Por Fernando Crivelli Posse.

“Farfolla: objeto o cosa de mucha apariencia y poca entidad.”

La semana pasada planteábamos que ninguna reconstrucción es posible sin cohesión. Que una sociedad no se recompone desde la economía ni desde la ingeniería institucional si antes no logra sostener un mínimo de reglas compartidas, expectativas comunes y una noción de destino colectivo. Ese era el punto de partida. Pero toda condición estructural necesita un mecanismo que la haga viable en la práctica. Y ahí aparece el problema central de la Argentina contemporánea: el sistema no solo ha dejado de producir cohesión, sino que ha aprendido a reemplazarla por una simulación sostenida en discursos que ya no tienen correlato con la realidad.

Esa simulación no es neutra. Está organizada. Y su principio operativo es la mediocridad.

No como accidente, ni como consecuencia inevitable de errores aislados, sino como criterio de funcionamiento. Porque donde el mérito real desaparece, lo que emerge no es el caos inmediato, sino algo más estable y más peligroso: un orden donde la mediocridad deja de ser una falla y pasa a ser una condición de equilibrio. Un sistema donde sobresalir incomoda, donde la excelencia desestabiliza y donde lo aceptable no es lo mejor posible, sino lo suficientemente funcional para que nada cambie demasiado.

En ese contexto, la meritocracia aparece como discurso compensatorio. Se la invoca con insistencia, se la presenta como horizonte moral, se la utiliza para explicar éxitos y fracasos individuales. Sin embargo, en la práctica, funciona como farfolla. Como una estructura que aparenta ordenar lo que en realidad encubre. Porque en Argentina el mérito no distribuye posiciones ni organiza resultados; cumple una función decorativa dentro de un sistema donde el ascenso depende, en gran medida, de la cercanía al poder, de la pertenencia a redes informales o de la capacidad de adaptarse a reglas que nunca terminan de explicitarse.

Este desajuste no es menor. Es lo que permite que la mediocridad se reproduzca sin fricción. La corrupción, en este esquema, no actúa como una desviación excepcional, sino como un mecanismo que garantiza la continuidad de ese orden. Permite asignar recursos sin criterios objetivos, sostener lealtades sin exigencia de desempeño y bloquear la competencia real sin necesidad de prohibirla. El clientelismo, por su parte, completa el circuito: sustituye la autonomía por dependencia y consolida una estructura donde la pertenencia vale más que la capacidad.

El resultado es un sistema cerrado sobre sí mismo, donde la mediocridad no solo sobrevive, sino que se protege.

Porque la mediocridad organizada tiene una lógica defensiva. Necesita evitar la comparación, diluir los estándares y relativizar cualquier criterio de excelencia. No puede permitirse reglas claras, porque las reglas claras exponen diferencias. No puede sostener evaluaciones consistentes, porque las evaluaciones consistentes ordenan jerarquías. Por eso tiende a reemplazar el rendimiento por la narrativa, la capacidad por la pertenencia y la responsabilidad por la excusa.

En ese entorno, el discurso meritocrático no corrige la distorsión: la legitima. Traslada la carga al individuo en un sistema que no le ofrece condiciones estables para que su esfuerzo tenga consecuencias previsibles. Se exige disciplina en un marco que no premia la consistencia. Se demanda capacidad en un esquema que prioriza la cercanía. Y se explica el fracaso como déficit personal cuando, en muchos casos, lo que falla es la estructura que debería ordenar la relación entre esfuerzo y resultado.

El efecto es corrosivo. No solo porque genera desigualdad, sino porque destruye el sentido mismo de la acción. Cuando el vínculo entre lo que se hace y lo que se obtiene se vuelve arbitrario, la inversión en esfuerzo pierde racionalidad. El horizonte de largo plazo se desvanece. Y en ese vacío, lo que emerge no es necesariamente la ilegalidad abierta, sino algo más profundo: la adaptación a la mediocridad como forma de supervivencia.

No porque falte talento. Sino porque el sistema castiga su despliegue.

De allí surge el conformismo. No como una elección ética, sino como una respuesta racional a un entorno donde intentar hacer las cosas bien no garantiza ningún resultado superior. La mediocridad, en este sentido, deja de ser una limitación individual y se convierte en una estrategia colectiva implícita. Una forma de reducir riesgos en un sistema que penaliza la diferencia más de lo que premia la excelencia.

El problema se agrava cuando esa lógica alcanza los niveles de conducción. Porque una estructura dirigida por la mediocridad no solo produce malos resultados: produce condiciones para que nada mejor pueda emerger. Selecciona por afinidad en lugar de capacidad, evita el conflicto con la ineficiencia y termina construyendo entornos donde lo excepcional es expulsado o neutralizado. Así, la mediocridad deja de ser un rasgo y se convierte en política.

Las consecuencias son visibles. Instituciones que no logran sostener estándares, políticas públicas que no alcanzan resultados, proyectos que no se completan o que nacen sin viabilidad real. No como producto de errores puntuales, sino como resultado de un sistema que no está diseñado para exigir ni para corregir. La corrupción, en este punto, no solo implica desvío de recursos; implica desvío de propósito. Define qué se hace, cómo se hace y para quién se hace, bajo criterios que poco tienen que ver con el interés general.

A medida que esta dinámica se prolonga, el daño deja de ser exclusivamente institucional y se vuelve cultural. La reiteración de la mediocridad como norma instala la idea de que exigir es inútil, que mejorar es irrelevante y que cumplir es opcional. La frase “todos roban” o peor aún “estos roban pero por lo menos hacen” sintetiza esa degradación: no como descripción precisa, sino como renuncia a diferenciar, a exigir y, en última instancia, a ordenar.

En ese clima, la sociedad no colapsa. Se acostumbra. Y ese acostumbramiento es el mayor triunfo de la mediocridad organizada: logra que su propia insuficiencia deje de percibirse como problema.

El resultado es un sistema que funciona en una doble capa. Una formal, donde las reglas existen y se declaran; y otra real, donde las decisiones responden a lógicas informales que nadie reconoce abiertamente pero todos comprenden. Esa brecha no genera una crisis inmediata. Genera algo más persistente: una erosión continua de la capacidad de organización colectiva.

Y sin organización, no hay cohesión posible.

Porque la cohesión no se sostiene en valores abstractos, sino en experiencias concretas de previsibilidad. Requiere que los individuos puedan anticipar que su conducta tendrá consecuencias dentro de un marco compartido. Cuando ese marco se diluye, cooperar deja de ser racional. Y cuando cooperar pierde sentido, la sociedad deja de ser un proyecto común para convertirse en una suma de trayectorias aisladas.

Frente a este escenario, el desafío no es discursivo. Es estructural.

Implica desarmar los mecanismos que hacen funcional a la mediocridad. Volver a establecer criterios donde la capacidad tenga consecuencias, donde el cumplimiento no sea opcional y donde la desviación deje de ser rentable. Supone, en términos concretos, reconstruir un entorno donde hacer las cosas bien no sea una excepción, sino la regla.

Sin eso, cualquier apelación al mérito seguirá siendo retórica. 

Farfolla.

Y una sociedad que pretende salir de la ruina sosteniendo mediocres —o peor, organizándose en torno a ellos— no está en transición.

Está en repetición. Ese es el punto en el que hoy nos encontramos.

Y también el punto a partir del cual, si existe decisión, podría empezar algo distinto.

Continuará…