Por Roberto Romani.

“Cuando las instituciones dejan de escuchar a las víctimas, comienzan a justificar el poder.”

 — Inspirado en el pensamiento de Hannah Arendt.

Hay heridas que no terminan cuando se firma un decreto. Hay expulsiones que no concluyen cuando alguien abandona un aula. Y hay silencios institucionales que, con el paso del tiempo, pesan más que cualquier discurso solemne sobre memoria, verdad y justicia.

La historia de Susana Maidana vuelve a poner esa incomodidad sobre la mesa.

Profesora emérita de la Universidad Nacional de Tucuma ,docente,intelectual y protagonista de una generación atravesada por el terror de Estado, Maidana decidió reclamar judicial y moralmente por la cesantía que sufrió en 1976, cuando la última dictadura militar avanzó sobre las universidades públicas argentinas como parte de un plan sistemático de persecución ideológica, disciplinamiento y destrucción del pensamiento crítico.

No fue solamente la pérdida de un trabajo.

Fue la interrupción abrupta de una vida académica. Fue el castigo político. Fue el miedo instalado dentro de las aulas. Fue la condena silenciosa contra quienes pensaban distinto. Como miles de argentinos, Maidana fue víctima de un sistema que entendía a la educación como una amenaza y a los docentes como enemigos potenciales.

Décadas después, y ya reconocida como profesora emérita, decidió dar un paso profundamente humano, pedir reparación. No únicamente económica, sino también histórica e institucional. Pedir que la universidad reconstruya los hechos, reconozca el daño y asuma la responsabilidad de haber sido parte —por acción, silencio u omisión— de uno de los períodos más oscuros de la historia argentina.

Sin embargo, el reclamo fue rechazado.

Y allí aparece la contradicción más dolorosa.

Porque mientras gran parte del sistema universitario argentino levanta con legitimidad las banderas de los derechos humanos, la memoria y la democracia, una mujer que sufrió las consecuencias concretas del terrorismo de Estado sigue golpeando puertas para que se reconozca lo evidente: que los derechos humanos no prescriben.

La decisión de rechazar el pedido no es solamente administrativa. También es política y simbólica. Porque detrás de cada expediente hay una concepción de universidad,de memoria y de justicia.

Las universidades públicas argentinas fueron víctimas de la dictadura, pero también espacios atravesados por purgas, listas negras y expulsiones. Muchos docentes fueron perseguidos, encarcelados, desaparecidos o forzados al exilio. Otros simplemente quedaron fuera del sistema, condenados al olvido burocrático.

Por eso, cuando una institución universitaria rechaza el pedido de reparación de una docente cesanteada durante el terrorismo de Estado, el mensaje excede cualquier tecnicismo legal. Lo que se discute no es únicamente dinero. Lo que está en juego es la capacidad institucional de revisar su propia historia.

Y allí emerge una pregunta inevitable: ¿puede una universidad hablar de derechos humanos hacia afuera mientras niega reparación hacia adentro?

La situación de Susana Maidana interpela especialmente a las nuevas generaciones. A estudiantes, docentes e investigadores que crecieron escuchando que la democracia se fortalece con memoria activa. Porque la memoria no puede convertirse en un acto ceremonial vacío ni limitarse a las fechas conmemorativas. La memoria implica también revisar las injusticias pendientes, incluso cuando resultan incómodas para las propias instituciones.

Hay algo profundamente valiente en el gesto de Susana.

A una etapa de la vida donde muchos eligen el silencio o el retiro, ella decidió volver a reclamar. Volver a nombrar lo ocurrido. Volver a exigir justicia. No desde el resentimiento, sino desde la convicción democrática de que reparar el pasado también construye el futuro.

Su historia no pertenece únicamente a una persona. Representa a toda una generación de docentes y trabajadores universitarios que fueron expulsados, perseguidos o invisibilizados por razones políticas durante la dictadura militar. Muchos murieron sin obtener reconocimiento alguno. Otros todavía esperan.

Por eso este reclamo tiene una dimensión ética que excede el caso individual.

Porque los derechos humanos no tienen fecha de vencimiento. No se archivan. No se cancelan por el paso del tiempo. Y mucho menos cuando las consecuencias de aquellas decisiones siguen presentes en la vida de quienes las padecieron.

En tiempos donde la discusión pública suele banalizar la memoria histórica o reducir los derechos humanos a consignas partidarias, el caso de Susana Maidana obliga a recuperar algo esencial, la reparación no es un privilegio, es una obligación democrática.

La universidad argentina nació para formar pensamiento crítico, no para administrar olvidos.

Tal vez por eso el reclamo de Maidana incomoda tanto. Porque obliga a mirar hacia adentro. Porque recuerda que las instituciones también deben rendir cuentas sobre su pasado. Porque demuestra que no alcanza con reivindicar la democracia en los discursos si no existe voluntad de reparar las heridas que esa misma democracia heredó.

Mientras tanto, Susana Maidana sigue esperando justicia.

Y en esa espera persiste una verdad incómoda pero necesaria: los derechos humanos no prescriben.