Por Fernando Pérez.
Ahí donde la coerción física encuentra su límite, la persuasión cultural edifica su trinchera más duradera. Antonio Gramsci entendió mejor que nadie que ningún orden se sostiene únicamente por la fuerza; requiere, indispensablemente, del consentimiento de quienes habitan su base. Cuando un modelo económico ajusta salarios, licúa jubilaciones y desmantela derechos, la lógica más elemental sugeriría una respuesta unánime de los afectados. Sin embargo, en la arena pública observamos una paradoja recurrente: el trabajador castigado que condena la herramienta de quienes protestan.
Para que la dominación sea efectiva, sus premisas deben transformarse en sentido común. No hace falta desplegar las fuerzas de seguridad en la calle si previamente se ha conquistado el territorio de la percepción. A través de la repetición constante en medios de comunicación, discursos oficiales y la conversación cotidiana en redes sociales, la arquitectura del poder moldea las categorías con las que interpretamos la realidad. De este modo, la huelga deja de ser leída como un derecho constitucional de defensa para convertirse, por arte de magia discursiva, en el verdadero problema.
El encuadre mediático dominante opera con una precisión quirúrgica que queda al descubierto cuando se analiza su propia evolución histórica. Durante administraciones pasadas, las cámaras de los principales canales se desplegaban en las movilizaciones para recoger el testimonio del manifestante, indagando con empatía sobre cómo la crisis o la inflación golpeaban su bolsillo. Hoy, el foco de la lente ha girado ciento ochenta grados: los movileros ya no buscan al que protesta, sino al comerciante afectado por la persiana baja o al transeúnte molesto por la falta de transporte. La crisis que motiva el reclamo se invisibiliza; lo único que se televisa es el trastorno que causa la protesta.
Esta alteración en la mirada no es casual ni inocente: es una bajada de línea velada que condiciona la reacción del espectador. Las portadas y los zócalos de televisión ya no enfatizan la pérdida del poder adquisitivo ni el deterioro del nivel de vida; focalizan en «las pérdidas millonarias» que genera la jornada de huelga o en la «incomodidad del ciudadano de a pie». El ajuste, brutal y concreto, pasa a ser un dato abstracto de la macroeconomía, una fatalidad inevitable. El paro, en cambio, se presenta como un acto de egoísmo.
Es en este punto donde el dispositivo alcanza su mayor éxito. Cuando el propio trabajador repite con convicción que la medida de fuerza lo perjudica, omitiendo que lo que realmente dinamita su capacidad de compra es la inflación o la quita de subsidios, la hegemonía ha cumplido su tarea. No hizo falta la represión para neutralizar la resistencia; bastó con lograr que el dominado evalúe su peripecia vital con los lentes analíticos del dominante. La ética del esfuerzo individual se impone sobre la noción de solidaridad de clase.
El resultado más perverso de esta construcción es la fractura del tejido social en la parte inferior de la pirámide. Ya no se trata de una confrontación entre quienes concentran los recursos y quienes venden su fuerza de trabajo, sino de una contienda atomizada de trabajadores contra trabajadores, del que necesita tomar el colectivo contra el que interrumpe el tránsito, del informal castigado contra el formal que se organiza. Mientras la disputa se dirima entre pares golpeados por la misma marejada, las estructuras de decisión permanecen intactas, contemplando desde la distancia el triunfo de su propio sentido común.