Por Fabricio Falcucci.
Once días antes de la primera vuelta en Brasil, Meta suspendió la cuenta de anuncios de la campaña de Lula en Facebook. La empresa afirmó que la había restablecido ese mismo día, pero no explicó el motivo de la suspensión. La campaña denunció un perjuicio electoral y exigió respuestas. En plena disputa por la presidencia de la mayor democracia sudamericana, una parte de la comunicación de un candidato quedó sujeta a una decisión empresarial cuya razón no fue informada públicamente.
Conviene detenerse ahí. Hemos aceptado que una infraestructura decisiva para la discusión política funcione bajo reglas que sus usuarios apenas conocen y difícilmente pueden discutir. Incluso un presidente que busca su reelección puede encontrarse reclamando que le devuelvan una herramienta de campaña. La democracia tiene administrador. Y el administrador no se presenta a elecciones.
Ese episodio permite sostener una tesis más amplia: el avance de la derecha autoritaria en América encuentra condiciones favorables en la concentración privada del poder de organizar la conversación pública. La dictadura algorítmica empieza en esa desigualdad. Millones de personas producen mensajes, pero unas pocas empresas administran su circulación. Podemos hablar; cuánto se escucha depende de decisiones que están lejos de nuestro control.
La suspensión de la cuenta de Lula no demuestra por sí sola una operación destinada a favorecer a Bolsonaro ni permite atribuirle un resultado electoral. Expone algo que merece discusión aun sin probar esa intención: la vulnerabilidad de una campaña frente a una corporación extranjera. Restablecer una cuenta resuelve el acceso. Quedan pendientes las preguntas sobre el criterio aplicado, sus consecuencias y las garantías para que no vuelva a ocurrir.
La relación con el crecimiento de la derecha aparece cuando miramos qué clase de política prospera en ese escenario. La derecha radical ofrece enemigos reconocibles, explicaciones rápidas y castigos ejemplares. Convierte la frustración en una acusación y la incertidumbre en una promesa de autoridad. Ese lenguaje se adapta con facilidad a una conversación organizada alrededor de la reacción inmediata. Antes de que terminemos de comprender un problema, ya tenemos a quién culpar.
El malestar existe. La inseguridad, la precariedad y el deterioro de las expectativas tienen una realidad que ninguna crítica a las plataformas debería desconocer. Los gobiernos también fracasan y pagan por ello. Pero entre padecer un problema y decidir quién es responsable hay una disputa política. Allí intervienen los mensajes que vemos todos los días, las voces que adquieren visibilidad y las explicaciones que terminan pareciendo evidentes.
Un trabajador puede pasar horas mirando contenidos que le enseñan a indignarse con otro trabajador. Una persona que depende de servicios públicos puede terminar convencida de que su libertad exige destruirlos. Nada de eso ocurre automáticamente. Se construye mediante relatos, experiencias y adhesiones. El poder de las plataformas consiste en intervenir sobre las condiciones de ese proceso mientras se presentan como simples intermediarias.
Brasil ofrece otro dato inquietante. Antes de las elecciones, Amnistía Internacional presentó anuncios de prueba en Facebook y logró que fueran aprobadas ocho piezas con desinformación electoral, algunas favorables a una intervención militar. La organización las canceló antes de su publicación. El experimento documentó fallas en los controles de la plataforma. Junto con la suspensión de la cuenta de Lula, deja planteado un problema de rendición de cuentas: qué explica la empresa cuando restringe una campaña y qué responde cuando sus filtros permiten propaganda basada en falsedades.
La cuestión también es geopolítica. Tres senadores estadounidenses denunciaron, antes de los comicios, que la administración Trump estaba utilizando presión económica, diplomática y política contra las instituciones brasileñas. En ese contexto, la dependencia de plataformas radicadas en Estados Unidos adquiere una dimensión que excede la discusión tecnológica. La soberanía también se juega en quién controla los canales por los que una sociedad se informa y se reconoce.
La imagen de un Plan Cóndor 2.0 puede expresar esa preocupación por nuevas formas de subordinación continental. Como analogía política, obliga a investigar conexiones entre gobiernos, intereses económicos y redes de propaganda; no reemplaza la evidencia necesaria para demostrar una coordinación. El problema es suficientemente serio como para exigir pruebas y suficientemente visible como para dejar de tratarlo como una fantasía.
Nosotros participamos de este orden. Entregamos información, compartimos agravios, difundimos provocaciones para condenarlas y terminamos ampliando su alcance. La sensación de estar interviniendo todo el tiempo puede ocultarnos cuánto depende nuestra intervención de reglas ajenas. También esta nota circulará dentro de ese sistema. Nadie escribe desde afuera.
Por eso la respuesta democrática necesita algo más que mejores campañas digitales. Necesita transparencia, controles y capacidad pública para exigir explicaciones a quienes administran espacios centrales de la vida colectiva. También necesita una política capaz de transformar el malestar que la derecha convierte en resentimiento. Denunciar al algoritmo sirve de poco si se deja intacta la desesperación.
Lo ocurrido con la cuenta de Lula debería permanecer en la discusión incluso después de que termine la elección. Porque obliga a formular una pregunta elemental: ¿cuánto poder estamos dispuestos a concederles a empresas que pueden restringir una herramienta de campaña y devolverla sin explicar públicamente por qué?
Votamos para decidir quién gobierna. Ya es hora de discutir quién administra las condiciones en las que tomamos esa decisión.