Por Enrico Colombres. 

“La justicia es un instrumento del poder.”

— Michel Foucault.

Hay escenas que no necesitan relato porque se explican solas. Basta observarlas. Un funcionario público, en este caso el ex vocero presidencial, actual Jefe de Gabinete, sentado durante horas frente a diputados que le disparan preguntas sobre inconsistencias patrimoniales, gastos imposibles de justificar, movimientos financieros llamativos y un nivel de vida incompatible con sus ingresos declarados. Y él, inmóvil, casi pétreo, callado en lo esencial, refugiado en una respuesta que en la política argentina ya se volvió una contraseña, “eso lo resolverá la Justicia”.

Esa frase, repetida una y otra vez en nuestra historia institucional, nunca es inocente. No expresa necesariamente confianza en la independencia judicial. Muchas veces significa otra cosa, una certeza íntima de cómo funciona realmente el engranaje.

Porque si hay una constante histórica en Argentina, es la relación ambigua, funcional y muchas veces obscena entre la Justicia Federal y el Poder Ejecutivo de turno.

No es novedad. Es una estructura.

Y cuando el vocero presidencial se sienta a escuchar acusaciones sin responderlas de fondo, cuando se limita a sostener una postura técnica mientras el escándalo crece, lo que estamos viendo no es un acto de responsabilidad institucional. Estamos viendo a alguien que apuesta a un sistema que conoce. Un sistema donde la política y la Justicia han aprendido a convivir bajo reglas no escritas.

Lo verdaderamente impactante no fue la denuncia en sí. Fue la escena. El hombre allí, con una incomodidad visible, soportando cuestionamientos demoledores, mientras el respaldo político que al principio lo rodeaba se evaporaba con el correr de las horas. El presidente estuvo, acompañó, marcó presencia simbólica. El gabinete también. Pero luego se retiraron. Y quedó solo.

Eso dice mucho.

Porque el poder en Argentina es solidario mientras conviene, pero profundamente pragmático cuando la figura empieza a erosionarse.

La soledad del funcionario cuestionado es casi un rito de paso. Primero se lo exhibe como escudo. Después se lo deja librado a su suerte.

Y allí nace el cadáver político.

No porque exista una condena judicial inmediata, sino porque la imagen pública empieza a resquebrajarse. Porque la percepción social cambia. Porque ya no importa solo lo que diga la ley, sino lo que transmite la escena.

Y la escena transmitía cinismo.

Un cinismo profundo. Esa actitud de soportar el golpe sin dar explicaciones reales, como si la exposición pública fuera un trámite incómodo, no una obligación democrática.

Porque acá está el punto central, la Justicia puede investigar delitos, pero la política debe rendir cuentas ante la sociedad.

Son planos distintos.

La legalidad no reemplaza la legitimidad.

Y cuando un dirigente se esconde detrás de expedientes judiciales para evitar responder preguntas básicas sobre su patrimonio, sus gastos o su estilo de vida, está enviando un mensaje claro, no considera que deba explicarle nada al ciudadano, salvo que un juez lo obligue.

Ese es el corazón del problema.

No es solo una sospecha económica. Es una concepción del poder.

La idea de que mientras no exista sentencia firme, todo cuestionamiento es irrelevante. Como si la ética pública fuera una categoría secundaria.

Pero Argentina ya recorrió demasiadas veces ese camino.

En los años noventa, el expresidente Carlos Saúl enfrentó múltiples denuncias mientras ocupaba el centro del poder. Durante años, la Justicia avanzó con una lentitud llamativa. Solo cuando el clima político cambió, cuando dejó de ser funcional al equilibrio dominante, comenzaron a activarse procesos que antes parecían inmóviles.

Este paralelismo histórico apunta a cómo, durante su permanencia en el poder y aun en años posteriores de fuerte influencia política, varias causas sensibles avanzaron con lentitud o quedaron empantanadas, mientras que ciertos procesos cobraron mayor impulso cuando cambió el clima político. Entre los casos más emblemáticos estuvieron la causa por tráfico de armas a Ecuador y Croacia, así como investigaciones por sobresueldos y otras irregularidades de gestión, como las tarjetas bancarias para la reforma constitucional.

La referencia no era para equiparar hechos concretos, sino para ilustrar un patrón argentino bastante reconocible, la elasticidad del ritmo judicial según la cercanía o distancia del poder político.

Ese es justamente el núcleo del argumento, no importa tanto el nombre del dirigente de turno, sino la persistencia de una estructura donde la Justicia Federal muchas veces parece acompasarse al Ejecutivo más que sostener una autonomía constante. Y cuando cambia el color político, cambian también las urgencias, los expedientes y las prioridades.

Décadas después, el fenómeno se repitió con otros protagonistas.

Mientras un sector gobernó, ciertas causas quedaron suspendidas en un limbo procesal. Cuando el signo político del Ejecutivo cambió, esos expedientes adquirieron velocidad.

Hoy lo vemos con claridad en los procesos judiciales contra la principal figura opositora que años atrás ocupó la presidencia. Independientemente de las responsabilidades concretas, resulta imposible ignorar que la intensidad judicial se modifica según el contexto político.

Cuando gobierna un color, la Justicia parece mirar hacia un lado.

Cuando ese color pierde poder, la mirada se vuelve inquisitiva.

Eso no exonera a nadie. Tampoco condena automáticamente a otros.

Pero revela un patrón.

Y ese patrón destruye la credibilidad institucional.

Porque una Justicia que adapta su impulso al humor del Ejecutivo deja de ser árbitro para convertirse en actor político.

Y cuando eso ocurre, los funcionarios aprenden la lección, resistir, dilatar, callar y esperar.

Esperar a que pase la tormenta.

Esperar a que cambie el escenario.

Esperar a que la maquinaria vuelva a acomodarse.

Por eso la actitud del vocero presidencial no debe leerse como fortaleza. No fue estoicismo. Fue cálculo.

Fue la certeza de que en Argentina muchas veces la verdad pública importa menos que la ingeniería judicial.

Y, sin embargo, hay algo nuevo en esta escena, la bronca social.

Porque cuando quienes llegaron prometiendo destruir a la casta terminan reproduciendo sus mismos reflejos, la decepción adquiere un tono especialmente corrosivo.

No se juzga solo el hecho. Se juzga la contradicción.

Como cuando nuestro actual presidente dijo “Cuando alguien viene a ofrecerte una forma superadora de libertad, es la primera señal de sospecha, generalmente es algún esquema de planificación central en el que los políticos se llenan los bolsillos a costa del que trabaja”.

Se juzga haber construido una narrativa moral para luego refugiarse en los mecanismos tradicionales del poder.

Y eso genera un rechazo distinto.

Más profundo.

Porque erosiona la confianza en cualquier posibilidad de cambio.

El ciudadano ve entonces que las caras se renuevan, los discursos se radicalizan, los estilos se modernizan, pero la estructura permanece intacta.

Blindaje político. Justicia funcional. Explicaciones tardías. Responsabilidad diferida.

Siempre lo mismo.

Por eso el problema no es un vocero, ni un presidente, ni una fuerza política.

El problema es un sistema donde las explicaciones no se ofrecen por convicción, sino por obligación. Donde la transparencia no es una práctica, sino una reacción ante el escándalo.

Y donde la Justicia no actúa con autonomía sostenida, sino con sensibilidad al color político del momento.

Ese círculo vicioso es el verdadero drama argentino.

Porque condena a la sociedad a vivir entre denuncias, operaciones, blindajes y giros judiciales, sin construir nunca una institucionalidad sólida.

Lo más grave es que hemos normalizado esta lógica.

Ya no sorprende.

Nos parece parte del paisaje.

Un funcionario cuestionado sentado en silencio mientras sus aliados se esfuman.

Un presidente que acompaña un rato y luego desaparece.

Una Justicia que promete investigar cuando la presión mediática lo exige.

Una oposición que denuncia hoy lo que quizá reproduzca mañana.

Todo dentro de una coreografía conocida.

Y mientras tanto, el ciudadano común sigue mirando esa escena con una mezcla de indignación y resignación.

Como si supiera que, detrás de cada escándalo, no hay una anomalía, sino el funcionamiento habitual del poder.

Ese es el verdadero colmo.

No la sospecha de corrupción.

No las cifras que no cierran.

No el patrimonio dudoso.

El verdadero colmo es haber convertido la impunidad negociada y la rendición de cuentas tardía en una costumbre nacional.

Y mientras eso no cambie, seguiremos viendo a distintos funcionarios atravesar el mismo ritual, entrar rodeados de respaldo, sentarse en silencio, esperar que la Justicia acomode el tablero y descubrir, demasiado tarde, que la política siempre abandona primero a quienes ya dejaron de ser útiles.