Por Fernando Pérez.
En su célebre Teoría General, John Maynard Keynes advertía que el verdadero peligro del dogmatismo financiero consiste en sustituir el análisis de los flujos reales de la economía por una contabilidad formalista. El superávit fiscal presentado como una conquista técnica irrefutable encierra una profunda contradicción: el resultado positivo no deriva del crecimiento de los recursos ni de una reforma estructural del Estado, sino del subconsumo y de la postergación sistemática de obligaciones básicas.
Al revisar las planillas de ejecución presupuestaria del Sector Público Nacional, la paradoja matemática queda al descubierto. Los datos oficiales muestran que el gasto de capital acumula una contracción de cerca del 80% en términos reales respecto de los niveles de 2023. En el caso de la Dirección Nacional de Vialidad, el presupuesto asignado para la conservación de la red vial tocó su piso histórico en tres décadas, recortando un 70% real los recursos mínimos para mantenimiento. Peor aún: del escaso crédito presupuestario vigente, la ejecución efectiva penas supera el 30%.
Esta subejecución plantea un severo interrogante institucional y legal. La Ley de Administración Financiera exige que los créditos asignados por el Congreso cumplan con los fines públicos fijados normativamente. El congelamiento arbitrario de partidas —incluso sobre fondos con afectación específica como el Fondo Fiduciario del Sistema Vial, cuyo capital inmovilizado se coloca en letras y plazos fijos del Tesoro— desvirtúa la voluntad legislativa y configura una desviación de poder. La ley presupuestaria deja de ser la hoja de ruta de la inversión pública para transformarse en una ficción financiera.
Desde una perspectiva filosófica y pragmática, el «ahorro» obtenido por la parálisis de la obra pública no es más que una reclasificación contable. El costo no se elimina; simplemente se desplaza hacia la esfera privada.
- El costo logístico: Un camión que transporta la producción del Norte Grande hacia los puertos del Paraná a través de las rutas nacionales 9, 34 o 157 incrementa sus costos operativos por el deterioro del rodamiento, la rotura de neumáticos y los retrasos logísticos. Esto encarece los alimentos y resta competitividad a la producción regional.
- El costo sanitario: La demora en la llegada de insumos críticos o traslados de emergencia por el colapso del trazado vial destruye la eficiencia de los sistemas de salud provinciales.
- El costo en vidas humanas: La Argentina registra miles de fallecidos al año en siniestros viales. Una porción sustancial de esta tragedia es atribuible al deterioro estructural de la calzada, la falta de señalización y la paralización de autopistas y puentes.
Lo que la contabilidad del Ministerio de Economía anota en la columna del haber, la sociedad argentina lo paga en la columna del debe con destrucción de capital físico, pérdida de competitividad y vidas truncadas. Como sostenía el filósofo francés Paul Ricœur al analizar la ética de la responsabilidad, toda decisión política debe evaluarse por sus efectos sobre el cuerpo social y no por la abstracción de sus instrumentos.
Exhibir un resultado superavitario a costa de desactivar la infraestructura mínima que sostiene el intercambio social y productivo resulta insostenible. La obra pública no es un gasto corriente consumible; es inversión en capital social básico. Pretender que la ausencia de inversión es una victoria fiscal equivale a que un chofer celebre el ahorro de combustible mientras el motor se destruye por falta de aceite.
El Norte argentino, caracterizado por largas distancias e insustituible conectividad terrestre, sufre de forma desproporcionada esta distorsión. Restablecer la legalidad presupuestaria y priorizar la conservación de la infraestructura vial no es una discusión de sesgo ideológico; es un imperativo ético, jurídico y económico que la República no puede seguir postergando.