por María José Mazzocato.

En tiempos donde la inteligencia artificial parece resolver desde diagnósticos médicos hasta versos poéticos, una pregunta incómoda empieza a colarse en los pasillos del derecho tributario: ¿quién controla a quien nos controla? En su investigación postdoctoral, el Dr. Adolfo Iriarte Yanicelli plantea un debate ineludible: la Cuarta Revolución Industrial no solo está transformando el trabajo y la economía, también está reconfigurando la relación entre el Estado y el contribuyente. Y lo hace con un arma poderosa: los algoritmos.

La IA, esa tecnología capaz de aprender, decidir y automatizar procesos, promete eficiencia y rapidez. Pero también inaugura una era de vigilancia sin precedentes. ¿Qué pasa cuando el Estado, a través de sus administraciones tributarias, puede cruzar datos personales, redes sociales, consumos, movimientos financieros y predicciones algorítmicas para decidir si alguien está evadiendo impuestos? La respuesta no está en el futuro: está ocurriendo ahora. El trabajo del Dr. Iriarte Yanicelli propone una relectura profunda de lo que se conoce como relación jurídica tributaria: esa conexión legal entre el Estado y cada persona que paga impuestos. Históricamente, esa relación evolucionó del “yo ordeno, vos pagás” del absolutismo al “yo legislo, vos contribuís con garantías” del Estado moderno. Pero con la digitalización, esa relación se ha vuelto compleja, asimétrica y opaca. Hoy, la principal moneda de intercambio no es solo el dinero, sino la información. Y el acceso estatal a esa información –cada vez más amplia y automatizada– no ha sido acompañado por una ampliación proporcional de los derechos del contribuyente. ¿Tenemos derecho a saber qué sabe el Estado sobre nosotros? ¿Cómo usa esos datos? ¿Podemos oponernos a decisiones tomadas por una IA?

La investigación advierte que la inteligencia artificial puede generar decisiones automatizadas, como clasificar contribuyentes según riesgo fiscal o redactar modelos de sentencias. Y esto sin intervención humana real. ¿El problema? Los algoritmos no son neutrales. Cargan con los sesgos de sus programadores, reproducen discriminaciones pasadas y operan en estructuras opacas, las llamadas cajas negras. ¿Y si un sistema decide que por tus consumos en Mercado Libre o tus likes en Instagram sos “potencial evasor”? ¿Y si esa etiqueta desencadena auditorías, multas o medidas sin que puedas impugnar nada porque no hay un humano responsable detrás?

Iriarte Yanicelli sostiene que la gobernanza de la IA debe ser transparente, democrática y basada en derechos humanos, especialmente cuando se utiliza desde el Estado. Si no, el riesgo es claro: una administración tributaria tecnológicamente avanzada, pero jurídicamente regresiva, que prioriza el control sobre la equidad. Uno de los ejes más poderosos del análisis es el principio de proporcionalidad: si el Estado accede a toda nuestra información tributaria y personal, también deberíamos tener acceso al uso de esos datos, derecho a corregir errores, a oponernos a interpretaciones automáticas, y a exigir protección efectiva. Sin embargo, el escenario actual muestra un desequilibrio estructural. Las administraciones acceden a bases de datos locales e internacionales gracias a acuerdos de intercambio automático impulsados por la OCDE y el G20. Pero los ciudadanos tienen escaso control sobre esa información. Peor aún: las filtraciones masivas –como las ocurridas en Bulgaria o Argentina– muestran lo frágil que es la promesa de protección de datos. La paradoja de esta era es brutal: en nombre de la eficiencia fiscal, se pueden vulnerar garantías básicas como el derecho a la intimidad, a la defensa y al debido proceso.

El postdoctoral no se queda en la crítica: propone una nueva carta de derechos del contribuyente para la era de la inteligencia artificial. Entre otros, el derecho a acceder y controlar los datos personales que posee la administración tributaria, a conocer cómo se utilizan, a oponerse a usos indebidos, y a que no existan decisiones automáticas sin posibilidad de apelación humana. Estos derechos están reconocidos en algunos países, pero en América Latina siguen siendo débiles o inexistentes. Para el autor, el gran reto es democratizar el acceso a la información fiscal y equilibrar el poder entre contribuyentes y Estado.

Entre las experiencias que analiza están el uso de IA para dictar sentencias fiscales en Estonia o para predecir fraudes en China. También menciona la agenda oculta denunciada en Davos: las grandes corporaciones tecnológicas promueven un discurso humanista sobre la IA, mientras en privado planifican despidos masivos y automatización sin piedad. ¿Puede ocurrir lo mismo en nuestras administraciones públicas? ¿Estamos construyendo un Estado que terceriza su poder en algoritmos, sin control democrático? ¿O vamos a exigir que la digitalización sirva a la justicia fiscal y no solo a la recaudación?

La inteligencia artificial es, sin duda, una de las grandes herramientas del siglo XXI. Pero como plantea el Dr. Adolfo Iriarte Yanicelli, su aplicación en el campo fiscal no puede ser ajena al derecho, ni mucho menos a los derechos humanos. En nombre del combate a la evasión, no podemos justificar cualquier intromisión en la privacidad, ni aceptar decisiones automáticas sin control ni apelación. El riesgo no es menor: una democracia que naturaliza la vigilancia, se vuelve una democracia vigilada. El desafío es claro: o transformamos la relación tributaria en una relación de transparencia y derechos, o aceptamos pasivamente que el futuro fiscal se parezca más a una distopía algorítmica que a un Estado de derecho.