Por Fernando Pérez.

entre la ontología del mercado y la orfandad de lo público.

En la dialéctica libertaria que hoy hegemoniza el discurso público argentino, la «obra pública» ha dejado de ser una herramienta de desarrollo para convertirse en un fetiche del pecado fiscal. Javier Milei, investido con la autoridad de quien se siente portador de una verdad revelada por las fuerzas del cielo (o de la Escuela Austríaca), ha instalado una sentencia que desafía siglos de tradición contractualista: si un puente no encuentra un financista privado o una comunidad capaz de costearlo con su propio ahorro, esa obra —simplemente— «no es deseable socialmente».

Esta premisa nos sumerge en una paradoja ontológica. ¿Qué define la «deseabilidad» de una sociedad? Para la cosmovisión del Ejecutivo, el deseo social no es la suma de las voluntades o las carencias de los ciudadanos, sino la capacidad de estas para ser traducidas al lenguaje del mercado. Estamos ante una reducción del “animal social o político” aristotélico al hombre económico más crudo. El puente que une a un pueblo aislado con un hospital no es «deseable» por la vida que salva, sino por el retorno de inversión que genera. Si no hay rentabilidad, el puente no existe; y si no existe, es porque la sociedad, en su misteriosa sabiduría de mercado, decidió que ese pueblo merece la intemperie.

La falacia del mecenazgo forzoso

El argumento presidencial traslada la carga de la prueba de la infraestructura a la «vaquita» vecinal o al interés de un privado. Aquí se produce un deslizamiento semántico peligroso: se confunde el valor de uso con el valor de cambio. El «deseo» de una población que padece el aislamiento es ignorado por carecer de poder de compra. Así, lo «deseable» queda secuestrado por la capacidad de financiamiento. Es el regreso a una suerte de feudalismo de la infraestructura, donde la conectividad depende de la voluntad de un nuevo señor feudal —el inversor— o de la capacidad de tributo directo de los vasallos.

Milei ignora, quizás deliberadamente, que la obra pública es, por definición, aquel bien que el mercado no provee porque sus beneficios son difusos, de largo plazo o simplemente no capturables por un peaje. Es el concepto de externalidad positiva, que el dogma anarcocapitalista prefiere ignorar en favor de una pureza teórica que choca contra la geografía ruda de nuestra Argentina profunda.

La corrupción como coartada

El segundo pilar del argumento oficialista es la corrupción. «La obra pública es el mecanismo por el cual los políticos roban», repite el Presidente como un mantra. Nadie en su sano juicio, tras décadas de «cartelización» y cuadernos, podría negar que la infraestructura ha sido el burdel de la política argentina. Pero aquí la lógica gubernamental incurre en un non sequitur (no se sigue): de la existencia de la patología no se deduce la necesidad de la amputación del órgano.

Resulta curioso que un gobierno que se autopercibe como la «limpieza moral» de la nación decline de antemano la posibilidad de gestionar con transparencia. Si el partido gobernante posee la superioridad estética y moral que declama, ¿por qué no instaurar los controles, las licitaciones de transparencia absoluta y los sistemas de auditoría que impidan el desvío de fondos? Renunciar a la obra pública para evitar la corrupción es, en el fondo, una confesión de impotencia o, peor aún, una claudicación. Es admitir que el Estado es intrínsecamente irrecuperable, incluso cuando ellos mismos sostienen el timón.

La orfandad del bien común

En esta visión, el Estado no es el garante del bien común, sino un estorbo que debe ser removido. Sin embargo, al quitar el puente —el real y el metafórico—, lo que queda no es una sociedad libre que se organiza, sino una sociedad fracturada donde el derecho a la circulación y al desarrollo queda supeditado al código postal y a la cuenta bancaria.

La gestión de Milei parece olvidar que la política es, ante todo, el arte de lo posible para todos, no solo para quienes pueden pagar la entrada al banquete del progreso. Si la «deseabilidad social» solo se mide en balances contables, corremos el riesgo de convertirnos en un país de archipiélagos prósperos rodeados de un mar de olvido. Y en ese océano, no habrá puente, ni privado ni público, que nos salve del naufragio social.