Por María Vera.
La crueldad es la más terrible de las armas del poder.
Hannah Arendt
Quienes hoy critican y ponen en sospecha a las personas con discapacidad, aplaudiendo el recorte de sus derechos, no comprenden —o no quieren comprender— la dimensión de la crueldad que atraviesa este colectivo. No se trata de un error administrativo ni de una simple “falta de recursos”. Se trata de una política deliberada, ejecutada por un grupo de ineptos malintencionados que gobiernan el país, y en particular la provincia de Tucumán, como si fueran dueños de un feudo.
En esa lógica perversa, los más vulnerables están destinados a la condena: como en la antigua Esparta, donde los niños “imperfectos” eran arrojados al monte Taigeto, las personas con discapacidad son hoy sacrificadas simbólicamente, expulsadas del derecho a la salud, a la educación, a la dignidad. Plutarco narra cómo en Lesca los ancianos examinaban a los recién nacidos y, si los consideraban “degenerados”, los arrojaban al abismo. Esa misma sombra reaparece en nuestra historia reciente: un Estado que se cree juez de quién merece vivir y quién no.
La crueldad no es nueva. En la Alemania nazi se aplicó un plan sistemático de exterminio de personas con discapacidad: más de 200.000 asesinados en hospitales, escuelas y asilos. Fue el antecedente de los campos de concentración. Y hoy, sin llegar a esos extremos, asistimos a un eco inquietante: la exclusión disfrazada de ajuste. Cuando se recortan tratamientos oncológicos, programas de rehabilitación física, medicación básica o apoyos educativos, lo que se está decidiendo —de manera silenciosa pero implacable— es quién puede continuar su vida y quién queda condenado a la marginación.
En Argentina, la llamada “Ley de Emergencia en Discapacidad” se ha transformado en letra muerta. Su reglamentación nunca llegó, el decreto presidencial que debería hacerla efectiva permanece ausente, y la normativa se vuelve papel vacío. Mientras tanto, los discursos oficiales repiten frases hechas sobre “austeridad” o “orden”, y muchos ciudadanos, influenciados por esa retórica, terminan señalando a las propias personas con discapacidad como sospechosas de ser un “costo”. La crueldad, en este caso, no solo se mide en la indiferencia del Estado, sino también en la complicidad social que legitima esa indiferencia.
Porque un Estado cruel no se construye únicamente desde arriba. Se sostiene cuando parte de la ciudadanía acepta la lógica de que hay vidas que valen menos, que ciertos derechos son “privilegios” y que la dignidad puede ponerse en pausa hasta que la economía lo permita. Es el viejo veneno del utilitarismo más brutal: lo que no produce, lo que no rinde, lo que no encaja en la maquinaria, puede descartarse.
Pero la historia enseña que cada vez que se ha naturalizado la crueldad contra los más frágiles, lo que siguió fue una degradación colectiva. Lo dijo Primo Levi: “ocurre, pues, que dondequiera que el sufrimiento se tolera, todos se vuelven cómplices”. Y ese es el verdadero peligro que enfrentamos: no solo la perversidad de los funcionarios, sino la corrosión moral de una sociedad que se acostumbra a mirar hacia otro lado.
Sin embargo, también sabemos que los derechos nunca se concedieron gratuitamente: siempre fueron fruto de luchas y resistencias. A pesar del dolor, seguiremos defendiendo nuestros derechos humanos, políticos y sociales. No por una cuestión de caridad, sino por justicia. Porque la crueldad del Estado no podrá borrar la memoria ni la voz de quienes se niegan a ser silenciados.
En un Estado cruel, resistir no es una opción: es la única manera de afirmar que todavía estamos vivos.
Excelente artículo: claro contundente, muy bien fundamentado y sobre todo absolutamente necesario como.parte de la batalla cultural contra el oprobio.Es urgente reflexionar sobre el tema de la crueldad, administrada sin pudor desde el propio Gobierno Nacional, banalizada y validada rastreramente por una parte importante de la población. Es muy oportuna la recuperación de este fenómeno, altamente peligroso. en la historia para que se entienda que estamos frente a un proceso que fue preludio del genocidio nazi.
En estos tiempos de oscuridad es importante esta forma de resistencia que aportan luz y nos recuperan la mprescidible esencia humana. Felicitaciones.
Gracias querida Marta Valoy por tu comentario siempre constructivo
Estimada autora:
Su artículo es un destello de lucidez moral en medio de la penumbra ética que atraviesa nuestro país. La contundencia con la que expone la dimensión política e histórica de la crueldad hacia las personas con discapacidad es necesaria y valiente. Coincido plenamente en que no se trata de simples ajustes técnicos, sino de una lógica perversa que determina qué vidas merecen ser vividas y cuáles pueden ser descartadas, una sombra que se extiende desde el abismo de Esparta y el horror nazi hasta nuestro presente.
Permítame enriquecer su mirada con una reflexión histórica que profundiza su denuncia. Usted acierta al señalar la «Ley de Emergencia» como letra muerta, pero el origen de esta decadencia es más profundo. La bisagra crucial, como bien se ha señalado, fue el último gobierno de facto (1976-1983), que instauró con la Ley 22.431 un sistema de pensiones por invalidez basado en el paradigma asistencialista y médico-rehabilitador.
Aquí yace la gran hipocresía: durante más de 40 años, ese beneficio previsional ha funcionado como una limosna del Estado para «calmar la conciencia», mientras se relegaba sistemáticamente la verdadera inclusión laboral y social. Todos los gobiernos democráticos que le sucedieron han sido cómplices de mantener este sistema perverso, que crea una dependencia humillante y perpetúa la idea de la persona con discapacidad como un «costo» o un «inválido», nunca como un sujeto de pleno derecho.
Lo que vivimos hoy es la fase terminal de ese fracaso acumulado. El actual gobierno no ha inventado la crueldad, pero la ha potenciado: transforma la negligencia en política deliberada y el ajuste en un instrumento de exclusión. Mientras recorta tratamientos, educación y apoyos, mantiene un esquema de pensiones que, en lugar de empoderar, confina. La verdadera dignidad no estaría en una pensión por incapacidad, sino en un Ingreso Universal que reconozca los gastos extraordinarios de la discapacidad y sirva como base real para la autonomía y la vida independiente.
Su artículo acierta al señalar que un Estado cruel se sostiene con la complicidad social. Por eso, su denuncia no es solo periodística, es ética. Nos interpela a no naturalizar un sistema que, desde la dictadura hasta hoy, ha preferido pagar por la exclusión que invertir seriamente para terminarla.
Gracias por recordarnos que, frente a la crueldad de un Estado que gobierna como feudo, resistir no es una opción, sino un imperativo moral para afirmar nuestra humanidad compartida y nuestra dignidad, que es indelegable.
Gabriela Peñaloza (Persona en Situación de Discapacidad)
Gaby querida , sos un ejemplo de lucidez y valentía, gracias por tus palabras querida amiga . Tu lucha es nuestra lucha