Por Fernando M. Crivelli Posse.
“El problema económico de la sociedad no es meramente un problema de asignación de recursos dados, sino de cómo asegurar el mejor uso de los recursos conocidos por individuos distintos.”
— Friedrich A. Hayek.
El debate sobre la apertura comercial en la Argentina suele plantearse de forma equivocada: como una discusión moral entre “defensores de la industria nacional” y “fundamentalistas del libre comercio”. Ese encuadre es cómodo, ruidoso y profundamente inútil. La pregunta relevante no es si abrir duele —porque siempre duele—, sino cómo abrir sin repetir los fracasos que luego alimentan el regreso al cierre.
La evidencia histórica es clara: abrir una economía sin orden previo no genera desarrollo, sino crisis transitorias mal gestionadas que terminan siendo utilizadas como argumento político para reinstalar el proteccionismo. La apertura no es un evento: es un proceso. Requiere estabilidad macroeconómica, disciplina fiscal, inflación controlada, acceso al crédito y reglas previsibles. Los países que lograron integrarse con éxito —Chile, Corea del Sur, Irlanda— no eliminaron aranceles de un día para otro; los redujeron gradualmente mientras fortalecían instituciones, capital humano e infraestructura.
Argentina hace exactamente lo contrario. Mantiene un nivel de protección elevado —el arancel externo común del Mercosur promedia entre 12% y 14%— que encarece insumos, reduce competencia y castiga la productividad. El resultado no sorprende: la productividad laboral argentina es menos de la mitad que la de los países de la OCDE. No por falta de talento, sino por mala asignación de recursos, baja incorporación tecnológica y costos sistémicos artificiales.
Aquí aparece un punto central que suele omitirse deliberadamente en el debate público: cuando un productor local no puede competir, no siempre es por ineficiencia propia ni exclusivamente por competencia externa, sino por el peso de un Estado fragmentado y errático. Para el empresario, el Estado es una sola cosa: impuestos, regulaciones, juicios laborales, tasas municipales, infraestructura deficiente y burocracia. Pero desde el diseño de políticas públicas, ese “Estado” es un Frankenstein compuesto por Nación, provincias, municipios, justicia laboral y organismos de control que no coordinan entre sí. Esa descoordinación es un costo invisible que no enfrenta el competidor extranjero.
Por eso es clave distinguir entre quejas específicas y lobbies genéricos. No todo reclamo empresario merece protección, pero tampoco todo fracaso productivo es atribuible a la falta de mérito. Lo que no se ve en el agregado —una economía que mejora indicadores— puede ser devastador a nivel individual. Ignorar eso no solo es socialmente insensible: también es políticamente torpe.
El Mercosur profundiza este problema. Ha dejado de ser una plataforma de integración inteligente para convertirse en una unión aduanera rígida que bloquea acuerdos comerciales y nos convierte en socios cautivos: principalmente de Brasil, que protege su industria, y de China, que accede a nuestro mercado mediante excepciones negociadas políticamente. Así, el mecanismo de precios y competencia se reemplaza por decisiones centralizadas, exactamente el riesgo que Friedrich Hayek advertía en Camino de servidumbre (1944), al ignorarse el conocimiento disperso de millones de actores económicos.
La apertura, bien hecha, genera una crisis inicial inevitable. Cuando baja el agua, lo primero que aparece es el desorden acumulado. Sectores ineficientes desaparecen, empresas deben reconvertirse y el empleo se reasigna. Pero la experiencia internacional muestra que, si el proceso está bien secuenciado y sostenido por políticas coherentes, los beneficios llegan: mayor inversión productiva, más productividad, salarios reales en alza y bienes más baratos y variados. Eso solo ocurre si hay seguridad jurídica, reglas claras y confianza, condiciones indispensables para atraer capital real y no meramente especulativo.
Ahora bien, la transición tiene costos sociales que no pueden minimizarse con slogans. Los trabajadores no se reconvierten mágicamente. Las habilidades son específicas. El riesgo no es solo el desempleo abierto, sino la informalización y la caída persistente de ingresos. Un gobierno que ignore este proceso no solo fracasa en términos económicos: también erosiona su base política.
Desde la macroeconomía, tasas de interés reales elevadas y volátiles, combinadas con un tipo de cambio artificialmente apreciado, conspiran contra cualquier intento de reconversión productiva. Desde la microeconomía, existe un camino intermedio entre el “que se arreglen” y el dirigismo industrial. Como plantea Michael Porter, el Estado no debe elegir ganadores, sino crear las condiciones para que emerjan: capital humano, infraestructura, competencia genuina, cumplimiento de contratos, financiamiento y educación de calidad.
La responsabilidad, finalmente, es compartida. El Estado debe dejar de ser un obstáculo y el empresariado debe asumir que el proteccionismo eterno no es un modelo de negocios. La competitividad no se decreta ni se legisla: se construye con inversión, innovación y productividad. Abrir la economía no promete comodidad inmediata, pero sí algo más valioso y duradero: una asignación eficiente de recursos que transforme el sacrificio inicial en desarrollo sostenible.
La pregunta no es si abrir duele. Eso es empíricamente evidente.
La verdadera pregunta es si Argentina está dispuesta, esta vez, a abrirse de verdad, sostener el proceso y no retroceder ante el primer indicio de los inevitables costos que ya se perfilan.
Continuará…