Por Nicolás Gómez.

Existe hoy, en buena parte de la conversación pública argentina, una sospecha generalizada, muy bien fundada, hacia el empleado del Estado. En el imaginario colectivo se ha instalado una caricatura: la del burócrata ocioso, el “ñoqui”, el individuo que ocupa una silla financiada por el contribuyente mientras produce poco o nada. Entre mate y tortilla, la imagen que lo caracteriza no surgió de la nada. Fue alimentada durante años por un sistema político rancio y corrupto que utilizó el aparato estatal como botín, como estructura de recompensa y como red de fidelización política.

El resultado es visible: una deslegitimación general del empleo público. Pero esa conclusión, aunque comprensible, es intelectualmente pobre. Está claro que esa percepción se vio en cada rincón de este bendito país. Aquí se confunden dos fenómenos distintos: el abuso político del Estado y la naturaleza del servicio público.

Una cosa es la colonización partidaria de la administración estatal. Otra muy distinta es la existencia de personas cuya vocación es servir a la comunidad desde las instituciones públicas.

Y es precisamente a estas últimas a quienes conviene defender.

La sociedad está compuesta por individuos con inclinaciones profundamente diferentes. No todos desean lo mismo ni están llamados a las mismas tareas. Hay personas con talento para la empresa, otras para la ciencia, otras para el arte. Algunas poseen una vocación casi obsesiva por comprender el mundo; otras, por transformarlo mediante la acción técnica. También existen quienes sienten una inclinación particular hacia el servicio colectivo.

No se trata de una categoría sentimental ni de una pose moral. Es una disposición real, observable, que aparece de forma minoritaria en toda sociedad. Así como existen individuos que naturalmente se orientan hacia la medicina, la ingeniería o la docencia, existen personas cuya realización personal está ligada a trabajar en estructuras donde el beneficio inmediato no es privado sino colectivo. Estas personas encuentran sentido en tareas que, para otros, resultarían insoportablemente burocráticas: administrar sistemas públicos, diseñar regulaciones, organizar servicios sociales, gestionar hospitales, coordinar infraestructuras, planificar políticas públicas. La mayoría de los ciudadanos no desea hacer ese trabajo, ni tiene paciencia para él, ni encuentra satisfacción en él.

Pero para algunos sí.

La existencia del Estado —en cualquier sociedad compleja— requiere inevitablemente de ese tipo de individuos.

Un hospital público no se gestiona solo. Un sistema de transporte no se regula espontáneamente. Un registro civil no funciona por generación espontánea. Detrás de esas instituciones siempre hay personas que han elegido dedicar su vida profesional a sostenerlas. Cuando esas personas desaparecen, el Estado se vuelve caótico. Cuando esas personas existen y trabajan con profesionalismo, el Estado funciona.

Durante décadas, el Estado argentino fue utilizado por la política como instrumento de colonización partidaria. El empleo público dejó de ser, en muchos casos, una carrera profesional y pasó a convertirse en un mecanismo de recompensa política. Militantes, familiares, operadores territoriales y activistas pseudo mercenarios fueron incorporados a estructuras estatales sin procesos de selección rigurosos ni exigencias técnicas claras, a puro dedo. Ese fenómeno —popularmente sintetizado en la figura del “ñoqui”— generó una degradación profunda de la cultura institucional.

El problema no fue simplemente económico. El problema fue moral.

Cuando una institución deja de seleccionar a las personas por mérito y comienza a hacerlo por lealtad política, el mensaje que transmite es devastador: el trabajo público deja de ser un servicio a la comunidad y se convierte en una extensión del aparato partidario, un aplaudidor, un charlatán, un peón dispuesto a marchar, defender y apañar a los jefes que lo pusieron allí, a cara de perro y sin sentir jamás vergüenza alguna.

Las consecuencias fueron previsibles. Primero, se deterioró la eficiencia administrativa. Segundo, se infló artificialmente la estructura estatal. Tercero —y esto es lo más grave— se destruyó el prestigio social del empleo público.

Hoy, para una parte significativa de la sociedad argentina, la expresión “empleado público” evoca inmediatamente sospecha, ironía o desprecio. Esa percepción es injusta, pero tiene una explicación histórica. La reacción frente a ese deterioro ha sido, en ciertos sectores del debate público, igualmente simplista. Ante el abuso del Estado, se concluye que el problema es el Estado mismo. Ante la proliferación de empleados improductivos, se concluye que todo empleado público es sospechoso.

Ese razonamiento es intelectualmente débil. Confunde patología con esencia. La corrupción no define a la política. La mala praxis no define a la medicina. La incompetencia no define a la ingeniería. Del mismo modo, el clientelismo no define al servicio público.

Una sociedad compleja necesita instituciones. Y las instituciones necesitan personas que las operen.

La verdadera discusión no es si debe existir o no empleo público. Esa pregunta pertenece a un nivel casi infantil del debate político. La pregunta correcta es otra: ¿quiénes deben ocupar esos puestos?

La respuesta es sencilla, aunque incómoda: solo deberían ocupar esos lugares quienes poseen verdadera vocación de servicio. Esto implica aceptar una verdad sociológica elemental: esa vocación es minoritaria. La mayoría de las personas busca naturalmente maximizar su bienestar individual, sus ingresos o su autonomía profesional. No hay nada reprochable en ello. Es simplemente una inclinación humana común.

Pero el servicio público requiere otra disposición psicológica. Requiere individuos capaces de trabajar dentro de estructuras institucionales, aceptar restricciones burocráticas, someterse a controles administrativos y orientar su actividad hacia objetivos colectivos más amplios. No todos desean vivir así. Pero algunos sí.

En sociedades institucionalmente sanas, esas personas forman el núcleo de lo que se conoce como servicio civil profesional. No son militantes, no son operadores políticos, no son beneficiarios de favores partidarios. Son profesionales del Estado.

Administradores públicos, técnicos regulatorios, diplomáticos, especialistas en políticas sociales, gestores de sistemas sanitarios, planificadores urbanos, funcionarios de carrera: personas que entienden el funcionamiento de las instituciones y dedican su vida a sostenerlas. En muchos países, pertenecer al servicio civil es una carrera prestigiosa. Los procesos de selección son rigurosos, los estándares profesionales son altos y la estabilidad laboral se justifica por la necesidad de proteger la neutralidad institucional frente a los cambios políticos.

El resultado es un aparato estatal compuesto por individuos altamente formados cuya identidad profesional está ligada al funcionamiento del Estado mismo, no a un partido político. Argentina supo tener, en distintos momentos de su historia, fragmentos de ese modelo. Pero la colonización partidaria progresiva del aparato estatal lo fue erosionando hasta convertirlo en algo difuso: una mezcla caótica de profesionales, técnicos valiosos, operadores políticos y empleados incorporados sin función clara.

Cuando una estructura se vuelve indistinguible, la sociedad pierde confianza en ella. Eso es exactamente lo que ocurrió con el empleo público argentino. Sin embargo, el desprecio indiscriminado hacia todo empleado estatal produce otra injusticia: invisibiliza a quienes sí cumplen funciones esenciales.

El médico que trabaja en un hospital público, el técnico que mantiene sistemas de infraestructura, el funcionario que administra registros civiles o catastros, el diplomático que representa al país en el exterior, el ingeniero que planifica obras públicas. Estas personas existen, trabajan y sostienen diariamente estructuras sin las cuales la vida social sería imposible. Reducirlas a la caricatura del “ñoqui” es intelectualmente perezoso y moralmente injusto.

Si se desea reconstruir la legitimidad del Estado, la solución no consiste en demonizar al empleado público. Consiste en hacer exactamente lo contrario: distinguir con brutal claridad entre quien sirve y quien parasita.

El Estado no necesita más empleados. Necesita mejores empleados: personas seleccionadas por capacidad, evaluadas por desempeño y cuya identidad profesional no dependa de una estructura partidaria. Esto implica reconstruir la idea de carrera pública, una carrera donde ingresar sea difícil, permanecer requiera competencia y ascender dependa del mérito. Solo bajo esas condiciones el servicio público recupera dignidad.

En toda sociedad existen élites visibles —empresarios exitosos, intelectuales influyentes, líderes políticos, celebridades culturales—, pero también existen élites silenciosas: individuos cuya contribución no produce fama ni riqueza extraordinaria, pero cuya actividad sostiene la arquitectura invisible de la vida social. El verdadero servicio público pertenece a esa categoría. No es glamoroso, no produce fortunas y rara vez genera reconocimiento social, pero es indispensable.

Las sociedades que comprenden esto cultivan y protegen a esa minoría de servidores institucionales. Las sociedades que no lo comprenden terminan destruyendo sus propias instituciones. El problema argentino nunca fue la existencia de empleados públicos. El problema fue haber confundido empleo público con recompensa política. Cuando el Estado se transforma en una agencia de distribución de favores, pierde su función institucional y se convierte en una extensión del conflicto partidario.

Pero de ese diagnóstico no se desprende que el servicio público sea ilegítimo. Se desprende exactamente lo contrario: que el servicio público debe ser protegido de la política. Defender al empleado público no significa justificar el abuso estatal ni negar la existencia de estructuras ineficientes. Significa reconocer que dentro del Estado existen personas cuya motivación no es el privilegio ni el clientelismo, sino el funcionamiento de las instituciones mismas. Personas para quienes el trabajo público no es un refugio sino una vocación.

Esas personas existen. Son pocas. Y son necesarias.

En una época dominada por la desconfianza hacia el Estado, recordar esto puede parecer una posición incómoda, pero es, al mismo tiempo, una posición intelectualmente honesta. Una sociedad que desprecia a quienes sirven termina perdiendo la capacidad de sostener sus propias instituciones. Y cuando las instituciones se derrumban, no queda libertad ni prosperidad que sobreviva demasiado tiempo.