Por Enrico Colombres.
“Si los pueblos no se ilustran, si no se vulgarizan sus derechos, si cada hombre no conoce lo que vale, lo que puede y lo que se le debe, nuevas ilusiones sucederán a las antiguas, y después de vacilar algún tiempo entre mil incertidumbres, será tal vez nuestra suerte mudar de tiranos, sin destruir la tiranía.”
Mariano Moreno (1810), prólogo a El contrato social o principios del derecho político, de Jean-Jacques Rousseau. Buenos Aires, Real Imprenta de Niños Expósitos.
La Argentina parece condenada a discutir quién debe gobernarla. Pocas veces se detiene a pensar qué país quiere construir. Cambian los presidentes, cambian los discursos, cambian los nombres de los responsables de nuestros problemas. Las dificultades estructurales permanecen. Nos hemos acostumbrado tanto a vivir en la incertidumbre que hasta hemos perdido la capacidad de imaginar cómo debería ser nuestro país dentro de treinta años.
La reciente suba del riesgo país debería preocupar a un gobierno que hizo de la confianza de los mercados uno de sus principales argumentos políticos. Algunos de los sectores económicos que celebraron la llegada de Javier Milei al poder empiezan a dudar de la sostenibilidad de su programa. Esa confianza, tan invocada por el oficialismo, se pierde mucho más rápido de lo que se recupera.
El Gobierno insiste en presentar el equilibrio fiscal como una conquista suficiente para garantizar el futuro de la Argentina. Es difícil hablar de éxito económico cuando a muchas familias les cuesta sostener su nivel de vida, producir se vuelve más complicado y conseguir un empleo digno es una preocupación cotidiana.
El equilibrio fiscal es necesario para sostener una economía capaz de generar riqueza. De poco sirve ordenar las cuentas públicas si en el camino se deterioran las condiciones para producirla. Un país no es una empresa que pueda desprenderse de todo aquello que no le proporciona rentabilidad inmediata.
Mientras tanto, la Argentina profundiza su dependencia del Fondo Monetario Internacional. El programa de veinte mil millones de dólares aprobado en 2025 nos devuelve a una historia conocida. Nos endeudamos para estabilizar la economía, sostener las reservas y atender compromisos anteriores, bajo la promesa de que esta vez será diferente.
¿Cuántas veces escuchamos esa promesa? ¿Cuántas generaciones deberán hacerse cargo de decisiones económicas cuyas consecuencias difícilmente asuman los funcionarios que las tomaron?
Seguimos discutiendo cómo conseguir dólares prestados. Falta discutir cómo generar los que nos permitirían dejar de pedirlos.
Ahí aparece Vaca Muerta. Su potencial energético, el desarrollo portuario de Punta Colorada, en Río Negro, y las inversiones proyectadas para producir y exportar gas natural licuado ofrecen quizá nuestra mejor oportunidad inmediata de empezar a resolver el problema de la deuda externa. La Argentina podría convertirse en un proveedor energético de peso, recuperar competitividad y generar divisas para ganar independencia financiera.
Aprovechar esa oportunidad exige inteligencia política. Deberíamos discutir la creación de un fondo soberano que destine parte de los ingresos públicos de la explotación a reducir la deuda externa, fortalecer las reservas y desarrollar nuestra industria. ¿De qué serviría convertirnos en una potencia energética si seguimos importando tecnología, perdiendo capacidad productiva y tomando deuda? ¿Qué les quedaría a nuestros hijos si dentro de treinta años los recursos empezaran a agotarse y ellos siguieran pagando las mismas deudas? Incorporar Vaca Muerta a un proyecto nacional permitiría que sus beneficios perduren más allá de un gobierno y lleguen a más que un puñado de empresas.
También sigue pendiente una explicación sobre las reservas de oro argentino trasladadas al exterior. Londres y Basilea aparecen como referencias en una discusión que debería resolverse con documentación y controles institucionales.
El traslado de las reservas obliga a dar cuenta de un patrimonio que nos pertenece.
¿Dónde está nuestro oro? ¿Quién lo custodia? ¿Está depositado, invertido o comprometido como garantía? ¿Qué beneficios obtiene la Argentina y qué riesgos asume?
Cualquier ciudadano tiene derecho a formular esas preguntas. El presidente, el ministro de Economía y las autoridades del Banco Central administran un patrimonio nacional y deben rendir cuentas.
La posible suspensión de las primarias de 2027 abre una discusión que va más allá del ahorro invocado.
Las PASO sirven para seleccionar candidatos y medir de antemano el respaldo popular. Un resultado adverso para el oficialismo podría profundizar su desgaste, erosionar la confianza económica y reducir su margen de gobierno en los meses previos a las presidenciales.
¿Cuánto pesa el ahorro y cuánto la posibilidad de evitar una derrota anticipada?
Milei, a su vez, cuenta con una ventaja en las contradicciones que el peronismo todavía no logra resolver.
Axel Kicillof intenta consolidar una construcción política propia, Sergio Massa procura conservar su capacidad de negociación y Cristina Fernández de Kirchner continúa ejerciendo una influencia determinante sobre buena parte del movimiento.
Cada uno tiene una estrategia para disputar el poder. Sigue sin quedar claro qué país se propone gobernar.
Kicillof deberá demostrar que su proyecto puede trascender los límites de la provincia de Buenos Aires. Massa tendrá que explicar qué enseñanzas obtuvo de su paso por el Ministerio de Economía. Cristina Fernández de Kirchner deberá evaluar si la preservación de su centralidad política contribuye a ampliar las posibilidades electorales del peronismo o termina limitándolas.
Al peronismo le falta un proyecto que le dé sentido a la unidad que reclama.
Unirse solamente para derrotar a Milei sería repetir un error conocido. Compartir un adversario alcanza para armar una coalición electoral. Gobernar exige ponerse de acuerdo sobre qué hacer con el poder una vez conseguido.
¿Qué modelo productivo queremos desarrollar? ¿Cómo industrializaremos nuestras materias primas? ¿Qué sistema educativo pretendemos construir? ¿Cómo garantizaremos jubilaciones dignas, acceso a la salud, desarrollo científico, seguridad jurídica y oportunidades laborales?
Estas preguntas deberían estar en el centro de la discusión electoral. El debate sigue girando alrededor de enfrentamientos personales, operaciones mediáticas, candidaturas y encuestas.
Podríamos empezar por discutir una ley de objetivos estratégicos nacionales que fije políticas de Estado a largo plazo, con metas concretas, plazos, mecanismos de control y responsabilidades para quienes administren el país.
La educación, la salud, la ciencia, la industria, la energía y el manejo de los recursos naturales merecen compromisos que duren más que un mandato. Cada gobierno debería poder elegir los instrumentos para cumplir los objetivos que la Nación haya acordado democráticamente.
También deberíamos establecer mecanismos de consulta popular vinculante, dentro del marco constitucional, para decisiones que comprometan nuestros recursos estratégicos, nuestro patrimonio o el endeudamiento extraordinario de las generaciones futuras.
Como ciudadanos también tenemos una responsabilidad. Demasiadas veces hemos confundido la militancia con la obediencia y la crítica con la traición.
La responsabilidad de un ciudadano empieza por cuestionar las decisiones que perjudican al país, incluso cuando las toma el gobierno que votó.
Quien resulte elegido, sea peronista, liberal o radical, debería comprometerse con un proyecto nacional que lo trascienda, con objetivos claros y resultados que podamos evaluar.
Mientras los libertarios discuten cómo permanecer en el poder y los peronistas quién debe recuperarlo, millones de argentinos siguen esperando algo tan elemental como la posibilidad de construir su futuro en el país donde nacieron.
Y quizá nuestra mayor tragedia sea que quienes tuvieron la oportunidad de gobernarnos durante todas estas décadas podrán garantizarles un futuro a sus propios hijos, mientras la mayoría todavía no sabemos qué futuro podemos ofrecerles a los nuestros.
