Por Enrico Colombres.
«La costumbre tiene sobre nosotros el poder de enseñarnos a servir y de hacernos tragar el veneno de la servidumbre sin encontrarlo amargo.»
Étienne de La Boétie, Discurso de la servidumbre voluntaria
La tierra puede cambiar de dueño en una escribanía, pero el destino de un país exige una discusión bastante más amplia. Sin embargo, en la Argentina nos acostumbramos a mirar decisiones fundamentales como si fueran trámites ajenos. Un decreto elimina controles, una sentencia despeja el camino y la sociedad recibe la noticia entre aumentos, deudas y preocupaciones. Todo parece distante hasta que sus consecuencias alcanzan la vida cotidiana. Entonces descubrimos que aquello que dejamos pasar como una cuestión técnica o de atencion también decidía sobre nuestra agua, nuestra producción y la posibilidad de construir un futuro propio.
El fallo de la Corte Suprema del 29 de septiembre volvió a mostrar esa distancia. Al rechazar por falta de legitimación la demanda del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata, dejó sin efecto la sentencia que frenaba la derogación de la Ley de Tierras Rurales. No declaró constitucional el artículo 154 del DNU 70/2023. Esa precisión jurídica importa, pero tampoco borra el resultado práctico. La decisión removió un obstáculo a la derogación. ¿Puede un tribunal presentar su intervención como puramente procesal cuando sus consecuencias alcanzan una protección estratégica para toda la nación?
La Ley 26.737 permitía inversión extranjera con límites. Establecía un máximo general del quince por ciento, restricciones por nacionalidad y titular, y protección sobre determinados inmuebles vinculados con grandes cuerpos de agua. Era discutible y perfectible. Derogarla significa retirar controles frente a la concentración del territorio. Comprar tierras no convierte al adquirente en soberano, pero la dependencia económica puede condicionar decisiones públicas sin modificar una frontera. Un país conserva su bandera y, al mismo tiempo, pierde capacidad para ordenar sus recursos. Confundir disponibilidad para la compra con desarrollo nacional resulta demasiado conveniente para quienes compran.
También corresponde preguntar quién controla a quienes controlan. Los jueces supremos son propuestos por el presidente y necesitan acuerdo del Senado. El pueblo no los elige directamente. Ese origen exige garantías efectivas contra la dependencia política. Una designación no prueba obediencia, pero tampoco certifica imparcialidad. Cuando la ciudadanía percibe que los acuerdos partidarios pesan más que la independencia, la confianza se deteriora. La Justicia pierde sentido cuando funciona como títere del gobierno de turno o del poder que facilitó un nombramiento. Ninguna solemnidad institucional vuelve aceptable semejante subordinación.
Italia permite pensar otra relación entre ciudadanía y Justicia. En marzo de 2026, el pueblo votó y rechazó una reforma constitucional que proponía separar las carreras de jueces y fiscales y reorganizar sus órganos de gobierno. No eligió directamente a cada magistrado. Decidió sobre las reglas del sistema. Ese mecanismo resulta más justo porque reconoce al ciudadano capacidad para intervenir en una estructura que ejercerá poder sobre él. La enseñanza incluye algo que nuestros dirigentes suelen tolerar mal. Consultar tiene sentido cuando la respuesta puede contrariar al gobernante.
El acceso ordinario a la magistratura italiana se realiza por concurso. Por eso, el ejemplo exige discutir seriamente y evitar recetas mágicas. Podemos reclamar participación popular, concursos transparentes, audiencias reales y controles eficaces sin transformar a los jueces en candidatos dependientes del financiamiento electoral. Una reforma debe disminuir la subordinación, no cambiarle de patrocinador. Argentina necesita revisar constitucionalmente sus mecanismos de selección y responsabilidad, y discutir consultas vinculantes sobre su patrimonio estratégico. Elegir autoridades cada cuatro años no agota el derecho a intervenir en decisiones que comprometen generaciones.
Mani Pulite muestra por qué esa independencia importa. Las investigaciones iniciadas en 1992, vinculadas con Antonio Di Pietro y los fiscales de Milán, expusieron sobornos y conexiones entre empresarios, dirigentes y financiamiento político. Magistrados que investigaban a los poderosos pudieron incomodar estructuras que parecían intocables. Eso no autoriza a convertir fiscales en salvadores ni a sacrificar garantías procesales. Permite exigir una Justicia capaz de investigar también a quien gobierna. La estabilidad judicial debe proteger contra represalias, nunca convertirse en refugio de irresponsabilidad ni en recompensa por servicios políticos.
Pero ninguna arquitectura institucional alcanza si la sociedad entrega su capacidad de reclamar. Francia ofrece esta semana una imagen molesto. El 29 de septiembre, los bomberos se movilizaron en París para exigir más recursos y mejores condiciones de servicio, después de un verano marcado por grandes incendios. Reclamaron personal y reconocimiento de los riesgos de su trabajo. Quienes protegen a la población hicieron visible que también necesitan protección. Su protesta recuerda que el compromiso profesional no obliga a aceptar indefinidamente el deterioro de las herramientas necesarias para cumplirlo.
La jornada incluyó encuentros sindicales con autoridades y presencia de bomberos dentro de una movilización más amplia de trabajadores públicos. Su fuerza política no necesita adornarse con imágenes de enfrentamientos pertenecientes a otros años. Lo relevante es la organización y la decisión de trasladar el reclamo al espacio público. La sociedad puede expresar conflicto sin renunciar a la democracia. Cuando un gobierno elogia a sus servidores durante la emergencia y después desatiende sus necesidades, manifestarse permite discutir cuánto valen realmente esos elogios.
Chile también ofrece un contraste. Desde las protestas estudiantiles de 2006 y 2011 hasta la marcha de este primero de octubre contra posibles recortes educativos, sus estudiantes sostuvieron la educación como asunto público. Las movilizaciones no resolvieron todas las desigualdades ni evitaron frustraciones posteriores. Mostraron, sin embargo, que una generación puede cuestionar lo presentado como inevitable. Reclamar educación es disputar las condiciones del futuro. La inconformidad organizada obliga al poder a responder, aunque esa respuesta sea insuficiente y deba seguir siendo discutida.
¿Y nosotros? Sería injusto borrar las marchas universitarias, los reclamos de jubilados, las huelgas y tantas resistencias argentinas. Hay personas que ponen el cuerpo mientras otros opinan desde una pantalla. La pregunta es por qué esas luchas permanecen fragmentadas y por qué una parte de la sociedad tolera el ajuste como si lo padeciera otro. ¿Qué distancia imaginaria separa al trabajador de la universidad, al comerciante del jubilado y al propietario de la soberanía territorial? Esa separación beneficia a quienes necesitan que cada afectado se sienta solo.
La pasividad merece reflexión, también sobre sus causas. Puede haber agotamiento, miedo a perder el empleo, endeudamiento y desconfianza hacia dirigencias que prometieron representar y terminaron administrando decepciones. Quien dedica todo el día a sobrevivir dispone de menos tiempo para organizarse. También pesa la esperanza de que el sacrificio finalmente dé resultado. Estas razones ayudan a comprender el silencio, pero no convierten ese silencio en consentimiento. Un pueblo cansado puede quedar inmóvil sin estar de acuerdo. El poder sabe aprovechar esa diferencia.
Hay además una disputa por nuestra interpretación del daño. Si todo reclamo se presenta como privilegio y toda protesta como amenaza, la víctima aprende a sospechar de quienes podrían acompañarla. El ajuste material se combina con un desgaste mental que rompe solidaridades. Nos indignamos por episodios aislados y perdemos de vista la relación entre ellos. Una universidad debilitada, un jubilado empobrecido y un territorio sin controles forman parte de decisiones sobre qué país tendremos. Cuando dejamos de relacionarlas, la resignación ocupa el lugar de la política.
Defender la soberanía exige algo más que emocionarse con un himno. Exige preguntar quién adquiere, quién decide y quién responde cuando las promesas fracasan. También acompañar reclamos que todavía no golpearon nuestra puerta. Esperar a perderlo todo para reconocer un interés común deja al ciudadano negociando desde la derrota. La indiferencia de hoy puede convertirse en la dependencia de mañana.
El Congreso debe asumir su responsabilidad frente al decreto. La Corte debe aceptar escrutinio público sobre sus decisiones. La sociedad debe recuperar una participación que sobreviva a la próxima noticia. Francia y Chile muestran conflictos, límites y contradicciones, pero también ciudadanos que se reconocen capaces de reclamar. Italia demuestra que el pueblo puede rechazar una reforma del poder. Nosotros debemos decidir cuánto tiempo seguiremos confundiendo paciencia con renuncia. Si permitimos que dispongan de nuestros recursos y nuestras instituciones mientras esperamos individualmente una mejora, mañana podremos votar otra vez. ¿Cuánto país quedará entonces para que ese voto tenga sentido?