Por Enrico Colombes.
Hay noticias que parecen lejanas hasta que alguien explica qué está realmente en juego.
La venta de tierras rurales a extranjeros puede sonar como un asunto de propietarios, inmobiliarias, compradores, escribanos y abogados. El financiamiento universitario, como una discusión entre rectores y funcionarios. Las reservas de oro, como un problema reservado a economistas. Malvinas, como una causa histórica que reaparece en discursos oficiales. Sin embargo, detrás de esas cuatro cuestiones hay una misma pregunta. ¿Cuánta capacidad conserva la sociedad argentina para decidir sobre su territorio, su conocimiento, su patrimonio y su futuro?
Una precisión histórica, anecdótica fue una plataforma pionera y competidora de Mercado Libre, que posteriormente adquirió sus operaciones, el nombre de aquella vieja plataforma argentina, era DeRemate.com, ofrece una analogía inquietante. ¿Estamos dejando que el país quede de remate? En una subasta privada, alguien ofrece lo suyo y acepta un precio. Con el patrimonio público, quienes deciden administrar bienes que pertenecen a todos y deben responder por sus actos. Cuando faltan controles, las explicaciones se demoran y los perjuicios quedan sin responsables, se prepara el terreno para la impunidad del desfalco. No hace falta dar por probado un delito para exigir que se investigue. Hace falta comprender que ninguna mayoría electoral entrega un cheque en blanco. La tierra, las reservas y el futuro de la educación no pueden convertirse en un catálogo de oportunidades para unos pocos oportunistas malintencionados, mientras la sociedad recibe la cuenta. ¿Vamos a esperar que termine el remate para preguntar qué hicieron con lo nuestro?
El 9 de octubre, la Corte Suprema suspendió provisoriamente el artículo 154 del DNU 70/2023, que había derogado la Ley de Tierras Rurales. Los límites quedaron temporalmente restablecidos mientras el juzgado competente de Bariloche analiza la legitimación de los demandantes y la medida cautelar solicitada. El antecedente inmediato había sido otra resolución del tribunal, que rechazó por falta de legitimación la demanda del Centro de Excombatientes Islas Malvinas y revocó la sentencia que había declarado inconstitucional esa derogación. El resultado práctico cambió en apenas diez días.
La precisión jurídica importa. La Corte no resolvió definitivamente la constitucionalidad del decreto y sostuvo que ambos expedientes presentan circunstancias diferentes. Pero esa explicación no elimina lo que cualquier ciudadano puede observar. Primero quedaron sin protección los límites discutidos; después se dispuso una suspensión que volvió a ponerlos en funcionamiento. Se puede describir ese movimiento sin atribuirles a los jueces intenciones que no conocemos. También se puede preguntar por qué una protección tan sensible tuvo que atravesar semejante incertidumbre antes de recibir una respuesta preventiva.
La Ley de Tierras, sancionada en 2011, estableció restricciones a la titularidad extranjera de inmuebles rurales, incluido un máximo del quince por ciento en los niveles nacional, provincial y departamental. El DNU de diciembre de 2023 eliminó ese régimen. La discusión excede la nacionalidad del comprador. Abarca la concentración de la propiedad y las posibilidades de ordenar el desarrollo. Una escritura no transfiere soberanía estatal, pero puede modificar relaciones económicas y condiciones de acceso a recursos. El territorio merece una política que piense más allá del precio de venta.
En ese recorrido aparece el valor de quienes insisten. La continuidad del planteo de Árbol de Pie, sus fundamentos ambientales y el pedido de tutela judicial muestran que reclamar puede abrir caminos que parecían cerrados. No existe prueba suficiente para afirmar que la presión pública causó la decisión de la Corte. La enseñanza democrática es otra. Una sociedad organizada mantiene visibles los conflictos, exige respuestas y evita que el lenguaje técnico convierta una cuestión colectiva en una conversación inaccesible. La participación no reemplaza al derecho; ayuda a exigir que cumpla su función.
La situación universitaria permite entender esa diferencia entre una decisión escrita y una respuesta efectiva. El conflicto acumula reclamos por recursos, salarios y condiciones de funcionamiento. La ley de financiamiento aprobada en 2025 fue ratificada por el Congreso después del veto presidencial, pero su aplicación quedó condicionada por el Decreto 759/2025. El juez Martín Cormick declaró inconstitucional ese obstáculo y ordenó ejecutar la norma. El Gobierno apeló. Mientras continúa la controversia, las universidades siguen reclamando el cumplimiento de obligaciones que alcanzan salarios, becas, investigación y partidas institucionales.
Por eso, hablar de lo adeudado requiere evitar cifras improvisadas y distinguir las partidas involucradas. El problema no se resuelve anunciando una sentencia ni celebrando una votación. Se resuelve cuando los recursos correspondientes llegan y permiten sostener las actividades. Entre ambos momentos hay personas que reorganizan su vida, proyectos que esperan y capacidades que pueden perderse. ¿Cuánto tiempo puede una institución funcionar dependiendo del esfuerzo extraordinario de quienes la integran? ¿Por qué se presenta esa resistencia cotidiana como prueba de que el deterioro no es tan grave?
La universidad pública forma profesionales, produce investigaciones y sostiene vínculos con comunidades que necesitan respuestas. Su financiamiento admite controles y debates sobre prioridades. Lo que no admite es que toda discusión termine postergando las condiciones materiales para enseñar y aprender. El Gobierno tiene derecho a defender su posición judicialmente. La ciudadanía tiene el mismo derecho a examinar qué consecuencias produce esa defensa y a exigir coherencia entre las obligaciones legales y las decisiones presupuestarias. La austeridad merece explicaciones completas cuando sus costos recaen sobre oportunidades que después resultan difíciles de recuperar.
Las reservas de oro plantean otra obligación de transparencia. En 2024, el Banco Central trasladó parte de sus tenencias al exterior. En septiembre de 2026, Santiago Bausili afirmó que ese oro estaba depositado en el Banco Internacional de Pagos, en Suiza. La AGN aclaró entonces que la auditoría específica sobre la trazabilidad todavía no había concluido y señaló demoras en el acceso a información. Desde la oposición se sostuvo que el destino era Londres. Esa afirmación permanece controvertida y no debe presentarse como una certeza documentalmente establecida.
La novedad de octubre agregó un debate financiero. La AGN señaló pérdidas de aproximadamente 1.023 millones de dólares en derivados vinculados al oro durante 2025. El Banco Central respondió que el resultado global de su posición fue positivo en 2.505 millones y defendió esos instrumentos como cobertura. Ambas cifras requieren analizar conceptos distintos. Una cobertura puede perder mientras el activo protegido gana valor. Eso no permite concluir automáticamente que hubo una administración eficiente o irresponsable. Hace falta conocer objetivos, costos, riesgos y alternativas. La evaluación específica del traslado seguía en trámite de descargo.
El ciudadano no debería quedar atrapado entre versiones enfrentadas sin elementos suficientes para evaluarlas. Los organismos de control existen precisamente para revisar aquello que la mayoría no puede verificar por su cuenta. Cierta información operativa puede requerir resguardo, pero esa necesidad no elimina la obligación de rendir cuentas. Si una decisión benefició al país, corresponde acreditarlo. Si produjo perjuicios evitables, corresponde explicarlos y establecer responsabilidades. Administrar bienes públicos implica aceptar preguntas incómodas. La confianza democrática se construye con procedimientos verificables, no con pedidos de adhesión personal a un funcionario.
Malvinas vuelve especialmente sensible esa exigencia. La controversia con el Reino Unido trasciende a los gobiernos y debe abordarse mediante instrumentos pacíficos. En el presente, el proyecto petrolero Sea Lion profundiza la tensión, con rechazos argentinos, iniciativas contra sus participantes y cruces diplomáticos. Defender los recursos involucrados es necesario. También lo es mantener una política consistente sobre los recursos continentales y el patrimonio financiero. El reclamo de soberanía gana credibilidad cuando se acompaña de decisiones internas que permitan reconocer qué se protege, cómo se protege y ante quién se responde.
Si se acreditara que el oro trasladado quedó físicamente bajo custodia en Inglaterra, correspondería explicar esa elección frente al conflicto existente. Mientras eso no esté probado, la pregunta debe mantenerse abierta. La crítica no necesita fabricar certezas para ser firme. Necesita impedir que la falta de respuestas se convierta en costumbre.
Estos temas exigen una opinión pública que acompañe los procesos después del titular. Reclamar, manifestarse pacíficamente, pedir información y seguir las decisiones son formas de ejercer ciudadanía. La persistencia importa tanto como la convocatoria. Una protección provisoria puede perderse; una obligación reconocida puede seguir incumplida; una auditoría puede necesitar seguimiento. La atención colectiva también es un recurso que debemos cuidar.
Ahora la pregunta vuelve a usted. ¿Qué hace cuando algo que pertenece a todos queda sujeto a decisiones que nadie explica suficientemente? Puede disentir con esta nota y aun así exigir documentos, cumplimiento y controles. No necesita compartir una bandera partidaria para reclamar que lo respeten como ciudadano. Tampoco necesita esperar a que el perjuicio golpee su puerta. El país se construye con esas intervenciones pequeñas y sostenidas. ¿Vamos a seguir comentando lo que otros deciden, o vamos a participar para que también tengan que escucharnos? Nuestra voz puede pesar. Pero primero tenemos que usarla.