Por Fernando M Crivelli Posse.
La soberanía de los pueblos no se conquista con discursos, sino con actos firmes y justos.
José de San Martín.
El domingo 26 de octubre, Argentina vivió una jornada que trascendió las urnas. Con un 40,7 % de los votos, la ciudadanía no solo mostró confianza en el gobierno nacional, sino que dejó un mandato claro: ética, responsabilidad y acción concreta. Los argentinos exigen líderes que actúen con coherencia, integridad y compromiso, y que no confundan la política con un teatro de palabras vacías. La sociedad demanda hechos, progreso real y políticas que permitan que el trabajo rinda frutos y que las familias prosperen, enfrentando un sistema históricamente marcado por la corrupción, el clientelismo y la fragmentación institucional.
En este escenario, el Presidente de la Nación tomó la iniciativa de impulsar el cumplimiento del Pacto de Mayo, dejando atrás los discursos violentos y soeces para privilegiar la inteligencia del consenso y las formas que la ciudadanía reclama. El electorado no busca ideologías extremistas ni enfrentamientos partidarios: exige un republicanismo sólido, basado en la verdad, la transparencia y la ética. Los argentinos quieren progresar, que su trabajo tenga valor y que sus familias prosperen. Reclaman líderes serios, responsables, éticos y coherentes, comprometidos con la Patria y con toda la ciudadanía.
El Pacto de Mayo se presenta como una hoja de ruta histórica para refundar el contrato social argentino, inspirado en los principios fundacionales de la Nación. Firmado en San Miguel de Tucumán, busca superar las antinomias del pasado y establecer un gobierno que coloque a la ciudadanía en el centro de todas las decisiones, con compromisos tangibles y verificables que trasciendan las palabras y se conviertan en hechos concretos. Este documento no es un simple llamado a la retórica: es una invitación a la acción ética, moral y patriótica, que exige que la política deje de ser espectáculo y vuelva a ser herramienta de transformación social.
Las diez cláusulas del cuerpo normativo constituyen un marco claro de acción: garantizar la inviolabilidad de la propiedad privada; mantener un equilibrio fiscal innegociable; reducir el gasto público a niveles sostenibles; implementar una educación moderna, útil y sin abandono escolar; reformar el sistema tributario para reducir la presión impositiva y fomentar el comercio; revisar la coparticipación federal para terminar con modelos extorsivos hacia las provincias; avanzar en la explotación responsable de los recursos naturales; promover el trabajo formal; garantizar la sostenibilidad previsional y respetar a quienes aportaron; y abrir el comercio internacional para que Argentina recupere protagonismo global. Cada medida refleja una visión pragmática y responsable, diseñada para fortalecer al país desde sus bases económicas, sociales e institucionales.
Este contrato social no se limita a ideas: propone la creación del Consejo de Mayo, un organismo plural compuesto por representantes del Poder Ejecutivo, del Congreso, de las provincias, de los gremios y del sector empresarial. Este consejo actúa como instrumento de transparencia y control ético, asegurando que las decisiones no queden en palabras, sino que se traduzcan en acciones concretas. Simboliza un cambio profundo: el poder no puede ejercerse sin responsabilidad moral ni compromiso con la ciudadanía.
El llamado presidencial a este nuevo contrato social de refundación nacional, tras los comicios, refleja una lectura madura de la política: reconocer que la soberbia, la arrogancia y la mezquindad ideológica retrasan el progreso. La prioridad es construir un republicanismo sólido, basado en la cooperación, el consenso y la acción responsable, donde todos los argentinos se beneficien del proyecto nacional sin discriminaciones ni privilegios.
Este enfoque encuentra un paralelo histórico en los Padres Fundadores de Estados Unidos, quienes construyeron una república democrática basada en el Estado de Derecho, la separación de poderes y la protección de los derechos individuales. Jefferson, Adams, Franklin, Hamilton, Jay, Madison y Washington comprendieron que la estabilidad y el progreso requieren tanto instituciones sólidas como liderazgo ético. Diseñaron un federalismo equilibrado, donde cada Estado conservaba competencias propias y autonomía interna, mientras el gobierno central contaba con autoridad suficiente para garantizar la defensa común, regular el comercio interestatal y mantener la cohesión nacional. Este equilibrio permitió que ni los Estados ni el poder federal ejercieran autoridad ilimitada, estableciendo una república fuerte y estable. La Argentina de hoy enfrenta un desafío similar: fortalecer sus instituciones, garantizar la separación de poderes y asegurar que los líderes actúen con integridad dentro de un sistema federal equilibrado.
La política argentina, marcada históricamente por la corrupción y el clientelismo, exige un cambio radical. Los dirigentes deben actuar, no solo hablar, y hacerlo con coherencia y firmeza. Esto implica avanzar con transparencia, implementar auditorías rigurosas, controlar el gasto público, condenar todas las formas de corrupción y establecer un sistema de “ficha limpia” que depure a quienes traicionan la confianza ciudadana. La acción ética no es opcional: es la base para reconstruir la credibilidad institucional y ofrecer resultados concretos.
El pacto nacional propone un nuevo inicio social. La educación y la formación laboral son pilares fundamentales para empoderar a las nuevas generaciones y asegurar una ciudadanía activa, capaz de supervisar la gestión pública. La reducción del gasto y la reforma tributaria buscan un Estado eficiente, donde cada recurso se utilice de manera racional y transparente. La apertura al comercio internacional y la explotación responsable de los recursos naturales integran a la Argentina en la economía global, generando oportunidades sostenibles de desarrollo.
Más allá de las reformas económicas y sociales, este llamado a la unificación nacional representa un imperativo moral: superar la arrogancia, la mezquindad y los intereses sectoriales para construir un proyecto nacional inclusivo y sólido. La ciudadanía no demanda asistencialismo ni prebendas; exige resultados, integridad y justicia. Cada acción del gobierno debe reflejar estos principios, demostrando que una patria libre y próspera no se construye con privilegios ni favoritismos, sino con ética, responsabilidad y visión de largo plazo.
La lucha que propone este documento nacional es ética, moral y concreta. No se trata de enfrentamientos ideológicos: se trata de garantizar que la Argentina funcione, que sus instituciones sean fuertes y que los ciudadanos recuperen la confianza en su gobierno. El mensaje que dejó la ciudadanía el domingo pasado es claro: los argentinos demandan liderazgo responsable y coherente, políticas que se cumplan y un Estado que trabaje para todos.
El Pacto de Mayo no es un documento más: es la brújula que puede refundar la Nación. Si se aplica con rigor, transparencia y liderazgo responsable, marcará un antes y un después en la historia argentina. La responsabilidad no recae únicamente en el Presidente, sino también en los gobernadores y en todo dirigente comprometido con la Patria: todos ellos deben garantizar la ejecución efectiva de sus principios. La verdadera transformación no termina en el discurso; comienza en la acción concreta, en el cumplimiento de promesas y en la implementación de medidas que modifiquen de manera real y positiva la realidad social, económica e institucional del país.
El futuro de la Patria depende de nuestra acción colectiva. Que la Argentina se levante con instituciones fuertes, líderes éticos y ciudadanos comprometidos. Que el Pacto de Mayo no sea un ideal lejano, sino la realidad palpable de un país que recupera su dignidad, su libertad y su grandeza. Este es nuestro tiempo, nuestra oportunidad histórica: que la Nación renazca unida, libre y soberana, y que la historia recuerde que los argentinos supimos actuar con valor, ética y patriotismo para construir la Argentina que todos soñamos.
Continuará…

Años de escepticismo fundado, hacen difícil.confiar. Dios ilumine las.voluntades.para q cada uno y en conjunto aprovechemos está nueva oportunidad de reconstruir 1 hogar (no eterno pero.hogar al.fin) seguro y.justo.
Es así. Se hace urgente y fundamental refundar está hermosa Patria , volviendo a nuestros valores etico- cristianos . Es necesaria la unión y el compromiso ciudadano . Entre todos podemos lograrlo
Gracias por tus palabras tan precisas.
La pregunta del millón es cómo salir de la trampa de las asignaciones y planeros.
Mientras, con la excusa de lss IA, la ONU procura establecer un «salario universial»…
Gracias por tu mensaje y por abrir un debate necesario. El problema no son las asignaciones en sí, sino la dependencia estructural que generan cuando sustituyen al trabajo en lugar de acompañarlo. Los planes sociales pueden tener sentido en momentos de crisis, pero se vuelven una trampa cuando reemplazan la cultura del esfuerzo y la movilidad social por una lógica de subsidio permanente.
La salida no pasa por eliminar la asistencia, sino por transformarla en un puente hacia la autonomía, donde cada beneficiario tenga una ruta concreta hacia el empleo formal, la capacitación y el desarrollo productivo. En otras palabras: del plan al trabajo, de la dependencia a la dignidad.
Ahora bien, para que ese tránsito sea posible, el país debe promover la producción, la industria, la innovación, la ciencia y la tecnología, es decir, las verdaderas palancas del crecimiento sostenido. Si a eso se suma un plan de Estado que reduzca la presión impositiva, modernice las leyes laborales para equilibrar los intereses de trabajadores y empresarios, y fortalezca el sistema previsional con controles y auditorías eficaces, la pobreza estructural podría transformarse en pobreza blanda, es decir, una situación contenible y transitoria.
Ahí -y solo ahí- los planes sociales cumplen su función real; amortiguar el impacto social mientras se genera empleo y productividad. Porque seamos claros: el pleno empleo absoluto es una teoría, no una realidad, y la política debe asumirlo con honestidad. Lo razonable es construir una economía donde el trabajo formal sea mayoría, la asistencia sea temporal y el esfuerzo individual vuelva a ser el camino natural del progreso.
En cuanto al llamado “salario universal” impulsado por ciertos organismos internacionales, conviene analizarlo con prudencia. Sin productividad, inversión y educación de calidad, no es inclusión: es dependencia financiada con inflación o deuda.
La verdadera justicia social no se logra repartiendo dinero, sino repartiendo oportunidades y fortaleciendo la cultura del mérito, la educación y el trabajo. Ese es el único camino hacia una Argentina que funcione, con un Estado eficiente, ciudadanos libres y una economía que premie el esfuerzo.
De mi mayor consideración y sin otro particular te deseo un excelente fin de semana.-