por Candelaria País Latapie.

La negociación por etapas es un enfoque estructurado que divide el proceso negociador en fases claramente definidas, como la preparación, la apertura, la exploración, las propuestas y el cierre. Este método organiza el diálogo, facilita la toma de decisiones y aumenta las probabilidades de alcanzar acuerdos eficaces, sostenibles y beneficiosos para todas las partes involucradas. Al reducir la improvisación y promover una comunicación progresiva, se fomenta el respeto mutuo y se crean condiciones para soluciones cooperativas. Así, la negociación deja de ser un espacio de confrontación para convertirse en un ejercicio de construcción conjunta.

El ejemplo actual de este modelo se reflejó en el proceso de diálogo y armisticio entre Israel y los grupos militantes palestinos liderados por Hamás en la Franja de Gaza, que estuvo en vigor entre el 19 de enero y el 18 de marzo de 2025. Durante ese período, se llevaron a cabo ocho rondas de intercambios de rehenes y prisioneros, en un proceso mediado por Estados Unidos, Egipto y Catar. La propuesta original, redactada en mayo de 2024 y presentada por el presidente estadounidense Joe Biden, se estructuraba en tres fases de seis semanas cada una, y tenía como objetivos la liberación de todos los cautivos israelíes (vivos o fallecidos), la excarcelación de prisioneros palestinos, el alto el fuego definitivo y el inicio de un proceso de reconstrucción.

Durante la primera fase, Hamás liberó a 33 rehenes —mayoritariamente mujeres y hombres mayores de 50 años— a cambio de la liberación de entre 30 y 50 prisioneros palestinos por cada rehén, comenzando con mujeres y menores. Además, Israel permitió el ingreso de ayuda humanitaria, autorizó el retorno de desplazados y comenzó una retirada gradual de Gaza. Esta etapa también preveía el inicio de negociaciones para alcanzar un cese de hostilidades permanente. Los intercambios se desarrollaron en un marco cuidadosamente diseñado. El 25 de enero, por ejemplo, Hamás liberó a cuatro soldados israelíes mujeres mientras que Israel respondió liberando a 200 prisioneros palestinos, muchos de ellos bajo detención administrativa o con condenas perpetuas. Estos intercambios no solo se centraron en la liberación de personas, sino que también incluyeron compromisos colaterales como la entrega de cuerpos de fallecidos, lo cual añadió una dimensión humanitaria y simbólica al proceso.

La segunda fase contemplaba la liberación del resto de los rehenes varones vivos —civiles y soldados— a cambio de más prisioneros palestinos, mientras que la tercera incluía la entrega de los restos de rehenes fallecidos. Aunque inicialmente Israel se había comprometido a levantar el bloqueo permanentemente sobre Gaza, este punto fue omitido en la versión final de la propuesta aprobada el 31 de mayo. En la práctica, la implementación de estas fases encontró numerosos obstáculos. Las acusaciones mutuas de incumplimiento se intensificaron, con Israel denunciando retrasos en la entrega de listas de rehenes y Hamás denunciando ataques israelíes durante la tregua.

El 1 de marzo, fecha prevista para el fin de la primera fase, Hamás rechazó extender el alto el fuego, debido a las constantes violaciones del mismo en la Franja, y exigió avanzar a la segunda fase, para asi negociar un alto al fuego permanente como estaba previsto. Israel, por su parte, alegó que el acuerdo le permitía reanudar la guerra si las negociaciones se estancaban, y tras el rechazo palestino, suspendió la entrada de ayuda humanitaria el 2 de marzo, medida condenada por Egipto, Catar y la ONU. Posteriormente, el 9 de marzo, el ministro israelí de Energía ordenó cortar el suministro eléctrico a Gaza.

A pesar del alto el fuego, Israel ha sido acusado de múltiples violaciones al acuerdo, que han causado la muerte de más de cien palestinos y dejado numerosos heridos. Estas violaciones incluyeron el uso de fuerza letal contra civiles, ataques con drones y bombardeos en zonas densamente pobladas, además de restricciones a la entrada de ayuda humanitaria esencial. Se registraron ataques incluso durante la vigencia de la tregua, como los bombardeos del 17 y 24 de marzo, que provocaron cientos de muertes civiles, incluidos niños, mujeres y trabajadores humanitarios. El 17 de marzo, Israel declaró unilateralmente el fin del cese al fuego y reanudó la ofensiva militar con una serie de ataques aéreos masivos, los cuales afectaron zonas previamente designadas como «seguras».

En el plano político, Israel incumplió compromisos claves como la liberación de prisioneros palestinos tras la entrega de rehenes y la retirada del estratégico Corredor Filadelfi. Estos incumplimientos no solo erosionaron la confianza entre las partes, sino que también obstaculizaron los esfuerzos de mediación internacional y profundizaron la crisis humanitaria en Gaza. A su vez, Hamás también fue criticado por las condiciones de entrega de algunos rehenes, la falta de transparencia sobre las identidades y estados de salud, y el uso de ceremonias propagandísticas que contribuyeron a deteriorar aún más el clima de confianza.

La comunidad internacional, especialmente a través de la ONU, Egipto y Catar, se esforzó por mantener vigente el acuerdo, supervisando los términos humanitarios del mismo, pero su capacidad de presión fue limitada ante la falta de compromiso efectivo de las partes. En reiteradas ocasiones, las agencias humanitarias denunciaron que la ayuda autorizada no llegaba a su destino o que era utilizada como herramienta de presión política. Además, los hospitales y centros de salud de Gaza colapsaron ante la falta de suministros, mientras la población civil enfrentaba niveles extremos de inseguridad alimentaria y desplazamiento forzado.

Este caso ilustra cómo, incluso bajo una estructura de negociación por etapas, el éxito de un proceso depende tanto de la voluntad política como del cumplimiento efectivo de los compromisos adquiridos. La estructura, si bien útil, no garantiza por sí sola la transformación del conflicto en una oportunidad de colaboración: requiere coherencia, transparencia y compromiso sostenido de todos los actores involucrados. Las negociaciones por etapas pueden brindar un marco propicio para resolver conflictos complejos, pero solo si se acompañan de garantías efectivas de cumplimiento, monitoreo internacional robusto y una disposición real al compromiso y la rendición de cuentas.