En Tucumán, moverse en colectivo es una proeza cotidiana. Una hazaña que no premia ni el esfuerzo ni la constancia, sino la resignación. Porque el transporte público en esta provincia no es un servicio: es un campo de batalla donde cada tarjeta, cada aplicación y cada paro es una granada de fragmentación que impacta directo en el cuerpo social, y sobre todo, en el del ciudadano a pie.

Hablemos claro: el sistema de transporte público tucumano es un desastre. No por falta de recursos o de tiempo para planificar, sino por exceso de intereses cruzados. Lo que debería ser una política pública eficaz, equitativa y moderna, se convirtió en un entramado de “kioscos políticos” que se superponen sin resolver nada. Al contrario, empeoran todo.

Tarjetas para todos… menos para facilitar el viaje

Mientras en gran parte del país existe una tarjeta única, la SUBE, que permite viajar con un solo plástico desde el AMBA hasta Tierra del Fuego, en Tucumán tenemos un zoológico de opciones que se pisan, se contradicen y, lo peor, no funcionan bien.

Primero fue la Ciudadana, presentada con épica localista como la gran respuesta provincial a la modernización del sistema. Después apareció la Independencia, con una estética más limpia, como si eso bastara para ocultar que era más de lo mismo: una herramienta tecnológica sin planificación ni integración. En paralelo, la Metropolitana sigue vigente en algunos recorridos. Y para colmo, se sumó el sistema de pago por QR, que exige conexión, batería y suerte.

¿La SUBE? Bien, gracias. Aunque es una política nacional con infraestructura lista y probado funcionamiento, en Tucumán seguimos sin adoptarla plenamente. ¿Por qué? Porque cada sistema alternativo representa un negocio. Porque detrás de cada tarjeta hay una empresa proveedora, una licitación a medida, una cuota de poder. Cada vez que alguien la apoya en el lector, alguien del otro lado hace caja.

Y así, el ciudadano, el verdadero usuario, queda atrapado en un limbo. ¿Con qué se paga hoy? ¿Sirve esta tarjeta? ¿Se cayó el sistema? ¿Puedo subir? Preguntas que uno no debería hacerse antes de ir a trabajar, pero que en esta provincia se volvieron rutina.

Una economía que se sostiene sobre nuestras espaldas

El transporte público tucumano no solo es caótico: es una fuente constante de precarización. Aumentos desproporcionados del boleto sin mejoras en el servicio, paros recurrentes que no avisan ni respetan necesidades mínimas, frecuencias erráticas, unidades en mal estado, choferes que también son víctimas de este sistema y usuarios que, más allá de todo, tienen que seguir viajando. Porque no queda otra.

La lógica es perversa: se le exige al ciudadano cumplir con sus obligaciones laborales, educativas o de cuidado, mientras el Estado y las empresas de transporte se reparten responsabilidades como si fueran fichas de un juego. El paro es del gremio, pero la solución es del gobierno. El subsidio es nacional, pero lo administra la provincia. El boleto sube porque los costos se disparan, pero nadie regula nada con seriedad.

Así, se instala la normalidad del castigo. Si hay paro, bancátela. Si sube el pasaje, ajustá tus gastos. Si no funciona la tarjeta, caminá. Si la app no carga el QR, esperá el próximo. Y mientras tanto, los funcionarios viajan en autos oficiales y los empresarios cuentan los días para el próximo subsidio.

¿Quién viaja realmente?

Este modelo no solo es disfuncional: es profundamente clasista. Porque quienes diseñan las políticas de transporte no viajan en colectivo. No conocen la espera de 40 minutos bajo el sol, ni los asientos rotos, ni la angustia de que el sistema de pago falle cuando uno ya está arriba. No saben lo que es caminar cinco cuadras más porque la línea cambió de recorrido sin aviso. No sienten el miedo de volver sola a casa en un coche sin luz ni acompañantes.

El transporte público en Tucumán no está pensado para el ciudadano, sino para quienes lucran con él. Es una herramienta de recaudación, de control político, de propaganda. Cada nuevo anuncio de “modernización” es un guiño a un proveedor. Cada discurso sobre “mejorar el servicio” oculta un negocio más.

Y todo esto sucede en una provincia con altos índices de pobreza, con salarios que no alcanzan, con estudiantes que dependen del colectivo para asistir a la facultad, con jubilados que no pueden permitirse un taxi. El transporte no es un lujo: es un derecho. Pero aquí, lo convirtieron en trampa.

El colmo de la desconexión: pagar por lo que no se tiene

Como si el caos tarifario y tecnológico no fuera suficiente, cada aumento del boleto se anuncia como si fuera inevitable. Pero nadie explica por qué se paga tanto por tan poco. La infraestructura no mejora. Las unidades no se renuevan. La puntualidad es una lotería. Y los choferes, cada vez más sobrecargados, lidian con la bronca ciudadana que debería dirigirse hacia arriba.

La falta de controles reales y la connivencia política con los empresarios del transporte generan una rueda viciada: el servicio es deficiente, pero el precio sube. Las promesas abundan, pero las soluciones no llegan. ¿Hasta cuándo se puede sostener un sistema así?

La respuesta está en la calle. En ese ciudadano que sigue subiendo al colectivo porque no tiene opción. Que se adapta a las tarjetas, a los QR, a los aumentos, a los paros, porque no puede faltar al trabajo. Porque si lo hace, pierde el día. Porque su economía no se sostiene con subsidios ni con dietas políticas, sino con la fuerza de su cuerpo cada mañana.

Un modelo agotado que exige ruptura

El sistema de transporte público en Tucumán no necesita retoques: necesita una refundación. Y eso no se logra con anuncios de última hora ni con apps que no funcionan. Se necesita planificación, voluntad política real, y sobre todo, empatía. No desde el marketing, sino desde la acción concreta.

Implementar la SUBE de forma plena, garantizar frecuencias, auditar subsidios, transparentar contratos, y, sobre todo, poner al usuario en el centro de la política pública. Hoy no sucede. Hoy el usuario es el último eslabón de una cadena que prioriza negocios.

Mientras tanto, seguimos subiendo al bondi con la misma esperanza de siempre: que hoy funcione. Que no haya paro. Que no se caiga el sistema. Que no aumente otra vez. Pero ya no basta con esperar. Porque si nadie denuncia este modelo de transporte como lo que realmente es —un kiosco político a costa del pueblo—, seguiremos viajando hacia el abismo sin freno.