Por Fernando Crivelli Posse.
“Una democracia comienza a degradarse cuando derrotar al adversario se vuelve más importante que resolver los problemas de quienes ambos dicen representar.”
Hay una diferencia pequeña en apariencia, pero decisiva para cualquier democracia, entre un adversario y un enemigo. Al adversario intentamos convencerlo, demostrar que está equivocado o derrotarlo electoralmente, sabiendo que después seguirá formando parte de la misma comunidad política; al enemigo, en cambio, procuramos neutralizarlo. En el primer caso existe competencia, en el segundo empieza a instalarse una lógica de confrontación en la que cualquier éxito ajeno puede ser visto como una amenaza propia.
La política argentina conoce demasiado bien esa transformación. Las etiquetas cambian con las épocas, pero el mecanismo permanece: una identidad política deja de describir una posición y pasa a funcionar como una explicación completa de la persona que la posee. “Casta”, “kuka”, “gorila”, “zurdo”, “facho”, “cipayo”, “ensobrado”: cada palabra permite resolver rápidamente aquello que debería exigirnos escuchar, contrastar y recién después formar un juicio.
El problema no consiste en que existan identidades políticas fuertes. Una democracia vive de diferencias. La degradación comienza cuando la pertenencia sustituye al razonamiento y la derrota del contrario pasa a importar más que la solución del problema común, porque entonces la política deja de organizar intereses en beneficio de la sociedad y empieza a utilizar una parte creciente de su energía en conservar posiciones, proteger estructuras y preparar la permanencia o el regreso al poder.
Allí aparece una distorsión especialmente grave. Quien gobierna puede interpretar cualquier crítica como un intento de desestabilización, mientras quien se opone corre el riesgo de observar cada dificultad del gobierno como una oportunidad para recuperar terreno. Pero si una política económica fracasa, si aumenta la inseguridad, si la educación se deteriora o si los servicios empeoran, el costo no lo paga únicamente el oficialismo. Lo paga el país. Y, en definitiva, lo paga el ciudadano.
Por eso hay algo profundamente egoísta y cínico en desear que a un gobierno le vaya mal simplemente porque no se forma parte de él. Una derrota oficialista puede beneficiar electoralmente a la oposición, pero antes habrá dejado salarios deteriorados, empresas quebradas, oportunidades perdidas, peores servicios, más inseguridad o mayor pobreza. El fracaso de un gobierno nunca queda encerrado dentro del gobierno.
Quien verdaderamente aspire a administrar un país debería desear recibirlo mejor, no destruido para poder demostrar que tenía razón. Sin embargo, demasiadas veces ocurre lo contrario: se espera el tropiezo, se amplifica el error y cada dificultad se transforma en evidencia de que el adversario nunca debió gobernar. El oficialismo, por su parte, puede responder calificando cualquier crítica como una operación destinada a impedir su gestión.
En ambos casos, el ciudadano desaparece del centro de la discusión.
Ése es probablemente el problema más profundo: la política termina protegiéndose a sí misma antes que a quienes dice representar.
No hace falta imaginar conspiraciones la lógica del poder ya encierra en sí misma ello. Basta con observar los incentivos naturales de cualquier organización política: conservar cargos, estructuras, influencia, presupuestos, capacidad de negociación y posibilidades de regresar al gobierno. Es legítimo que los partidos quieran ganar elecciones; deja de serlo cuando ganar se transforma en un objetivo superior a que el país funcione.
Porque cuando el deterioro nacional empieza a ser leído como una oportunidad política, se produce una inversión difícil de justificar. Un gobierno puede perder votos, bancas o capacidad de iniciativa; el ciudadano puede perder trabajo, ingresos, seguridad, educación, salud o años enteros de desarrollo. No existe equivalencia entre ambos costos, el segundo es irreversible frente a esta lógica.
Y allí adquiere otra dimensión la pelea política. No se trata solamente de oficialismo y oposición disputando modelos de país. Muchas veces se trata de estructuras intentando preservar su cuota de poder mientras invocan grandes valores que conmueven a la sociedad: justicia, libertad, igualdad, trabajo, patria, derechos, desarrollo.
Las palabras permanecen, pero pueden terminar convertidas en instrumentos de una disputa bastante más pequeña.
Cada espacio intenta apropiarse de esos valores y presentarse como su verdadero representante. Entonces cuestionar a un partido parece equivaler a cuestionar la libertad, la justicia social, la República o el progreso. Pero ningún valor general pertenece a una facción y ninguna fuerza política debería poder exigir inmunidad frente a la crítica en nombre de las causas que dice encarnar.
El ciudadano queda así atrapado en una falsa disyuntiva: parece obligado a aceptar un paquete completo de dirigentes, errores y contradicciones para poder defender determinados principios. Y la transformación del adversario en enemigo cumple una función muy útil para ese sistema, porque vuelve sospechoso cualquier intento de pensar transversalmente.
Si el otro es enemigo, reconocer que tiene razón en algo parece una traición. Criticar a los propios parece favorecer al contrario. Modificar una opinión se confunde con debilidad y admitir un error con rendición. El pensamiento crítico termina subordinado a la pertenencia.
Una democracia madura debería funcionar exactamente al revés. Debería permitir acompañar una decisión correcta de un gobierno que no votamos, rechazar una conducta del partido al que apoyamos, reconocer una investigación incómoda y aceptar que ninguna identidad política posee el monopolio de la verdad.
Porque una República no exige abandonar las convicciones; exige algo bastante más difícil: que las convicciones no nos impidan reconocer derechos, hechos y razones cuando pertenecen al adversario.
El verdadero deterioro comienza cuando dejamos de intentar derrotar políticamente una idea y empezamos a desear que fracase todo aquello que pueda fortalecer a quien la representa. En ese momento, el adversario deja de competir con nosotros por administrar una comunidad que ambos compartimos y pasa a ser alguien cuyo fracaso necesitamos, aun cuando ese fracaso recaiga sobre millones de personas que jamás participaron de la disputa por el poder.
Tal vez ésta sea una de las contradicciones más profundas de nuestra política: todos dicen actuar en nombre del ciudadano, pero demasiadas veces el ciudadano aparece recién al final, después de que cada facción haya calculado qué gana, qué pierde y cuánto poder conserva.
Por eso la verdadera medida no debería ser cuánto pierde un gobierno ni cuánto gana una oposición, sino cuánto pierde la sociedad mientras unos celebran el fracaso de los otros.
Porque si a un gobierno le va mal, no fracasa solamente un partido. Fracasa una gran parte del país.
Y quien termina pagando casi siempre la factura es el ciudadano de a pie, que no administra cajas, no negocia cargos ni participa de la disputa por el poder, pero soporta todas sus consecuencias.
Continuará…