Por Enrico Colombres. 

La peor forma de dominación es aquella que se ejerce con el consentimiento de los dominados.
Étienne de La Boétie.

Argentina no está estancada ni rota ni confundida. Está administrada para no moverse y funciona exactamente como el sistema necesita que funcione. Esa es la verdad que molesta porque no permite refugiarse en la excusa del error ni en la fantasía del accidente. Lo que atraviesa al país no es una crisis coyuntural ni una mala racha histórica, sino un cansancio estructural inducido y gestionado. Un agotamiento que no es espontáneo ni natural, sino el resultado de un diseño político que se reproduce con precisión.

Durante décadas se nos explicó que el problema era económico, luego político, después cultural. Esa secuencia fue útil para desplazar siempre la responsabilidad un poco más lejos de la responsabilidad colectiva. La verdad es más dura y más incómoda porque nos incluye. El problema es estructural y es civil. No hay salida técnica para una crisis que es de representación, de poder y de sentido. No existe reforma posible mientras la sociedad siga delegando con resignación un destino que ya no controla y que otros administran sin consultarla.

Seguimos votando y eso tranquiliza conciencias. Permite sostener la ilusión de normalidad democrática y legitima discursos que hablan de alternancia, república y división de poderes. Pero hace tiempo que el voto dejó de ser una herramienta real de transformación. Elegimos administradores de un rumbo que no se discute, gerentes de una estructura cerrada sobre sí misma, profesionales de la política que ya no representan intereses sociales sino equilibrios internos del poder. La democracia argentina funciona en lo formal y fracasa en lo sustancial. Hay procedimientos, pero no hay control efectivo. Hay alternancia, pero no hay proyecto común. El ciudadano aparece solo al inicio del proceso y desaparece cuando se toman las decisiones importantes.

La apatía, la abstención y el descreimiento no son fallas morales de la ciudadanía. Son respuestas racionales a un sistema que excluye deliberadamente al ciudadano de las decisiones estratégicas. Cuando la política no ofrece futuro, la sociedad se repliega en la supervivencia cotidiana y aprende a no esperar nada. Aprende a adaptarse, a bajar expectativas, a normalizar el deterioro como si fuera una forma de madurez histórica.

Con el tiempo, la política dejó de ser una herramienta de organización social para convertirse en una casta cerrada. Un ecosistema autónomo con reglas propias, privilegios propios y una lógica que ya no dialoga con la vida concreta de la mayoría. Los fueros, los cargos eternizados, los acuerdos opacos, la inmunidad práctica frente al fracaso o la corrupción no son desvíos aislados. Son mecanismos de autopreservación. El sistema se protege a sí mismo incluso cuando fracasa. Mientras tanto, el sacrificio siempre se exige hacia abajo: ajustes, esfuerzos, paciencia. Siempre paciencia. Nunca rendición de cuentas real. Nunca consecuencias políticas proporcionales al daño causado.

Un sistema político que no puede ser juzgado por sus resultados, que no puede ser removido por incumplimiento y que no pierde privilegios cuando fracasa no es representativo. Es corporativo. Y una corporación no gobierna para la sociedad sino para su propia continuidad.

En ese entramado, la justicia aparece como el eslabón que nunca se corta. No hay democracia posible sin una justicia independiente y Argentina no la tiene. Mientras los jueces sigan siendo designados, promovidos o condicionados por acuerdos políticos, no existirá independencia real de poderes. Mientras los pliegos sean moneda de negociación y las carreras judiciales dependan del humor del poder de turno, la justicia seguirá siendo una extensión diferida de la política. No se trata de una acusación moral ni de señalar nombres propios. Es una constatación institucional. Un poder judicial que nace condicionado no puede controlar al poder que lo condiciona. Y sin control real, la república se convierte en una escenografía.

El control ya no se ejerce principalmente por la fuerza, sino por el agotamiento mental. Saturación informativa permanente, escándalos diarios, discusiones superficiales, polarización estéril. Todo al mismo tiempo, todo urgente, todo descartable. Ese ruido constante cumple una función precisa: impedir pensar. Evitar que se discuta lo esencial, que es el modelo de poder. El empobrecimiento que atraviesa al país no es solo económico. Es simbólico, educativo e institucional. Se empobrece el lenguaje y con él la capacidad de pensar en términos complejos. Se empobrece el debate y se lo reemplaza por consignas. Se empobrece la expectativa y se la reduce a sobrevivir.

Argentina vive dentro de un modelo político agotado que se reproduce porque nadie lo enfrenta en su núcleo. Se discuten nombres, estilos, temperamentos y etiquetas ideológicas. No se discute la arquitectura del poder. El presidencialismo hipertrofiado, los partidos convertidos en sellos electorales, un Congreso subordinado, una justicia condicionada y una ciudadanía reducida al rol de espectadora componen una estructura que se recicla gobierne quien gobierne. Por eso nada cambia en lo profundo. Porque no está pensado para cambiar.

No hay salida sin una reforma política estructural y no hay reforma posible sin un despertar civil. Eso implica decir lo que incomoda y dejar de rodearlo con eufemismos. Implica quitar los fueros a los funcionarios políticos y asumir que quien decide sobre la vida pública debe responder como cualquier ciudadano. Implica mecanismos reales de revocatoria de mandatos que devuelvan al poder su carácter condicional y no vitalicio. Implica una reforma profunda del sistema de designación judicial para que los jueces no deban su cargo a la política. Implica independencia real del Poder Judicial con criterios técnicos, transparencia y control ciudadano.

Implica también incorporar herramientas de participación directa. Referéndums vinculantes mediante tecnología segura, auditable y accesible. Participación ciudadana en decisiones estratégicas como el presupuesto, las reformas estructurales o el endeudamiento. La tecnología existe. La capacidad técnica existe. Lo que no existe es la voluntad política de ceder poder. Y eso debería encender todas las alarmas.

El miedo del sistema a los referéndums vinculantes no es técnico ni jurídico. Es político. Porque devuelven algo peligroso para quienes administran el statu quo, la capacidad de decisión directa. Una ciudadanía que decide deja de ser manipulable. Una ciudadanía que vota sobre temas concretos deja de depender de intermediarios profesionales. El argumento de que la gente no está preparada es viejo, elitista y profundamente antidemocrático. Nadie se prepara para decidir si nunca se le permite hacerlo.

Las mayores traiciones a los intereses colectivos no se cometen a plena luz del día. Se cometen cuando la sociedad está distraída, cansada o celebrando. Las fiestas, los fines de año, las madrugadas de sesiones extraordinarias son el escenario ideal para aprobar leyes, endeudamientos y reformas que no pasarían un debate público serio. No es una casualidad. Es un método. Y cada vez que la ciudadanía mira para otro lado, ese método se perfecciona.

Nada de esto va a cambiar por la voluntad de quienes se benefician del sistema actual. Cambia solo cuando la sociedad deja de aceptar como natural lo que es estructuralmente injusto. El despertar civil no es violencia ni caos. Es conciencia, organización y exigencia sostenida. Es dejar de discutir solo consecuencias y empezar a discutir causas. Es entender que sin una reforma institucional profunda cualquier mejora es transitoria y reversible.

Y acá aparece la pregunta fea, la que nadie quiere hacerse en serio. Hasta cuándo va a aceptar el ciudadano argentino ser espectador de su propio deterioro. Hasta cuándo va a tolerar que decidan por él en madrugadas ajenas, en recintos cerrados y con acuerdos que nunca votó. Porque no hay sistema que se sostenga sin consentimiento. Y el consentimiento también se otorga cuando no te hacés cargo.

La historia no suele absolver a las sociedades que confundieron estabilidad con obediencia ni gobernabilidad con silencio. Cuando se escriba sobre esta etapa no se dirá que faltó información ni que no hubo advertencias. Se dirá que faltó decisión colectiva. El punto de inflexión no será un gobierno ni una elección. Será el momento en que la ciudadanía decida si sigue delegando su destino o si empieza a reclamarlo de manera activa y organizada.

Argentina no necesita más discursos tranquilizadores ni diagnósticos indulgentes. Necesita una sacudida cívica que obre en la mente colectiva y despierte. Sin reforma política profunda no hay futuro sostenible. Sin participación ciudadana real no hay democracia. Sin justicia independiente no hay república. El rumbo no va a cambiar solo. O se lo exige o se lo padece.