitan escapar por las hendijas de los procedimientos.

Las soluciones están sobre la mesa hace tiempo, controles transparentes, auditorías reales, acceso público a la información, participación ciudadana, educación en valores desde la infancia, incentivos a la honestidad y castigos ejemplares para quienes elijan la trampa. Pero ninguna de estas propuestas funciona sin decisión política real y voluntad social firme. Porque la corrupción no se sostiene solo desde arriba, también desde abajo. Y mientras la sociedad siga justificando las pequeñas coimas cotidianas, los grandes escándalos seguirán repitiéndose.

El caso Spagnuolo debería ser un espejo incómodo, como esos de feria, no solo muestra la miseria de un funcionario atrapado en prácticas corruptas, sino que refleja la hipocresía colectiva de un país que se indigna con la coima grande mientras convive en silencio con la coima chica. El problema no es un nombre propio, no es un partido ni un gobierno, es un sistema y una cultura del poder que se niegan a cambiar. Argentina no necesita un nuevo líder mesiánico que prometa honestidad desde arriba. Necesita una sociedad que la exija desde abajo, dispuesta a pagar el costo de decir no a la trampa aunque implique más esfuerzo y menos atajos.

La conclusión es dura, la coima no es un tumor aislado que pueda extirparse con una cirugía puntual, es la sangre que corre por las venas del sistema. Spagnuolo es apenas un síntoma. El verdadero cáncer es una cultura del poder que eligió convivir con la corrupción como si fuera inevitable. Y la pregunta incómoda queda flotando, ¿realmente queremos curarnos? Porque la corrupción no se sostiene por generación espontánea, sino porque siempre hay alguien dispuesto a pagar y alguien dispuesto a cobrar. Y mientras no nos animemos a romper esa cadena, este caso, como tantos antes, terminará siendo un capítulo más en la larga serie argentina de la impunidad.