por Facundo Vergara.

La reciente intervención policial durante la última  marcha de jubilados frente al Congreso Nacional, manifestación que viene reiterándose en los últimos miércoles de cada semana y en la que también participan docentes universitarios nucleados en CONADU y movimientos sociales, vuelve a poner en escena una discusión fundamental: ¿cómo se equilibran en democracia el derecho a la protesta y el derecho a la libre circulación? Este interrogante nos remite a analizar cuestiones más profundas respecto a la relación entre libertad, igualdad y democracia.

La tensión Libertad-Igualdad

Tomemos como referencia el pensamiento del jurista y filósofo italiano Norberto Bobbio. Para él, la única forma de igualdad compatible con la libertad es la “igualdad en la libertad”. Esto implica que todas las personas deben gozar del mismo grado de libertad siempre que esa libertad no vulnere la de los demás. Hablamos aquí de dos principios constitucionales básicos: la igualdad ante la ley y la igualdad en el ejercicio de los derechos. Sin embargo, cuando hacemos foco en la aplicación del “Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación”, popularmente conocido como Protocolo Antipiquetes”, queda en evidencia que estos principios están lejos de ser garantizados de manera equilibrada.

El último episodio entre manifestantes y fuerzas de seguridad registrado en las inmediaciones del Congreso grafica de manera clara esta tensión. Por un lado, los manifestantes ejercían su derecho constitucional a la protesta, una forma de participación política que en democracia no solo es legítima, sino necesaria. Por el otro, las fuerzas de seguridad, en cumplimiento del “protocolo antipiquetes” impulsado por la ministra Patricia Bullrich, restringieron ese derecho en nombre de otro también constitucional: la libre circulación.

Aquí el problema, tal como lo advierte Bobbio, no es la coexistencia de derechos en tensión, sino la forma en que el Estado resuelve ese conflicto. Si la represión se convierte en la primera o única respuesta ante la protesta, estamos frente a una vulneración del principio de igualdad en la libertad. No todos los derechos se ejercen del mismo modo, ni con la misma protección. En este caso, el derecho a la libre circulación se impone por sobre el de manifestarse, sin reconocer que ambos deben coexistir y limitarse mutuamente.

Bobbio señala también que hay una conexión necesaria entre liberalismo y democracia. El liberalismo, entendido como la garantía de los derechos fundamentales, y la democracia, como el método político de participación del pueblo en las decisiones públicas. En tal sentido, el accionar del Estado debe someterse a criterios democráticos, es decir, debe estar orientado a garantizar el ejercicio plural y equitativo de los derechos de todos los ciudadanos.

Historias conocidas

Las escenas que se repiten cada miércoles en el Congreso reflejan también otra cuestión de la política Argentina: un Estado que responde al conflicto social no con diálogo político, sino con disciplinamiento policial, es decir, un Estado que, en nombre del orden y la seguridad, restringe derechos fundamentales a sectores vulnerables como los jubilados y trabajadores de la educación, en lugar de atender las causas profundas de su malestar. 

En tal sentido, la reflexión de Bobbio sobre la tensión entre igualdad y libertad cobra fuerza: “una sociedad liberal-liberalista es inevitablemente inigualitaria, así como una sociedad igualitaria por fuerza no podrá ser liberal”.

Siguiendo el pensamiento de Bobbio, cuando el derecho a circular se protege con más énfasis que el derecho a reclamar una jubilación digna o un salario justo, estamos ante una desigualdad que vulnera la legitimidad democrática del Estado, así, en nombre de la libertad, se perpetúan formas de exclusión.

La hermandad Democracia-Liberalismo

Bobbio afirma también que no puede haber democracia sin liberalismo ni liberalismo sin democracia. Ambos se necesitan mutuamente: los derechos garantizan el funcionamiento del método democrático, y el método democrático asegura la vigencia de esos derechos. En nuestra Argentina necesitamos más política y menos represión. El Estado debe garantizar un equilibrio justo entre los derechos en conflicto promoviendo espacios de diálogo y canales institucionales que permitan canalizar las demandas sociales sin recurrir a la criminalización de la protesta. 

El jurista italiano expresa que el método democrático debe salvaguardar los derechos fundamentales que sostienen al Estado liberal. Cuando se reprime una manifestación pacífica en nombre de la ley, se corre el riesgo de vaciar de contenido a esa democracia, desnaturalizándola. En palabras del autor, democracia y liberalismo solo son compatibles si se sustentan mutuamente: sin derechos garantizados, la participación democrática se transforma en una formalidad sin sustancia.

Volviendo al caso argentino, defender los derechos constitucionales no puede reducirse a priorizar unos sobre otros según el clima político. La protesta social es una expresión legítima de la soberanía popular, suprimirla en nombre del orden no fortalece la democracia: la debilita.