Por Fernando Crivelli Posse.
“Lo peor del despotismo no es su dureza, sino su inconsecuencia; sólo la Constitución es inmutable.”
Juan Bautista Alberdi.
En Argentina, los juramentos públicos funcionan como una coreografía institucional: palabras solemnes, gestos medidos y una promesa que, en teoría, compromete el honor de quien la pronuncia. Pero hay un problema evidente: cuando el lenguaje se vuelve rutinario, el juramento pierde peso. Se transforma en trámite.
Y cuando el compromiso se vuelve trámite, aparece algo peor que la dureza del poder: su inconsecuencia. Hoy se jura una cosa, mañana se actúa en contra. Sin costo. Sin corrección. Sin consecuencia. Y cuando un trámite reemplaza a un compromiso, lo que queda no es institucionalidad: es simulación.
El sistema argentino, al menos en lo formal, hizo algo correcto: flexibilizó las fórmulas. Hoy conviven versiones religiosas, laicas y personalizadas. Diputados que juran “por la Patria”, presidentes que aún invocan a Dios y los Evangelios, estudiantes que “prometen” en lugar de jurar. La intención es clara: respetar la diversidad de creencias. El resultado, más discutible.
Porque al ampliar las opciones, el juramento dejó de ser un acto uniforme y pasó a ser una expresión individual. Y ahí aparece la grieta conceptual: si cada uno adapta el compromiso a su medida, ¿qué tan vinculante es realmente? Cuando un diputado agrega consignas políticas o frases de coyuntura, el acto deja de ser institucional y se convierte en una declaración personal. Más autenticidad, sí. Menos obligación, también. Lo que se gana en expresión se pierde en consistencia. Y sin consistencia, no hay regla: hay excepción permanente.
El caso presidencial expone otra tensión: una fórmula cargada de tradición en un país que funciona, en los hechos, como plural. Se defiende la libertad de culto, pero el ritual sigue anclado en una lógica que no termina de actualizarse. No es el problema central, pero es sintomático: las formas cambian más lento que la realidad.
Ahora bien, el problema de fondo no es la fórmula. Es el recorrido.
Ese recorrido empieza temprano. Un estudiante escolar promete respetar la Constitución. No jura, promete. Y ese matiz importa: la promesa implica una ética en formación. Pero en la práctica, ese acto queda encapsulado en el aula. Se repite una frase, se aplaude, se archiva. La Constitución no se estudia con rigor, no se discute, no se ejerce. Se invoca. Y lo que solo se invoca, pero no se aplica, termina dependiendo de la ocasión. No es norma: es recurso.
Ahí se instala una falla estructural: una ciudadanía que no conoce sus derechos no los defiende. Y una ciudadanía que no los defiende, deja espacio. Ese espacio no queda vacío: lo ocupa el poder sin control.
Después llega la vida pública. Legisladores, funcionarios, jueces. Todos juran. Algunos por Dios, otros por la Patria, otros por consignas personales. La diversidad es una conquista, pero también un síntoma: el juramento dejó de ser un punto de convergencia institucional para convertirse en una escena individual. Se enfatiza la expresión, se diluye la obligación. Cuando el compromiso se vuelve narrativo en lugar de normativo, pierde eficacia.
El circuito se completa en el ejercicio profesional. Abogados, médicos, ingenieros, contadores: todos juran. Todos prometen ética, responsabilidad, respeto por la ley y por el interés público. Es el punto donde el juramento debería ser más concreto, porque impacta directamente en la vida en sociedad.
Pero el patrón se repite. El juramento profesional se recuerda en la ceremonia y se relativiza en la práctica. Los colegios profesionales, que deberían ser garantes de ética, muchas veces funcionan como estructuras de autoprotección. Las sanciones existen, pero son débiles, tardías o selectivas. Se protege la matrícula antes que el principio. Y así, la ética deja de ser un límite y pasa a ser una opción. No falta norma. Falta consecuencia. Y cuando la consecuencia es selectiva, la regla deja de existir en la práctica.
No es un problema individual. Es una lógica: la palabra compromete poco porque incumplirla cuesta poco.
Entonces la pregunta se vuelve inevitable: ¿de qué sirve jurar si los actos no se alinean con lo jurado? ¿Qué valor tiene la palabra si no obliga? ¿Qué sentido tiene invocar la Constitución si en la práctica se la bordea o se la interpreta según conveniencia?
Ahí es donde las ideas de Juan Bautista Alberdi dejan de ser teoría y se vuelven un espejo incómodo. Alberdi lo dijo sin rodeos: el problema no es la dureza del poder, sino su inconsecuencia. Y un sistema donde las reglas se aplican según el momento no es imperfecto: es arbitrario.
Un gobierno que no se limita a la Constitución no es fuerte: es imprevisible. Y lo imprevisible erosiona la libertad más que cualquier norma rígida. Porque sin reglas claras, todo depende de la voluntad del momento.
Alberdi también fue directo en otro punto: el gobierno no existe para hacer ganancias, existe para hacer justicia. Cuando esa ecuación se invierte —cuando el poder se usa para acumular, proteger o negociar— el juramento pierde sentido automáticamente. Se jura cumplir la ley, pero se gobierna por conveniencia. Esa brecha es el terreno natural de la corrupción.
Y hay algo más incómodo todavía: confundir la libre expresión con traición es una forma de degradar el sistema. Cuando disentir se castiga o se deslegitima, cuando la palabra libre se sospecha o se reduce, el juramento a la Constitución —que garantiza pluralidad— se vuelve contradictorio. No se puede jurar defender un orden republicano y al mismo tiempo erosionar uno de sus pilares básicos.
El problema, entonces, no es religioso ni simbólico. Es estructural. Un juramento solo tiene valor si su incumplimiento genera consecuencias reales. En Argentina, esas consecuencias suelen diluirse. La responsabilidad política se protege a sí misma, la judicial se demora hasta perder impacto y la profesional se negocia en ámbitos cerrados. La social, mientras tanto, se desgasta.
En ese vacío, la corrupción no es una excepción: es una adaptación racional. Donde la palabra no obliga, la ley se vuelve flexible. Y cuando la ley se vuelve flexible, el sistema entero se vuelve negociable.
La justicia queda atrapada en el centro de esa lógica. Es la encargada de hacer cumplir lo que todos juraron respetar, pero cuando actúa tarde o selectivamente, pierde capacidad disuasiva. Y sin disuasión, el juramento deja de tener sentido práctico.
La ciudadanía, por su parte, no es ajena. Observa, se frustra y se adapta. No por ignorancia, sino por saturación. Se acostumbra a la distancia entre discurso y realidad. Y ese acostumbramiento es peligroso: baja el nivel de exigencia. Y cuando baja la exigencia, sube la impunidad.
Se cierra así el círculo: poder sin límite efectivo, instituciones sin capacidad de corrección y sociedad sin expectativa de coherencia.
Desde una mirada más profunda, el juramento debería ser un acto de autolimitación: al pronunciarlo, uno se somete a una regla superior. Pero eso solo funciona si romper esa regla tiene costo. Si no hay costo, no hay límite. Hay relato.
Y un sistema basado en relatos termina inevitablemente desconectado de la realidad.
Por eso la discusión no pasa por reformular juramentos ni por hacerlos más inclusivos o más modernos. Pasa por algo más básico y más incómodo: hacer que valgan. Que la Constitución deje de ser invocada y pase a ser aplicada. Que el poder vuelva a estar limitado de verdad. Que la justicia actúe a tiempo. Que los colegios profesionales controlen en serio. Y que la ciudadanía deje de repetir y empiece a exigir.
Porque el problema no es cómo se jura. El problema es que se puede jurar y no cumplir. Y en Argentina, hace tiempo que se permite demasiado. Cuando todo se permite, la palabra deja de pesar, el juramento deja de atar y la Constitución deja de ordenar.
Entonces el juramento deja de ser un compromiso y pasa a ser una coartada.
Conviene decirlo sin eufemismos: quien viola la Constitución no incumple una formalidad. Quiebra el pacto que sostiene la convivencia política. Es, en esencia, una forma de conspirar contra la Nación.
Si eso no tiene consecuencias, ya no hay ambigüedad posible.
No falla el juramento. Falla el sistema que permite romperlo.
Y una República que permite eso no cae: se vacía. Y ese vacío no es reciente; es un proceso que hace tiempo venimos sosteniendo, capa sobre capa, hasta volver la degradación una costumbre.
Continuará…