Por Fernando Pérez.
En la arquitectura del pensamiento conservador contemporáneo —asistido por un pragmatismo tecnocrático global— se ha consolidado un axioma tan sutil como perverso: la ontología del ser humano se reduce, de manera casi exclusiva, a su capacidad de facturación. Fuera del altar de la productividad, todo es vanidad; dentro de él, el individuo es despojado de su condición de sujeto para convertirse en mero combustible de un engranaje macroeconómico ajeno.
Asistimos a una suerte de taylorismo espiritual donde cualquier pulsión vital que no genere un dividendo cuantificable es tipificada, de inmediato, bajo los códigos del desprecio moral. El deseo de jugar al fútbol los fines de semana, el ritual de una cena, el cine como espacio de fuga estética, el ocio con los hijos o el simple e indispensable descanso de un feriado ya no son entendidos como derechos constitutivos del bienestar, sino como concesiones sospechosas. El usufructo de las vacaciones, el repliegue por una licencia médica o el reclamo —civilizatorio, si se quiere— por la precariedad de las licencias de paternidad son decodificados por el discurso oficial de las derechas globales como síntomas de una patología social: la vagancia, el adanismo de quien «no quiere producir».
Sin embargo, el nudo más sintomático y contradictorio de esta matriz ideológica no se encuentra en su obsesión por el rendimiento, sino en su doble estándar moral respecto a la reproducción y la crianza. Es allí donde la disonancia cognitiva del sistema se vuelve cruel.
Por un lado, las corrientes neoconservadoras y las autoridades nacionales articulan una retórica punitivista que juzga el aborto como el crimen supremo, sacralizando la vida intrauterina desde una supuesta superioridad ética. Ahora bien, la epifanía del nacimiento marca el fin de la compasión estatal. Una vez que el niño ingresa al mundo, el dogma del libre mercado retira su red y activa el manual de la sobreexigencia privada.
A partir de ese instante, la responsabilidad se privatiza por completo y se transforma en un tribunal permanente. Se le exige a los padres una presencia idílica y omnipresente. En un contexto donde la erosión del salario real obliga a la adopción de regímenes plurilaborales —jornadas extenuantes de dos trabajos para sostener lo elemental—, el sistema no ensaya ninguna empatía. Al contrario: el mandato social dicta que esos mismos padres exhaustos deben cocinar orgánico y saludable, erradicar las pantallas del entorno doméstico, acompañar con lucidez la escolaridad, proveer una educación de excelencia y blindar afectivamente a sus hijos ante las inclemencias de la época. Si el hijo se enferma, la estructura laboral penaliza la ausencia; si los padres se agotan, la meritocracia los juzga deficientes.
Existe una desconexión deliberada entre las condiciones materiales que el modelo impone y las exigencias morales que el mismo modelo reclama. Se normaliza la asfixia económica como una variable natural del paisaje, pero se criminaliza el emergente humano de esa asfixia. Frente a este escenario, cualquier atisbo de protesta, cualquier demanda por un piso de protección social o de balance entre vida y trabajo es encapsulada rápidamente bajo la etiqueta del anacronismo sindical o el estigma del colectivismo de izquierda. El lenguaje se reduce para obturar el debate: reclamar tiempo para vivir es, para el poder actual, un acto de subversión.
El diagnóstico de este tiempo es el de un cuerpo social al límite de sus fuerzas. El ser humano está, fundamentalmente, agotado. Hemos edificado un mundo diseñado a pedir de boca del capital, una distopía donde la eficiencia desplazó a la existencia. Olvidan los adalides del rendimiento que la productividad sin un sentido humano no es progreso, sino una forma refinada de servidumbre; y que una sociedad que clausura el derecho al descanso y a la ternura inevitablemente termina produciendo su propia alienación.