Por Nadima Pecci.

La proliferación de falsas denuncias de género, fruto de la aplicación ciega de la llamada “perspectiva de género” en la justicia y en las leyes, ha destruido vidas y subvertido principios y garantías constitucionales básicas.

Desde hace décadas, la última ola del llamado feminismo ha encarado una batalla sin escrúpulos contra el varón. Lo que en su momento fue un movimiento justo de liberación de las mujeres —cuando verdaderamente eran oprimidas y discriminadas— se transformó en un revanchismo movido por el resentimiento y el lucro.

Así, lo que empezó como una causa legítima se convirtió en una cacería irracional. Como en el cuento del traje nuevo del emperador, nadie se atrevía a señalarlo, justamente porque la lucha original había sido genuina.

De pronto, cuestionar lo que dice una mujer se volvió tabú. La sola duda implicaba el escarnio público para quien osara levantarla. El péndulo se fue al extremo opuesto: pasamos de la opresión del machismo a la del feminismo. Las desigualdades persisten, sólo que cambiaron de destinatarios.

Y así como antes la palabra de la mujer no valía nada, ahora es incuestionable. ¿Es justo que sea así? ¿No era la lucha por la igualdad?

Paradójicamente, los mismos que pregonan esa igualdad —alcanzada por las mujeres hace años— son quienes hoy hacen un uso abusivo de normas que en su momento se pensaron para corregir desigualdades reales.

Nada de esto es inocente. No es sólo ideología. Hay detrás un negocio gigantesco de quienes viven de los cursos obligatorios, de las políticas de género y, sobre todo, de la industria de la falsa denuncia.

Hace unos días, en la Legislatura de Tucumán, se proyectó un video que expuso brutalmente esta realidad. En él, un abogado explicaba a un padre —que lo grababa con cámara oculta— cómo armar una denuncia de abuso, cómo manipular al menor para que dijera lo que él quisiera, llegando a afirmar textualmente: “si quiero, lo hago confesar que secuestró a Loan”. La indignación se apoderó de la sala. Ese registro desnudó lo que muchos venimos denunciando: que la perspectiva de género aplicada sin límites ha generado nuevas vulnerabilidades y alimentado el negocio de abogados, peritos, médicos y psicólogos inescrupulosos que lucran con lo más sagrado de una persona: sus hijos.

Algo es claro: la falsa denuncia puede alcanzar a cualquiera. No es un fenómeno marginal ni acotado a una edad. Hay niños acusados falsamente por sus propios compañeros. Tampoco es privativo de los hombres —aunque ellos son los principales afectados—: también hay mujeres víctimas de este flagelo. La falsa denuncia es transversal y terriblemente dañina.

Y el daño no es menor: destruye a quien es acusado injustamente, arrasa con su familia, con sus hijos, con sus vínculos, con su trabajo, con su dignidad. Y al mismo tiempo desprotege a quienes sí son verdaderas víctimas de violencia o abuso. Porque cuando todo es violencia, nada lo es. La justicia se inunda de causas sin sustento, desviando recursos de los casos que realmente los necesitan. Recordemos lo que pasó con el caso Lucio Dupuy, o en Tucumán con Paola Tacacho.

En una sociedad que vive pendiente de la viralización en redes sociales, el daño es inmediato y permanente. Al denunciado se le exige probar su inocencia —en contradicción con el principio de inocencia consagrado en la Constitución— y demostrar la inexistencia de un hecho, lo que viola el principio elemental de que “quien alega, prueba”. La duda razonable pareciera existir sólo para los casos de corrupción, que muchas veces reciben penas menores que las que recaen sobre los falsamente acusados de violencia de género.

El problema es que, aun cuando el denunciado logra demostrar su inocencia, el daño ya está hecho. Primero llega la condena social, que jamás se detiene a mirar un sobreseimiento. Luego viene la destrucción económica y moral, fruto de años de pelear contra un sistema perverso. Y finalmente lo más grave: el tiempo perdido. Tiempo perdido con los hijos. Tiempo perdido en lo económico. Tiempo perdido en la vida. Tiempo que no vuelve. Porque el tiempo es irrecuperable, y esa es la condena más cruel: que ningún fallo judicial puede reparar lo que el calendario ya se llevó.

El castigo para quien formula una falsa denuncia es prácticamente inexistente. Por eso se sigue utilizando: a veces como ventaja procesal para obtener beneficios patrimoniales; otras, como venganza contra la ex pareja, utilizando a los hijos como rehenes.

El relativismo ha vaciado los conceptos de violencia y de verdad. Hoy todo es violencia, la verdad se acomoda, y en ese terreno todo se vuelve negociable, incluso lo más sagrado.

Hoy, al menos, podemos hablar de esto. El tiempo ha permitido que muchos de aquellos niños manipulados para mentir —y que hoy son adultos— se animen a contar la verdad. Y así, poco a poco, se va desnudando una realidad brutal: la de vidas y familias destruidas por falsas denuncias. Historias de padres que nunca pudieron volver a ver a sus hijos. De hijos que fueron usados como herramientas de odio. De familias rotas por completo.

No es un problema menor ni aislado. Es un drama social de dimensiones enormes. Y mientras no se le ponga un límite, seguirá creciendo y dejando un tendal de víctimas invisibles, sin reparación posible.

“Violencia es mentir”, cantaban Los Redonditos de Ricota. Más claro, imposible.