por Federico Pelli.

Las recientes inundaciones en Tucumán han vuelto a poner sobre la mesa un problema que persiste desde hace décadas: la falta de previsión del Estado y la ineficacia de los mecanismos de seguridad. Una vez más, el caos generado por la emergencia climática derivó en saqueos y robos piraña, poniendo en evidencia la ausencia total de estrategias de prevención y respuesta.

No es casualidad que cada vez que Tucumán atraviesa una crisis, la situación se torne anárquica. Históricamente, la provincia ha desarrollado una preocupante «cultura del saqueo» en momentos de debilidad institucional. Lo vimos en 2013, cuando una sublevación policial dejó a la provincia sin resguardo y los saqueos arrasaron comercios y viviendas. Lo vemos cada vez que una tormenta severa genera inundaciones y abandono. Y lo vimos nuevamente en estos últimos días.

El problema no es nuevo, pero sigue sin abordarse con seriedad. Desde el martes pasado se sabía que una tormenta fuerte afectaría a Tucumán. Existía una alerta naranja, y aun así, la provincia no tomó medidas preventivas. No se evacuaron zonas vulnerables, no se acordonaron las calles que invariablemente se convierten en ríos, no se reforzó la seguridad en puntos críticos. La consecuencia fue la de siempre: calles inundadas, barrios aislados y delincuentes que aprovecharon el descontrol.

La falta de planificación es crónica. No se invierte en infraestructura, en capacitación de personal ni en logística para mitigar las crisis. La seguridad en Tucumán es pura improvisación. No existen protocolos claros de acción, y cuando la emergencia golpea, la respuesta es tardía o inexistente. El resultado es un escenario donde la población queda librada a su suerte.

Frente a este abandono estatal, los delincuentes encuentran el terreno propicio para actuar. El robo piraña, que consiste en ataques en grupo a una víctima o un comercio, es una modalidad que no ha desaparecido y que resurge en estos contextos de caos. No es que el delito aumente espontáneamente; es que, ante la falta de control, los grupos delictivos operan con total impunidad.

Lo sucedido en Tucumán también encuentra un paralelismo en Bahía Blanca. Allí, la ciudad volvió a inundarse, tal como ocurrió el año pasado. Con varios días de alerta meteorológica previa, ni el municipio ni la provincia actuaron para prevenir el desastre. La ayuda estatal llegó cuando la tragedia ya estaba en marcha. En ambos casos, el patrón es el mismo: improvisación, negligencia y abandono.

El problema radica en que el Estado no paga ningún costo por esta inacción. La emergencia se convierte en noticia por unos días y luego se diluye, hasta que una nueva catástrofe nos vuelve a encontrar igual de desprotegidos. Mientras tanto, la población es la que sufre las consecuencias y la que queda expuesta a la violencia y la inseguridad.

Si queremos una provincia y un país preparados para afrontar crisis climáticas y de seguridad, es imprescindible dejar atrás la improvisación y desarrollar políticas públicas serias. Prevenir no solo es más eficiente, sino también más económico que afrontar los daños una vez que la tragedia ya ha ocurrido.

Es hora de que las autoridades asuman su responsabilidad y dejen de mirar hacia otro lado. De lo contrario, seguiremos viendo la misma historia repetirse, una y otra vez.