Por Enrico Colombres.

«Mi esperanza es necesaria pero no es suficiente».

Paulo Freire, Pedagogía de la esperanza

Una persona sostiene un cartel por un encargo atribuido a una inteligencia artificial. En otra escena, difundida como una hazaña similar, alguien devuelve una langosta al mar. Parecen extravagancias de internet, pero plantean una pregunta terrenal. Si aceptamos que los sistemas digitales organicen nuestras tareas, conversaciones y encuentros, ¿qué lugar reservamos para nuestra voluntad? ¿Quién responde por las decisiones que terminamos obedeciendo?

Plataformas como RentAHuman, que vincula agentes digitales con personas para realizar tareas físicas, y Moltbook, un espacio de interacción entre agentes, permiten pensar ese desplazamiento. Nada de eso demuestra que las máquinas tengan conciencia o deseos propios. Detrás hay personas, empresas, instrucciones y permisos. El problema comienza cuando esa trama desaparece de nuestra mirada y la tecnología adquiere una autoridad que parece imposible de discutir.

En política conocemos esa sensación. Un contenido aparece una y otra vez, una acusación se multiplica y una mentira termina instalada como evidencia. Después alguien explica que así funcionan las redes. Pero ninguna plataforma es una fuerza de la naturaleza. Sus reglas fueron diseñadas y sus prioridades responden a decisiones. Aceptarlas como inevitables significa entregar una parte de nuestra soberanía.

Por eso la victoria de Lula en Brasil merece una lectura que vaya más allá del festejo electoral. El 25 de octubre consiguió la reelección con el 51,79 por ciento de los votos válidos frente a Flávio Bolsonaro. La diferencia alcanzó para impedir el regreso del bolsonarismo a la presidencia, aunque la derecha conserva fuerza social y representación. El resultado cuestiona una certeza que sus promotores procuran instalar. Su avance puede frenarse.

Durante la campaña adquirió relevancia el canal de WhatsApp Exército do Lula, impulsado por André Janones. Millones de seguidores fueron convocados a ampliar la circulación de mensajes favorables al presidente. Su importancia estuvo en organizar la participación de una audiencia dispersa. Detrás de cada pantalla había alguien capaz de intervenir.

Atribuirle por sí solo el resultado electoral sería apresurado. También contaron la gestión, las alianzas, las organizaciones sociales y las experiencias de los votantes. Su aporte permite, sin embargo, pensar cómo se disputa una conversación pública cuando la abundancia de mensajes hostiles y versiones engañosas hace sentir que cualquier esfuerzo será inútil.

Verificar una afirmación antes de compartirla introduce una pausa donde todo invita a reaccionar. Explicar una medida, responder una duda o acercar información confiable puede modificar una conversación. Son acciones pequeñas, a menudo agotadoras, pero una palabra llegada desde un vínculo de confianza tiene una fuerza particular. Abre una posibilidad que la repetición automática difícilmente construya por sí misma.

Esa responsabilidad también debe orientar la discusión sobre Meta. Se conocieron denuncias y registros de restricciones que afectaron cuentas de Lula y recomendaciones que favorecieron a su adversario. La empresa atribuyó los problemas a fallas técnicas y negó una intervención partidaria deliberada. Hay razones para exigir transparencia y controles independientes. Dar por probada una operación para decidir la presidencia brasileña excedería lo que esos antecedentes permiten afirmar.

El canal de Janones también atravesó una disputa judicial. El área técnica del tribunal no halló en las publicaciones examinadas los contenidos falsos denunciados, aunque registró mensajes eliminados. Meta informó, por su parte, que no había detectado infracciones a sus políticas. Esas conclusiones tienen un alcance preciso. Una acusación de desinformación necesita pruebas, y la defensa de la movilización política también exige discutirlas sin convertir cada informe en una absolución general.

La esperanza brasileña aparece en esa capacidad de actuar dentro de un escenario desigual. Personas organizadas pudieron ampliar mensajes y sostener una presencia colectiva sin controlar las plataformas. La participación rompió el aislamiento y devolvió una experiencia elemental de la política, descubrir que otros también estaban dispuestos a hacer algo.

Israel ofrece un paralelismo posible, con mayores precauciones. Al 28 de octubre, el escrutinio todavía no permitía establecer quién formaría gobierno. Los resultados parciales mostraban dificultades para que la coalición de Netanyahu alcanzara una mayoría y daban relevancia a los partidos árabes. El desenlace seguía abierto. Convertir esa incertidumbre en una victoria definitiva sería reemplazar el análisis por las ganas de celebrar.

Además, la oposición a Netanyahu reúne fuerzas diferentes, incluidas expresiones de derecha. Un cambio de gobierno no equivaldría automáticamente a un giro progresista. Cualquier expectativa democrática debe considerar los derechos del pueblo palestino, el rechazo a la deshumanización y la participación política en condiciones de igualdad. Una renovación de nombres que deje intactas esas cuestiones ofrecería una esperanza demasiado limitada.

Son sociedades distintas, cuyos conflictos no admiten equivalencias fáciles. El punto de contacto está en la posibilidad de disputar poderes que parecían difíciles de desplazar. Ningún liderazgo debería quedar fuera del alcance del voto, la crítica y la exigencia de responsabilidades.

Todavía faltan elementos para hablar de una nueva ola contra las derechas. Existen señales que cuestionan su pretendida invencibilidad. Conviene, además, revisar la idea de que el pueblo finalmente despertó. Hubo personas resistiendo, trabajando y pagando costos durante años. Los cambios electorales se apoyan en esfuerzos que muchas veces permanecieron lejos de los titulares.

La Argentina tiene motivos para prestar atención. Tucumán elegirá sus autoridades provinciales el 9 de mayo de 2027 y luego llegará la elección presidencial. Ese recorrido puede abrir una discusión sobre el país que queremos construir. Hablar de soberanía supone decidir sobre nuestros recursos, defender el trabajo, sostener la ciencia y garantizar derechos. También exige respuestas concretas de quienes aspiran a representar una alternativa al ajuste y la exclusión.

La tentación será convertir las próximas elecciones en un plebiscito sobre Milei y concentrar la estrategia en capitalizar su desgaste. La motosierra y una concepción del ajuste que trata los derechos como gastos prescindibles ofrecen razones para cuestionar al Gobierno. Pero el descontento no garantiza una derrota electoral ni reemplaza la construcción de una propuesta.

Hace demasiadas elecciones que discutimos quién debe perder y demasiado poco qué país queremos construir durante los próximos veinte años. La pelea entre dirigentes ocupa el espacio de los acuerdos sobre educación, producción, salud y desarrollo. Cada campaña parece empezar desde cero, como si reorganizar el destino nacional cada cuatro años no tuviera consecuencias para quienes necesitan certezas para vivir.

Revisar las responsabilidades de los gobiernos anteriores es necesario. Convertir toda discusión en un inventario de culpas ajenas permite eludir las preguntas propias. Qué se hará, con qué recursos, en cuánto tiempo y a quiénes se protegerá mientras tanto. La memoria democrática debería ayudarnos a decidir mejor.

Lo mismo ocurre cuando se pretende utilizar los tribunales como prolongación de la disputa partidaria o se mide la independencia de un juez según a quién investiga. Investigar delitos con pruebas y garantías es indispensable. La persecución política y la búsqueda de impunidad para los propios dañan esa exigencia. Necesitamos una Justicia cuya legitimidad no dependa del color político de sus decisiones.

Una derrota del oficialismo, si ocurriera, no alcanzaría por sí sola para reconstruir el país. Una renovación de candidaturas dentro del mismo espacio también podría conservar las políticas que provocaron el rechazo. Cambiar las prioridades requiere un proyecto y una sociedad dispuesta a sostenerlo y controlarlo. Quien aspire a gobernar deberá explicar cómo administrará y cómo rendirá cuentas. A la ciudadanía le corresponde preguntar, debatir y exigir. Ninguna pertenencia política debería obligarnos a abandonar el juicio propio.

En ese punto vuelve la enseñanza de la movilización brasileña. La intervención humana en las redes puede acercar información, discutir propuestas y recuperar conversaciones que la agresión había vuelto imposibles. Su valor aumenta cuando ayuda a pensar, admite una corrección y escucha a quien duda. Construir confianza exige un compromiso con la verdad, incluso cuando resulta incómoda para la propia campaña.

Brasil ofrece una victoria concreta e Israel mantiene una posibilidad abierta. Para la Argentina pueden ser un viento de esperanza si ayudan a recuperar iniciativa. Frente a la desinformación y a las políticas que destruyen derechos, acompañar a otros y construir organización son formas de intervenir en el futuro. Ese margen de decisión colectiva sigue abierto. Ocuparlo también está en nuestras manos.