Por Enrico Colombres.

“La división internacional del trabajo consiste en que unos países se especializan en ganar y otros en perder.”
Eduardo Galeano, Las venas abiertas de América Latina (1971)

Hay una pregunta que atraviesa la historia económica argentina como una herida abierta que nunca termina de cerrar: cuántos pueden trabajar y cuántos pueden vivir de su trabajo. No se trata solo de estadísticas ni de discursos técnicos. Se trata de dignidad. De saber si un país puede sostener a su gente o si la condena a sobrevivir.

Hablar del desempleo en la Argentina obliga a correrse del dato frío y mirar el proceso histórico. Durante buena parte del siglo XX, especialmente en los años de industrialización por sustitución de importaciones, el país construyó un esquema productivo que absorbía mano de obra de manera masiva. El trabajo no era solo una variable económica: era un organizador social. El empleo formal estructuraba la vida, la movilidad social y la identidad.

El punto de inflexión comienza a visibilizarse con claridad a partir de la década del setenta y se profundiza en los noventa. La apertura económica, la desindustrialización y la consolidación de un modelo financiero desplazaron el eje productivo. El desempleo dejó de ser un fenómeno marginal para convertirse en estructural. Ya no era una crisis pasajera, sino una condición persistente.

En los años noventa, bajo el gobierno de Carlos Menem, la convertibilidad generó una ilusión de estabilidad monetaria, pero al costo de destruir amplios sectores productivos. Las importaciones baratas inundaron el mercado interno. Muchas empresas no pudieron competir. El desempleo alcanzó niveles inéditos para la Argentina moderna. La sociedad comenzó a fracturarse.

Luego llegó la crisis de 2001, uno de los momentos más dramáticos de la historia reciente. El desempleo superó el veinte por ciento y la pobreza avanzó con una violencia que todavía resuena. Sin embargo, ese colapso también marcó el inicio de una etapa de recomposición.

Durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner se produjo el período de mayor generación de empleo de las últimas décadas. La combinación de un tipo de cambio competitivo, un contexto internacional favorable —con altos precios de commodities— y una política activa de estímulo al mercado interno permitió reducir significativamente el desempleo. La industria volvió a tener protagonismo y las pymes recuperaron capacidad de absorción laboral.

Ese período no fue perfecto ni lineal. Hubo inflación, tensiones fiscales y limitaciones estructurales. Pero en términos de empleo, la evidencia es contundente: se generaron millones de puestos de trabajo y la desocupación descendió a niveles cercanos al pleno empleo en términos históricos argentinos.

El contexto mundial jugó un rol determinante. El auge de la demanda china y el incremento del precio de la soja y otros productos primarios generaron un flujo de divisas que permitió sostener la expansión. No fue solo mérito interno ni solo viento de cola. Fue una combinación.

A partir de 2015, con el gobierno de Mauricio Macri, se intentó un nuevo giro hacia la apertura económica. La promesa era atraer inversiones, modernizar la economía y generar empleo de calidad. Sin embargo, los resultados fueron dispares. La liberalización financiera y la apertura importadora volvieron a tensionar al sector productivo. Muchas pymes comenzaron a mostrar signos de debilidad.

El desempleo no explotó de manera abrupta, pero sí se deterioró la calidad del empleo. Crecieron la informalidad, el trabajo precario y la pérdida del poder adquisitivo. El salario dejó de ser un instrumento de progreso para convertirse en un mecanismo de subsistencia.

El gobierno de Alberto Fernández enfrentó un escenario extraordinario marcado por la pandemia. El empleo sufrió un impacto global, aunque las políticas de asistencia lograron amortiguar parcialmente el golpe. Sin embargo, la inflación comenzó a erosionar con mayor fuerza el ingreso real.

Hoy, bajo la administración de Javier Milei, el debate vuelve a tensionarse. El discurso oficial plantea que el ajuste es necesario para ordenar la economía y sentar las bases de un crecimiento futuro. La promesa es clara: primero el sacrificio, después la prosperidad.

Pero la realidad inmediata muestra otra cara. El cierre de empresas y pymes se ha acelerado en distintos sectores. La caída del consumo interno golpea directamente a quienes dependen del mercado local. La apertura de importaciones, en un contexto de costos internos elevados, genera una competencia que muchas unidades productivas no pueden sostener.

Aquí aparece una tensión central. Si el modelo económico reduce costos y ordena variables macroeconómicas, pero destruye tejido productivo en el corto plazo, el impacto en el empleo es inevitable. Cada pyme que cierra no es solo una unidad económica que desaparece: es una red de trabajadores que pierde su sustento.

El salario mínimo es un indicador elocuente de este proceso. Hubo un tiempo en que la Argentina tenía uno de los salarios mínimos en dólares más altos de América Latina. Ese diferencial no solo reflejaba un nivel de vida superior, sino que también actuaba como un imán migratorio. Miles de personas de países vecinos veían en la Argentina una oportunidad.

Hoy la situación es distinta. Medido en dólares, el salario mínimo argentino ha perdido competitividad frente a países como Chile, Uruguay o incluso Perú en determinados momentos. La volatilidad cambiaria distorsiona cualquier comparación, pero la tendencia de fondo es clara: el poder adquisitivo se ha deteriorado.

Y, sin embargo, la Argentina sigue recibiendo migrantes. Esto abre otra pregunta incómoda. Si el país ya no ofrece los niveles de ingreso que supo tener, ¿por qué sigue siendo un destino? La respuesta no es lineal. Influyen factores culturales, redes migratorias, acceso a servicios públicos y una percepción histórica de oportunidades que todavía persiste, aunque debilitada.

En este contexto se suma un elemento que no pasa desapercibido y que profundiza la tensión social. Mientras el gobierno impulsa un ajuste severo sobre el gasto interno, comenzó a instalarse la posibilidad de recibir personas provenientes de Israel en el marco del conflicto con Irán y su alineamiento geopolítico. La cuestión no radica en desconocer la dimensión humanitaria que cualquier guerra impone, sino en la contradicción que percibe una sociedad que ve recortados sus propios ingresos y derechos mientras se abre la puerta a nuevos beneficiarios sostenidos por el mismo sistema que hoy se achica. El problema no es quién llega, sino quién paga y en qué momento.

En un país donde el empleo se deteriora, los salarios pierden poder adquisitivo y cada vez más personas quedan al margen, la idea de ampliar el alcance del gasto instala una incomodidad inevitable. No por rechazo, sino por una creciente sensación de desigualdad en la distribución del esfuerzo.

El problema de fondo no es solo el nivel de desempleo, sino la calidad del empleo y la posibilidad de vivir dignamente. Tener trabajo ya no garantiza salir de la pobreza. Esta es una de las transformaciones más profundas del mercado laboral argentino.

La pregunta que sobrevuela todo este análisis es tan simple como perturbadora: ¿estamos mal, pero vamos bien o estamos bien, pero vamos mal? La respuesta depende del punto de observación.

Desde la macroeconomía, algunos indicadores comienzan a mostrar señales de orden. La inflación puede desacelerarse, el déficit fiscal reducirse y las cuentas externas mejorar. Pero desde la vida cotidiana, la percepción es otra. La pérdida de empleo, la caída del consumo y la incertidumbre generan una sensación de retroceso.

El gobierno apuesta a que las inversiones llegarán. Ese es el núcleo de su estrategia. Generar condiciones de mercado, reducir la intervención estatal y esperar que el capital privado dinamice la economía. El problema es el tiempo. Las inversiones no llegan de un día para otro y el tejido social no resiste indefinidamente.

La historia argentina muestra que el empleo no se genera solo con estabilidad macroeconómica. Se necesita un entramado productivo activo, políticas de incentivo y un mercado interno que funcione. Sin demanda, no hay producción. Sin producción, no hay trabajo.

El contexto internacional agrega otra capa de complejidad. Las tensiones geopolíticas, los conflictos armados y la suba del petróleo pueden generar oportunidades para países exportadores de recursos. La Argentina, con su potencial energético y agroindustrial, podría beneficiarse.

Pero vuelve la pregunta clave: ¿ese beneficio se traducirá en empleo o quedará concentrado en sectores específicos sin derrame real? La historia reciente invita a la cautela.

El desafío no es solo crecer. Es cómo se distribuye ese crecimiento y cómo impacta en la vida concreta de las personas. El desempleo es la expresión más brutal de un sistema que no logra integrar.

La Argentina está en una encrucijada. Tiene recursos, capital humano y una historia de recuperación. Pero también arrastra ciclos de frustración que se repiten.

Tal vez la pregunta no sea si estamos mal o bien. Tal vez la verdadera cuestión sea cuánto tiempo más puede sostenerse un modelo que no logra garantizar algo tan básico como el derecho a trabajar y vivir con dignidad.

Porque, al final del día, hay una verdad que no admite matices: un país que no genera trabajo no tiene futuro. Y uno que genera trabajo, pero no permite vivir de él, tampoco.