Por Gabriela A. Suárez.

Vivimos rodeados de discursos que prometen, justifican y explican. La política habla de bienestar, las instituciones proclaman derechos, las estadísticas describen el progreso y las normas establecen procedimientos destinados a garantizar justicia. Sin embargo, detrás de esas construcciones existe una realidad que con frecuencia permanece desatendida: la experiencia concreta de las personas.

Una sociedad puede hablar de igualdad mientras reproduce desigualdades. Puede defender públicamente la dignidad humana mientras quienes denuncian una agresión deben enfrentar la sospecha de aquellos que deberían escucharlos. Puede celebrar mejoras económicas que todavía no encuentran correspondencia en la vida cotidiana de miles de familias.

La contradicción aparece cuando las explicaciones destinadas a comprender el mundo terminan ocupando el lugar del mundo mismo. Los discursos conservan su coherencia mientras las personas quedan fuera de aquello que se afirma.

Esta distancia se vuelve especialmente dolorosa cuando alguien denuncia una situación de violencia.

Existe una forma de violencia que comienza después de la violencia: la que aparece cuando una persona decide hablar y descubre que su palabra debe superar un tribunal informal de prejuicios. Se le pregunta por qué no denunció antes, por qué permaneció cerca de quien señala como agresor, por qué regresó, por qué tardó tanto en contar lo sucedido. Sus decisiones, sus silencios y sus reacciones se convierten en motivos para poner en duda su credibilidad.

La atención se desplaza de los hechos denunciados hacia la conducta de quien los relata. De pronto, esa persona debe demostrar que sufrió de la manera que los demás consideran aceptable.

El sufrimiento humano no responde a un guion. Las personas reaccionan de formas diferentes ante experiencias traumáticas. Algunas hablan inmediatamente; otras necesitan años. Algunas se alejan; otras permanecen vinculadas a quien las lastimó por razones afectivas, económicas, familiares o de seguridad. Ninguna de esas circunstancias permite, por sí sola, establecer qué ocurrió.

Reconocer esta complejidad exige distinguir entre escuchar, investigar y juzgar. Recibir una denuncia con respeto no equivale a declarar culpable a la persona denunciada. La presunción de inocencia, el derecho de defensa y la investigación rigurosa son garantías indispensables. También lo es evitar que quien busca protección deba atravesar procedimientos humillantes o innecesariamente hostiles.

La justicia necesita pruebas. La dignidad humana no debería necesitar una sentencia para ser respetada.

Entre condenar sin investigar y desestimar sin escuchar existe un espacio que ninguna sociedad comprometida con la justicia debería abandonar.

El problema excede las situaciones de violencia. También aparece cuando un trabajador denuncia una injusticia, cuando un estudiante señala una práctica abusiva o cuando una comunidad advierte las consecuencias de una decisión institucional. En todos esos escenarios puede repetirse una misma operación: la experiencia concreta pierde valor frente a una explicación que resulta más cómoda para quienes tienen autoridad.

Una cifra puede describir el crecimiento económico sin expresar las dificultades de cada familia. Una política puede estar correctamente diseñada y fracasar en su aplicación. Una institución puede exhibir reglamentos impecables mientras las personas encuentran obstáculos para ejercer los derechos que esos mismos reglamentos reconocen.

Los datos, las normas y las teorías son herramientas fundamentales para comprender la realidad. El problema comienza cuando se utilizan para evitar aquello que deberían ayudarnos a reconocer.

Entonces, quien cuestiona una decisión puede ser acusado de no comprenderla; quien denuncia una injusticia, de exagerar; quien relata una agresión, de tener motivos ocultos. La discusión abandona los hechos y se concentra en desacreditar a quien los señala.

El discurso conserva su coherencia. El costo de esa coherencia lo paga alguien más.

Las instituciones enfrentan aquí una responsabilidad decisiva. Defender su reputación puede convertirse en una prioridad que desplaza la obligación de investigar sus errores. La autoridad de una persona influyente puede pesar más que la palabra de quien denuncia. Los prejuicios, las jerarquías y los intereses compartidos pueden determinar qué voces reciben atención y cuáles quedan relegadas al silencio.

La credibilidad también está atravesada por relaciones de poder. No todas las personas encuentran la misma disposición a ser escuchadas. Algunas deben esforzarse mucho más para que sus experiencias sean consideradas dignas de una investigación seria.

La universidad tiene una responsabilidad particular frente a esta realidad. Su tarea excede la transmisión de conocimientos y la formación profesional. Enseñar a argumentar exige también enseñar a revisar los supuestos sobre los que construimos nuestros argumentos. Estudiar los derechos humanos implica reconocer las condiciones que impiden ejercerlos. Hablar de pensamiento crítico requiere estar dispuestos a aplicarlo sobre nuestras propias convicciones.

Una institución universitaria debería ofrecer condiciones para formular preguntas difíciles, recibir denuncias mediante procedimientos adecuados y examinar los hechos sin convertir la discusión en hostigamiento. Para ello necesita protocolos claros, mecanismos de prevención, investigaciones imparciales y acompañamiento a quienes atraviesan situaciones de violencia.

Pero también necesita una cultura institucional capaz de reconocer sus errores. La existencia de un reglamento no garantiza, por sí sola, que sus principios se cumplan. La legitimidad se construye en la distancia que una institución consigue reducir entre aquello que declara y aquello que efectivamente hace.

El pensamiento crítico pierde su sentido cuando se utiliza exclusivamente para examinar las ideas ajenas. Su exigencia más profunda consiste en admitir que nuestras propias certezas pueden estar equivocadas y que la experiencia de otra persona puede revelar aspectos de la realidad que habíamos preferido ignorar.

El silencio tampoco significa siempre ausencia de palabras. Puede ser el resultado de haber hablado sin obtener respuesta, de haber pedido ayuda y recibido sospechas, de haber comprendido que contar lo sucedido implica costos personales, familiares o profesionales difíciles de afrontar.

Escuchar no resuelve una injusticia. Pero la manera en que escuchamos puede determinar si alguien encuentra un camino hacia la protección y la reparación o si termina enfrentándose al aislamiento de no ser tomado en serio.

Una sociedad comprometida con la justicia no necesita aceptar cada relato como una verdad incuestionable. Necesita garantizar que ninguna persona pierda su dignidad mientras los hechos se investigan, que las denuncias puedan formularse sin temor a represalias y que las instituciones respondan por sus decisiones.

Las palabras importan. Las evidencias importan. Los procedimientos justos importan. Su valor reside en la posibilidad de comprender lo sucedido, establecer responsabilidades y proteger derechos.

Detrás de cada debate existen vidas que continúan cuando las declaraciones dejan de circular y quienes discutían regresan a sus rutinas. Hay personas que deben reconstruir su cotidianeidad, afrontar consecuencias materiales y recuperar una confianza que tal vez nunca debió perderse.

La realidad no tiene la obligación de ajustarse a nuestras explicaciones. Son nuestras explicaciones las que deben permanecer abiertas a la realidad.

Cuando una persona tiene que desaparecer del argumento para que el argumento parezca perfecto, el problema ya no está en aquello que no conseguimos explicar. Está en lo que hemos decidido no escuchar.